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¿Cuánto nos cuesta la corrupción?

Por José Juan Verón

Captura de pantalla 2016-06-16 a las 10.18.09a corrupción tiene un impacto negativo en la economía española cercano a los 170.000 millones de euros, casi un 15% del PIB, según los informes de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y grupos de investigación en ciencias sociales. En la actualidad hay abiertos unos 1.700 casos de corrupción según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que abarcan desde investigaciones hasta juicios que están cerca de la sentencia.

En 2014 la Comisión Europea publicó el Informe de lucha contra la corrupción en la UE que indicaba que los fondos públicos que de un modo u otro han acabado en manos de políticos, partidos y afines le costaban a Europa hasta entonces 120.000 millones de euros anuales, de los que 10.000 corresponderían España.

Además, un informe de la mencionada CNMC calcula que el sobrecoste en la contratación pública por prácticas corruptas es de 48.000 millones de euros anuales, lo que equivale al 25% de los contratos públicos en España que ascienden a 194.000 millones al año.

Carles Ramió, catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Pompeu i Fabra, lo explica a través de un caso que se investiga en la Comunidad Valenciana: “Por una adjudicación se pagaron 33 millones de euros. Y de ellos, 8,25 fueron sobrecostes: los políticos que lo hicieron posible se llevaron 250.000 euros y un millón más fue para su partido, con lo que los otros siete millones se los quedó la empresa”.

En 2013, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculó que por la llamada corrupción social que contempla la evasión fiscal de ciudadanos o empresas o, por ejemplo, los trabajos sin contrato, se eludió el ingreso de 79.000 millones de euros en las arcas públicas. Más de 18.000 correspondían al IVA. Y es que en el caso de este impuesto España es el país europeo que menos recauda: 9,7 euros por cada 100 de gasto, mientras que la media es de 12,3. Y eso que nuestro país tiene sus tipos en la media europea desde las últimas subidas de 2010 y 2012.

Raúl Burillo, inspector de hacienda que fue delegado de la Agencia Tributaria en Baleares y Cataluña, considera que el fraude fiscal, sin ser propiamente corrupción política, es parte fundamental en la investigación. Según distintos cálculos, a las administraciones les resta unos 127.000 millones de euros anuales.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha determinado, asimismo, que los costes indirectos de la corrupción suman otros 39.000 millones de euros anuales. Jorge Araña, profesor de este centro y miembro del grupo, señala que estos “van más allá del coste directo o de mercado”. Este grupo también trató de medir en términos económicos cómo afecta la percepción de la corrupción en cada territorio. Utilizó, para ello, una técnica novedosa en ciencias sociales denominada anchoring vignettes, que consiste en la elaboración de encuestas en cuyos resultados se tienen en cuenta los diferentes aspectos culturales de los colectivos o países en los que se realizan.

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La Rioja es la comunidad autónoma en la que la corrupción tiene un efecto menor sobre sus habitantes en España, con un coste de 65,05 euros al mes por ciudadano. Canarias sería, en cambio, el lugar donde es mayor, con 79,07. La mayoría de los casos se detectan en el nivel local o autonómico. En la administración general del Estado se han dado menos –uno reciente ha sido el de la sociedad Acuamed–, ya que los sistemas de control son más eficaces.

Burillo, que como delegado de la Agencia Tributaria en Baleares participó en numerosas investigaciones, considera que aún hay mucho por descubrir: “El epicentro no es Bárcenas, eso es la calderilla, la caja C. La gran corrupción es la de las grandes corporaciones. Esa es la caja B de verdad”.

Contra lo que se pudiera pensar Julio Tejedor asegura que “España no es un país corrupto, sino uno en el que ha habido corruptos y donde se está reaccionando de forma correcta, aunque mejorable”. El grado de corrupción de un país viene marcado por distintos instrumentos internacionales. Y ninguno identifica a nuestro país como uno que tenga un sistema corrupto, a pesar de que la organización Transparencia Internacional indique que de entre 175 países analizados en 2015, el nuestro ocupa el puesto 38. Es cierto que está por detrás de los países vecinos, pero también de naciones como Botsuana o Bután, lo que indica que estos resultados deben observarse con cautela.

Según la Comisión Europea, en España el 2% de la población dice haber pagado un soborno. Se trata de un porcentaje tan bajo que se podría considerar insignificante ya que es inferior a la media europea (4%). Además, los estudios indican que la corrupción no afecta a los trabajadores públicos. Pero Ramió y Burillo se muestran preocupados por la corrupción social (evitar el pago de impuestos, falsear documentos, etc.). Porque sólo así se entiende que los partidos corruptos hayan ido ganando las elecciones.

El peso social

Es preciso, por tanto, un cambio cultural. Ramió lo ve posible si se marca como objetivo de país. Pone como ejemplo el consumo del alcohol y la conducción: “Hace 20 años era normal tomar copas y coger el coche; no se veía mal, no se controlaba e incluso se hacía la vista gorda. Pero este país endureció la normativa y puso a la Policía a trabajar. Fue cambiando la cultura y hoy vemos mal que alguien conduzca después de beber e incluso lo tratamos de impedir”. Habría que conseguir que se viera mal que alguien no pagara impuestos.

Permisividad social, sistema relajado y prácticas relacionadas con el urbanismo y la contratación pública que favorecían la codicia son la tormenta perfecta para que en España haya favorecido el crecimiento de la corrupción en distintas esferas. Para Carles Ramió han fallado muchos estamentos y señala, en particular, la falta de vigilancia y denuncia por parte de los sindicatos, presentes en todas las administraciones y empresas. Considera que deberían haber sido más beligerantes contra la corrupción. Por otro lado, España es uno de los países con menos controladores o inspectores, lo que debilita al Estado para perseguir delitos fiscales y económicos.

Lo mismo sucede con jueces y fiscales. Ángel Dolado, magistrado decano de Zaragoza, considera que en el terreno judicial serían precisos pocos cambios para ganar agilidad procesal. Y remarca la necesidad de dotar al sistema de más medios. Propone, además, acabar con los aforamientos y regular la figura del indulto para dejar fuera a los condenados por corrupción. Raúl Burillo afirma que sólo se investiga la corrupción cuando hay denuncias, lo que sucede en pocas ocasiones, casi siempre cuando existen desacuerdos en los repartos. Considera que el sistema está diseñado para detectar errores contables, pero es complejo pasar de aquí a una investigación, lo que ha degenerado en sensación de impunidad en la sociedad.

Aquí los expertos abogan por distintas fórmulas. Por ejemplo, Tejedor o Dolado, entre otros, creen que existen suficientes estructuras que se deberían reforzar. Burillo y Ramió coinciden en la idea de crear una agencia anticorrupción con total autonomía y suficientes medios. Aunque podría resultar costoso, Ramió indica que siempre saldría barato: “Si cuesta 1.000 millones de euros, pero evita que se pierda la mitad de esos 48.000 millones, tendremos mucho más dinero para mantener las políticas públicas”.

Diagnosticada la enfermedad, se puede curar. Pero los especialistas consideran que no se está acertando con las medidas y lamentan que el Tribunal de Cuentas del Estado, cuyos miembros han sido cuestionados por supuestos casos de nepotismo, haya empezado por esta razón con mal pie.c16

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