Por Cambio16
Proliferan las compañías que a través de internet ponen en contacto a distintos usuarios para compartir vehículos o alquilar casas y apartamentos por días. A medida que crece su uso aumenta también el número de detractores que consideran que estas herramientas virtuales suponen una competencia desleal.
En la noche récord de Airbnb, el pasado 8 de agosto, un millón de personas utilizaron esta plataforma para alojarse en 150 países de todo el mundo. En España, 2,5 millones de usuarios están registrados en BlaBlaCar, la web para compartir viaje. Para pasar las vacaciones en casa de otro, compartir coche o vender aquello que ya no se utiliza ya no hay que recurrir al boca a boca. La comunidad aumenta y es posible llegar a miles de personas desde el ordenador de casa o, incluso, desde el móvil. Mientras que el uso de estas herramientas es cada vez mayor, la normativa no avanza al mismo ritmo y se alzan las voces de los detractores de éstas, sobre todo dentro de las empresas tradicionales, que aseguran que bajo el concepto de economía colaborativa en realidad existe un ánimo de lucro y se desarrolla una competencia desleal.
Lo que parece innegable es que este tipo de intercambios han dejado de ser minoritarios para convertirse en una tendencia que representa millones alrededor del mundo. En 2013, la revista Forbes cifraba en 3.500 millones de dólares lo que movía esta industria a nivel mundial, una cifra que ya representaba un 25% de incremento frente a los datos del año anterior. Un estudio de la consultora PwC estima que los ingresos globales relativos a actividades de la economía colaborativa alcanzan en la actualidad alrededor de 15.000 millones de dólares, y que para 2025 éstos podrán llegar a los 335.000 millones de dólares.
Paralelo a este aumento en las cifras de consumo ha sido el crecimiento de algunas de las plataformas predominantes en este sector. La entrada de grandes inversores ha hecho que las valoraciones de algunas se disparen. Así, si en 2014 el fondo de inversión TPG cifraba a Airbnb en 10.000 millones de dólares, este año se sitúa en el tercer puesto de las grandes startups, con una valoración de 25.500 millones de dólares, según recoge la lista de la firma de investigación de inversiones CB Insights. Su tasación supera ya a empresas tradicionales como las cadenas hoteleras Hyatt o Marriott, sin que tenga a su nombre ni una sola habitación. No es la única. Uber lidera esta clasificación con 51.000 millones de dólares en una lista en la que también aparecen nombres como BlaBlaCar.
Pero no todo es la Arcadia feliz. La llegada de estas empresas no ha estado exenta de polémica. Las acusaciones de competencia desleal, las suspicacias sobre cómo gestionan el pago de impuestos o las recriminaciones por destruir miles de puestos de trabajo están a la orden del día. En España, la polémica ha venido como consecuencia de las denuncias de los taxistas contra Uber y de los problemas de convivencia vecinal en algunos barrios de Barcelona por el aumento de pisos turísticos.
La entrada de grandes plataformas que ponen en contacto a particulares con propietarios de viviendas como Airbnb, Homeaway o Niumba ha cambiado las reglas del juego. El lobby turístico Exceltur –bajo el cual se engloban grandes cadenas hoteleras– presentó en junio un informe para tratar de evaluar cuál es el impacto de estos nuevos alojamientos. Entre las conclusiones se recoge que desde 2010, último año antes de la penetración de las principales plataformas online especializadas en el alquiler turístico, el uso de la vivienda alquilada por parte de los turistas extranjeros se ha elevado un 59,7%.
Las críticas vertidas desde la asociación turística apuntan a una «hotelización» de las viviendas, en palabras de José Luis Zoreda, presidente de Exceltur. «Pedimos una regulación estricta, rigurosa y proporcional», dice rotundo Zoreda. «Lo que se está comercializando son pisos en el mejor de los casos en una situación alegal», apunta, y añade que estos alojamientos son una “competencia desleal, compiten por precio y dificultan la convivencia». En resumen, Zoreda señala que es necesaria una regulación general básica en el ámbito fiscal, de derecho del consumidor y de seguridad. «Airbnb paga todos los impuestos a los que está obligada como empresa», se defienden desde la plataforma. «Los anfitriones también tienen que pagar sus impuestos. Esto es una operación que hacen los particulares. Son ellos quienes deben declararlo», añaden respecto a la crítica sobre la fiscalidad. Sobre el cumplimiento de las normativas de cada comunidad –la de pisos turísticos está recogida en las leyes turísticas que dependen de los gobiernos regionales–, desde la plataforma echan balones fuera y aducen que ellos informan a quienes van a poner un anuncio de que deben respetar la norma local.
La cara más visible del problema con los alojamientos turísticos se ha dado en Barcelona, donde la proliferación de éstos en algunos barrios como la Barceloneta o Ciutat Vella ha roto la convivencia vecinal con el resultado de fuertes protestas en el verano de 2014. Estas manifestaciones derivaron en una moratoria impuesta por el consistorio que impedía que se concedieran nuevas licencias de pisos turísticos en la ciudad, una medida que el nuevo ayuntamiento de Ada Colau ha ampliado a todos los alojamientos turísticos, incluidos los hoteles. Preguntados por cómo ven esta moratoria, desde el Gremi de Hoteles de Barcelona señalan que su «prioridad» es la de trabajar para mejorar la imagen y fomentar la convivencia del sector turístico hacia los ciudadanos de Barcelona. «Pedimos que la aplicación de esta moratoria sirva, también y sobre todo, para hacer frente de manera firme a los establecimientos de alojamiento turístico ilegal, protagonistas principales de las afectaciones que sufren los vecinos”, añaden.
La legislación catalana es una de las que antes ha regulado el alojamiento turístico, aunque todavía no recoge la posibilidad del homesharing, el término utilizado para referirse al alquiler de una habitación o de la vivienda durante un periodo reducido del año. La Generalitat está trabajando en un decreto que regule este concepto, y que actualmente se encuentra en fase de exposición pública. «Es muy importante distinguir entre los profesionales y los particulares. Entendemos que quien hace una actividad de manera esporádica y no profesional no puede estar sometido a las mismas exigencias que quien se dedica profesionalmente. Esto en otros países se ha entendido muy bien y la normativa distingue claramente entre unos u otros», señalan desde Airbnb.
La llegada de Uber
Más allá del alojamiento, el transporte también ha sido campo de conflicto. La compañía estadounidense Uber –que pone en contacto a conductores con viajeros para realizar un trayecto por una ciudad con un precio fijo– ha llegado a 60 países, pero lo ha hecho acompañada de una gran polémica en muchos casos. Mientras que en San Francisco, su ciudad natal, presta seis tipos de servicios diferentes en función de la gama de los conductores y se ha convertido en una alternativa real a los taxis, en Europa se encuentra en el ojo del huracán.
Pero, ¿forma parte de la economía colaborativa? «Uber basa su actividad en los servicios de peer to peer, es decir, de beneficio mutuo entre individuos a través de una plataforma tecnológica que les permite ponerse en contacto. La definición de un concepto nuevo, como el de economía colaborativa, está aún por completarse. Nosotros lo que creemos es que compartir recursos ociosos –generando unos ingresos extra– se puede enmarcar perfectamente en el ámbito de la economía colaborativa al tratarse de un intercambio entre personas independientes realizado a través de la tecnología, tal y como define el Oxford Dictionary en Reino Unido», señalan desde la empresa.
En España actualmente sólo funciona su servicio UberEat en Barcelona, que está enfocado al reparto de comida a domicilio. «El servicio de movilidad con el que empezamos a operar en España, UberPop, se encuentra temporalmente suspendido por una orden del Juzgado número 2 de lo Mercantil de Madrid, que dictaminó medidas cautelarísimas sobre el servicio a nivel nacional tras una demanda que presentó la Asociación Madrileña del Taxi contra Uber por competencia desleal en 2014», explican.
El 30 de marzo de 2016 Uber volvió a España con uberX, la alternativa de movilidad de Uber operada por conductores profesionales. Un año después, Madrid ha sido la ciudad de Europa continental que más viajes de uberX ha completado en su primer año- un 17% más que París y un 160% más que Lisboa – con un crecimiento mensual cercano al 20%. Según datos de la primera encuesta sobre movilidad en Madrid realizada por la compañía el pasado verano, Uber ya complementa el servicio público. Un 45,2% de los usuarios de la plataforma en Madrid afirma usar Uber como alternativa habitual para complementar sus trayectos con transporte público y un 18,1% usa estos servicios para trasladarse y conectar con las estaciones de tren, metro o autobús en un mismo trayecto.
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