Por Juan E. Ballesteros
21/3/2017
El PP podría votar a favor de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, aprobada hace dos años en el Congreso tan solo con los votos de los populares y que concitó inmediatamente el rechazo y las críticas de la oposición en bloque, sobre todo ante las sanciones que propone para aquellos que participen en manifestaciones frente al Congreso de los Diputados y el Senado o graben por medios audiovisuales a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el desempeño de su trabajo.
La postura del partido del Gobierno a favor de reformar su propia norma, recurrida ante el Tribunal Constitucional, tiene como objetivo mantener la mayor parte del cuerpo legislativo, cambiando los artículos más polémicos, evitando de esta manera una nueva derrota parlamentaria que sería la segunda consecutiva después del rechazo la semana pasada del decreto de la estiba.
La minoría parlamentaria de Rajoy le obliga a hacer equilibrios en las votaciones para impedir que la oposición vaya tumbando uno a uno los proyectos legislativos que impulsa el Gobierno. Con la derogación del decreto de la estiba, se visualizó una derrota histórica, pues el Ejecutivo no veía rechazado un decreto ley desde el año 1979. Este frágil equilibrio en las Cámaras amenaza el debate presupuestario y alienta los rumores sobre un posible adelanto electoral, al que se podría ver abocado el presidente del Gobierno si no consigue sacar adelante las cuentas del Estado.
Probablemente la Ley Mordaza sea la norma más protestada de la democracia. En el debate que hoy se inicia, los socialistas defenderán su derogación, pero Ciudadanos y PNV se muestran partidarios de una reforma que finalmente podría respaldar el PP. El PSOE finalmente podría aceptar su reforma amplia para no coincidir con Podemos, que exigirá la derogación.
La Ley de Seguridad Ciudadana entró en vigor el 1 de julio de 2015 y, tras numerosas revisiones, finalmente concedía al Gobierno el poder de poner multas que antes sólo podía sancionar un juez. Fotografiar a un policía, tuitear sobre una protesta, hacer botellón o consumir drogas en la calle o perder tres veces el DNI en el transcurso de un año llevaban aparejadas fuertes sanciones que concitaron el rechazo de la oposición en pleno y la protesta de los ciudadanos.
Una vez que el Congreso admita a trámite las proposiciones de Ley defendidas por PSOE y PNV, la norma se debatirá en comisión y posteriormente en el Senado, un trámite que se podría prolongar hasta finales de año.
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