POR CAMBIO16
07/08/2017
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Este fin de semana, un movimiento de una veintena de hombres uniformados, varios de ellos civiles, asaltó un importante cuartel militar de blindados del Ejército de Venezuela, y aunque fueron sofocados luego de haber entrado a la base, la idea del “golpe de Estado” comienza nuevamente a alimentar el imaginario colectivo en el seno de la opinión pública del país caribeño.
La tesis de una posible reacción armada a la crisis en Venezuela no es nueva ni tampoco casual. Con un gobierno que ha dado mayores pasos en el quebrantamiento del orden constitucional, una crisis económica que en la semana ha mostrado lo afilada de sus garras, una Constituyente que amenaza con socavar la ya menoscabada institucionalidad, un Parlamento opositor políticamente reprimido, una fiscal general beligerante pero destituida y unas protestas callejeras atomizadas, el sector que cree en la necesidad de un cambio de Gobierno vuelve a depositar sus esperanzas en un alzamiento militar, cosa que no deja de ser posible, pero a la vez muy peligrosa por lo que representa, para cualquier sociedad republicana y democrática, una toma de poder a la fuerza por las armas.
Desde el gobierno de Hugo Chávez -quien, precisamente, se hizo conocer en la esfera pública por un golpe de Estado-, la Fuerza Armada tiene una connotación superior, los militares han permeado en casi todos los niveles de la sociedad y el Estado, dirigen buena parte de las carteras del Gabinete, las fronteras, la seguridad ciudadana, la alimentación, banca pública, gobernaciones, alcaldías, aduanas, puertos y aeropuertos.
Para el Ejecutivo es también fundamental pavonear el respaldo militar como un gesto de aprobación al Gobierno, pues el respaldo de las tropas indica una capacidad de maniobra y gobernabilidad a veces superior al que da el respaldo popular en las urnas.
Maduro, a su vez, le ha otorgado amplias facultades, no sólo en asuntos militares, sino en ministerios clave del gobierno -los funcionarios activos o retirados ocupan 12 de 32 puestos ministeriales- y en sectores económicos vitales, incluido el petróleo.
A pesar de su promesa de apoyo «absoluto» a Maduro, el ejército venezolano ha estado bajo una fuerte presión, culpado por la oposición por violentar las protestas y instado por su dirigencia a dejar de respaldar al Gobierno. Incluso, en la reciente consulta ciudadana realizada por la oposición, una de las cuestiones sometidas al voto fue la necesidad de pedir a la Fuerza Armada que se apartara del Gobierno, y se pusiera del lado del Parlamento, una forma de relación que conduce, de una u otra manera, a una vía de insurrección.
La Fuerza Armada, desde adentro
La actual Fuerza Armada Nacional venezolana (FANB) cuenta con unos 365.000 efectivos (ejército, armada, fuerza aérea, guardia nacional y reserva), sólo 1.000 efectivos menos que Brasil, según la Red Latinoamericana de Seguridad y Defensa, un centro de políticas y análisis. Un dato no menos destacable, pues Venezuela tiene 30 millones de personas; Brasil tiene 210 millones.
En 2006, Estados Unidos prohibió la venta o transferencia de armas o tecnología militar a Venezuela, luego que Hugo Chávez había aliado estrechamente al país con Rusia y China, alianzas que aún permanecen con mucha fuerza, sobretodo a nivel económico, donde el país caribeño tiene una relación casi de dependencia.
Rusia ha suministrado a Venezuela rifles, lanzadores de cohetes antitanques, tanques y otros vehículos de combate, artillería, sistemas de defensa antiaérea y aviones de combate, helicópteros y misiles, según la ONG venezolana Control Ciudadano, que monitorea la actividad militar.
China por su parte ha proporcionado equipo de comunicaciones, uniformes, radares, vehículos blindados, aviones y helicópteros.
Su poder político
De los 32 puestos del actual gabinete en el gobierno de Maduro, 12 están ocupados por militares, 10 de ellos en estado activo y dos retirados.
El ejército es comandado por el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, y por el general Remigio Ceballos, comandante de la estrategia operacional. Padrino es una especie de «superministro», a quien otros miembros del gabinete deben informar, dijo Maduro el año pasado.
Entre los puestos clave del gabinete en manos militares están los ministerios de Interior, Energía, Agricultura y Alimentación, ésta última sumamente cuestionada dada la grave crisis alimentaria del país, de la que la oposición señala a su responsable, Rodolfo Marco Torres, coronel retirado, como uno de los principales actores culpables.
Los líderes de la oposición han criticado duramente lo que ellos llaman la «politización» de los militares bajo Maduro y su predecesor. «El peor error cometido por Chávez fue sacar a los militares de los cuarteles» ya las calles, dijo Henry Ramos Allup, ex presidente de la Asamblea Nacional. «¿Quién va a devolverlos?».
No obstante, líderes como Leopoldo López, Maria Corina Machado y el presidente del Parlamento, Julio Borges, han hecho reiterados llamados a un cambio de rumbo de la Fuerza Armada, contrario al gobierno. No hace mucho, Borges sugería desde la Cámara que cualquier uniformado que decidiera revelarse al Gobierno para defender a los ciudadanos, «sería perdonado por la historia».
Su poder económico
Un canal de televisión, un banco, una planta de autoensamblaje y un grupo de construcción forman parte de algunos de los muchos negocios controlados por los militares venezolanos, uniéndose a la Compañía Militar de Minería, Gas y Petróleo conocida como Camimpeg.
Este último desempeña funciones similares a Petróleos de Venezuela, o PDVSA. La compañía estatal de petróleo repara y mantiene pozos de petróleo, y vende y distribuye los productos de las industrias de petróleo, gas, minería y petroquímica.
Camimpeg está en el corazón del «motor militar-industrial», una idea de Maduro para enfrentar lo que él ve como la «guerra económica» emprendida por la oposición, pero que le ha servido de vehículo para tratar de mantener de su lado a los mandos militares.
¿Pasa algo dentro de la Fuerza Armada?
Aunque gran parte del golpe se alimente del imaginario colectivo, no quiere decir que no esté ocurriendo nada dentro de la Fuerza Armada, que durante las últimas semanas ha detenido a varios oficiales por estar incursos en presuntos planes de insurrección, dos de ellos oficiales generales.
Dos exjefes de inteligencia y contrainteligencia se han vuelto cada vez más críticos al Gobierno, y en los últimos tres meses se reestructuraron todos los mandos militares, empezando por el propio general Vladimir Padrino, dejado al frente del Ministerio de Defensa, pero separado del mando estratégico.
Además se removieron los comandantes de la Guardia Nacional, Ejército, Aviación, la Armada, y las Milicias Bolivarianas, en sus puestos se han nombrado a generales con lealtades probadas en los últimos años.
Analistas del tema militar subrayan el hecho de que varios de los oficiales generales que se han distanciado del Gobierno de Maduro formen parte del grupo conocido como el 4F, que acompañó a Chávez en la fallida asonada del 4 de febrero de 1992.
No obstante uno de ellos, el mayor general Miguel Rodríguez Torres, exministro de interior y exjefe de Inteligencia, explicaba en un auditorio lleno de opositores que “cualquier ‘camino verde’ -en franca referencia a un movimiento militar- que se quiera imponer para salir de la crisis conduce a errores históricos”.
https://twitter.com/RodriguezT4F/status/894294037955579912
¿Amanecerá de golpe?
Así las cosas actualmente en Venezuela, las capacidad de los militares -y su lealtad bajo coacción- son preocupaciones medulares, que ahora toman mayor fuerza en un momento en que el Gobierno ha afirmado que una fuerza «paramilitar» liderada por un desertor y respaldada por «gobiernos extranjeros» ha atacado una base militar en lo que podría verse como un intento de golpe incipiente.
No son pocos los analistas políticos que sentencian que la pérdida del respaldo militar significaría, casi automáticamente, el final de Maduro. Y con ellos, y tras lo sucedido este domingo, crecen los susurros en un país que teme que un día amanezca de golpe.
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