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Los problemas de pedir un préstamo para estudiar en la universidad

Por Benito Guerrero
10/03/2016

En 2007 el Gobierno de España, presidido entonces por José Luís Rodríguez Zapatero, lanzó una línea de financiación para facilitar el acceso a estudios de postgrado oficiales para alumnos que no contasen con una disponibilidad económica suficiente. Hablamos del llamado “Préstamo Renta Universidad”. El dinero llegaba a los estudiantes a través de diversas entidades bancarias procedente de una dotación del Ministerio de Educación dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Éstos tenían que devolverlo al conseguir un empleo tras finalizar su formación.

Entre sus ventajas principales se encontraban un interés al 0% y la posibilidad de prorrogar su amortización en caso de nos superarse una renta anual de 22.000 euros. Pero las ventajas no acababan aquí, si pasan 15 años y la renta anual de los estudiantes -ya trabajadores- no superaba esta cantidad, prescribiría la deuda.

Con posterioridad las condiciones fueron endureciéndose, llegando a eliminar el umbral de los 22.000 euros anuales de renta. Es decir, que todos estos estudiantes debían devolver el préstamos incluso si no habían encontrado trabajo y no tenían ingresos suficientes. En la actualidad, estos universitarios -concretamente 12.160- deben 114 millones del total de créditos que se concedieron.

Esta situación, provocó la creación de la Plataforma de Afectados por los Préstamo Renta Universidad. Su principal objetivo es que se modifiquen las condiciones del estos préstamos, para conseguir más facilidades de devolución. Además, han puesto en marcha una campaña a través de change.org para conseguir las firmas necesarias y presentar su propuesta al Gobierno. Hasta el 10 de marzo han logrado 18.412 firmas, pero aún faltan 71.588 para alcanzar las 150.000 que se han fijado como objetivo.

Cambio16 ha hablado con algunos de sus casi 1.000 integrantes y esto es lo que nos han contado.

¿Cómo está la situación en estos momentos?

Seguimos sin una solución satisfactoria por parte del Gobierno, que hasta la fecha sigue sin llevar a cabo la modificación en las condiciones de devolución -de introducir el umbral de renta de 22.000 euros brutos anuales- que sí contempla la convocatoria de 2007/2008. Por lo tanto, estamos peor que antes ya que, cada año que pasa, se agota el plazo de carencia para muchos afectados que se van sumando a los que continúan sin poder hacer frente a los pagos. Nos sentimos totalmente abandonados por la Administración.

Esta Plataforma logró en 2013 que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ampliase el plazo para que los prestatarios de la convocatoria 2009/2010, que no lo hubieran hecho, pudieran solicitar posponer la primera anualidad de amortización al último año de ésta, así como la ampliación de los plazos de carencia y los de amortización de los préstamos suscritos a la convocatoria 2010/2011.

Consideramos que esta medida no es una solución definitiva admisible, debido a que al terminar el nuevo período de carencia, la situación será aún peor para los que no hayan podido encontrar un trabajo digno. Al aumentar la cuantía de las cuotas a las que se suman las correspondientes a los años de carencia disfrutados, durante el período de amortización, el interés aumentará considerablemente beneficiando solamente a la entidad bancaria, y en ningún caso a la persona deudora.

Lo característico de un Préstamo-Renta es que su devolución está ligada a la percepción de ingresos por parte del prestatario, de hecho, la publicidad de los préstamos decía textualmente: “La cantidad ayudará para cubrir la matrícula y tus gastos personales mientras estudias y no lo tendrás que empezar a devolver hasta que, una vez acabado el Máster, alcances ingresos suficientes para devolverlo”. Esto fue así en la primera convocatoria (2007/2008), pero ya no en las siguientes (2008/2009; 2009/2010; 2010/2011), aunque continuaron publicitándose como Préstamo-Renta.

¿A cuántos alumnos afecta en estos momentos?

En la Plataforma actualmente somos más de mil afectados, pero sin duda son muchas más las personas que se encuentran en tal situación. Entre las cuatro convocatorias que se realizaron, 15.623 universitarios accedieron a un préstamo para realizar estudios de máster o doctorado.

Por convocatorias, los jóvenes que accedieron al Préstamo-Renta son: en la de 2007/2008 fueron un total de 3.463 estudiantes. En la de 2008/2009, 4.742. En la siguiente 2009/2010, sumaban 5.183 y en la de 2010/2011: 2.235 alumnos.

Exceptuando los 3.463 de la primera convocatoria, en la que sí se recoge el umbral de renta de 22.000 euros brutos anuales como condición para empezar a devolver el préstamo, el resto de afectados tienen que empezar su amortización en cuanto agoten los años de carencia, tengan ingresos o no.

¿Qué entidades financieras son las que han participado en el programa del ICO?

La principal entidad financiera colaboradora es el Banco Santander. Además en la convocatoria de 2009-2010, también colaboraron Caja Insular de Canarias, Caja General de Canarias, Banco Caminos y Cajasol. Y en la de 2010-2011 Sa Nostra, Cajasol, Unicaja.

¿Cuál ha sido el problema real?

La convocatoria que dio inicio a esta línea fue la de 2007-2008, cuyas condiciones fueron el umbral de renta de 22.000 euros brutos anuales para empezar con la amortización del préstamo, 0% de intereses y si, transcurridos 15 años no se había podido hacer frente a la amortización, la deuda prescribía.

A partir de la convocatoria 2008-2009 y sucesivas, el comienzo de la amortización del préstamo se desligó de la renta futura, tras agotar los años de carencia -que se contemplan en cada convocatoria- hay que empezar a pagar se tengan ingresos o no; desapareció la prescripción a los 15 años, ya no prescribe; y se incluyeron intereses -como el 10% en concepto de demora-, así como comisiones por Reclamación de Posiciones Deudoras de 30 euros para cada cantidad vencida y reclamada, que van incrementando la deuda ante cada cuota impagada.

De este modo, aquellos afectados que no pueden hacer frente al pago de las mismas, por no percibir ingresos de ningún tipo o percibir unos ingresos mínimos, ven aumentada su deuda mes a mes.

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