Por Iñigo Aduriz
04/07/2016
Nunca antes un Gobierno había estado durante tanto tiempo en funciones. Esta semana se cumplirán los seis meses y medio desde la celebración de las elecciones generales del 20 de diciembre y desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy entró en la interinidad que ha provocado prácticamente una parálisis económica y política para la que aún no se le vislumbra una fecha de caducidad.
La celebración de los nuevos comicios del 26J no ha aportado la claridad esperada al escenario político ya que a pesar de la contundente victoria del PP la formación de Gobierno sigue dependiendo de la negociación de más de dos fuerzas políticas.
Si las conversaciones que acaba de poner en marcha Rajoy con el resto de partidos políticos dan sus frutos en el corto plazo, algo que de momento no parece que vaya a ser así viendo los vetos y las condiciones –las llamadas líneas rojas– de unos y otros, no habría un nuevo Ejecutivo hasta al menos la última semana de julio. Se cumplirían así los siete meses sin que se pueda hacer frente a algunos de los grandes retos que ya tenía el país a finales del año pasado y que se han visto agudizados en lo que va de éste.
Inversiones y consumo
Las inversiones en empresas e intereses españoles están en cuestión ante la interinidad del Ejecutivo, ya que éstas suelen realizarse con la vista puesta al medio o largo plazo (unos tres o cuatro años) y pueden depender de las regulaciones o las políticas en materia económica que ponga en marcha el Gobierno en cuestión. Como la capacidad legislativa está paralizada al menos hasta la conformación de mayorías en el Congreso de los Diputados, los inversores también se encuentran a la espera de que el escenario se aclare.
Comercios y empresarios vienen denunciando, además, que la falta de Ejecutivo está repercutiendo en sus ventas ya que ha descendido el índice de confianza del consumidor. Sólo en enero bajó en más de 8 puntos situándose en niveles de 2014.
Cataluña y la Constitución
Se ha perdido, también, más de medio año para hacer frente al desafío soberanista catalán y a la redefinición del Estado de las autonomías que exige el conflicto territorial abierto tanto allí como en el País Vasco. El diálogo institucional entre Madrid y Barcelona está prácticamente congelado y las soluciones de las que se habla no van más allá de las trifulcas internas de los partidos, como en el caso del PSC y el PSOE o el de Podemos y En Comú Pódem.
Tampoco la reforma de la Constitución que defienden todas las formaciones excepto el PP ha podido avanzar en los últimos meses, ni para la redefinición del Estado –la izquierda insiste en que quiere realizarla en clave federal– pero ni siquiera para la introducción de otros cambios que gozan de un mayor consenso, como la inclusión de referencias a la Unión Europea o la modificación de la preferencia del varón en la sucesión a la Corona.
La propia Casa Real, que ejerce la representación del país en numerosas citas internacionales, ha suspendido varias de ellas también por la falta de Ejecutivo. Sucedió así a principios de año con el caso de Japón, Arabia Saudí o Corea del Sur. Eran viajes que el Rey tenía previsto realizar pero que no pudo hacer dado su papel como responsable de encargar la formación del Ejecutivo al candidato que pudiera lograr un mayor consenso.
Depende del diálogo
La paralización en la formación del Gobierno también afecta a la renovación de los órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, así como los cambios que deberían ponerse en marcha, también, en los nombramientos de los máximos responsables del Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado o la dirección de RTVE.
La solución a todas esas cuestiones estará marcada por las negociaciones que se pongan en marcha en las próximas semanas y por la capacidad de ceder de unos y otros. De los dirigentes políticos y de su flexibilidad y voluntad política dependerá la posibilidad de que el país recupere el desarrollo normativo habitual en los meses que vienen o que conviertan este 2016 en el año de la parálisis y de la ineficiencia legislativa y representativa.