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El presidente actual del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, cederá el poder al juez Manuel Marchena/Reuters
El presidente actual del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, cederá el poder al juez Manuel Marchena/Reuters

PSOE y PP acuerdan llevar al juez Manuel Marchena a la presidencia del Supremo

El juez Manuel Marchena será el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial, según el pacto alcanzado entre el Gobierno español que lideriza el socialista Pedro Sánchez y el principal partido de la oposición, el Partido Popular.

Como parte del acuerdo de dejar la presidencia a un conservador, candidato propuesto por el PP, los magistrados que le acompañarán deben ser de corte progresista. El PSOE podrá designar a once de los veinte magistrados a repartir. La intención del Partido Socialista es que una parte de estos jueces – previsiblemente cuatro- se negocie también con Podemos, el principal socio que tiene en estos momentos el Ejecutivo en minoría de Sánchez.

Ciudadanos no quiso participar en el acuerdo, porque considera que las postulaciones de los vocales judiciales deben venir de los propios jueces y no por las Cámaras.

El juez Manuel Marchena presidía la Sala de lo Penal del TS y venía hasta ahora siendo el juez designado para dirigir el juicio contra los políticos que lideraron la consulta independentista en Cataluña. Aunque la recusación no fue admitida es uno de los magistrados recusados por las defensas de los líderes soberaranistas.

La causa del 1-O

Al ser elegido como nuevo presidente del CGPJ no podrá juzgar la causa del 1-O, reseñó Reuters. No obstante, el juez Manuel Marchena será también el presidente del Tribunal Supremo, por lo que seguirá ligado a la causa del procés. Se desconoce quién será el otro juez encargado de dirigir directamente el juicio que no comenzará antes de enero y que puede dar otro tono al proceso contra los independentistas. Sin embargo, fuentes del alto tribunal citadas por Lavanguardia.com, sostienen que será el magistrado más antiguo de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien asumirá la presidencia del juicio.

Congreso y Senado tienen hasta este lunes como límite para proponer a sus candidatos a magistrados. Una vez elegidos los 20 vocales, son estos los que nombran al Presidente así que deben respetar el pacto de nombrar a Marchena.

De hecho, la vicepresidenta Carmen Calvo sostuvo que ya trabajan en cambios en la normativa del CGPJ para que no haya comisión permanente y que los 20 vocales y el presidente trabajen de forma exclusiva y a tiempo completo.

El Supremo y los AJD

El Tribunal Supremo se vio la semana pasada envuelto en un escándalo, al echar para atrás una decisión que dos semanas antes había tomado sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

El 18 de octubre, el TS emitió un fallo a través del cual era la banca, no los clientes, los que debían asumir el pago del impuesto de los AJD. Interpretó que es el banco el único interesado en que se eleve escritura pública de la hipoteca ya que solo “mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca”.

El ponente fue el magistrado Jesús Cudero y con ello la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda) modificó la jurisprudencia anterior.

Esa sentencia generó una inmediata protesta de las principales asociaciones bancarias (AEB, CECA y UNACC), que a través de un comunicado reclamaron “a los poderes públicos mayor seguridad jurídica y unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario“.

PSOE y PP llegan a un acuerdo institucional

Menos de 24 horas después, el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Luis María Díez-Picazo, acordó que debido a su “enorme repercusión económica y social”, se dejará sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes de revisión. Asimismo, se solicitó “avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

El martes 6 de noviembre, el Supremo tomó una decisión diametralmente distinta. Es el cliente y no la banca quien debe asumir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). El fallo lo tomó el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, luego de dos días de discusiones y con una votación bastante ajustada: 15 a favor y 13 en contra.

Las  reacciones no se hicieron esperar y las redes sociales se hicieron eco de frases como “El Supremo acaba de decir que el Supremo no sabía de leyes hace una semana”, “La justicia vuelve a posicionarse del lado de los poderosos” y preguntarse ¿Quién defiende entonces a los hipotecados?.

Acuerdo institucional

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció que en consejo de ministros aprobarían un Real Decreto, con el fin de que sean los bancos y no los ciudadanos los que paguen ese impuesto. El jueves 8 se aprobó el Real Decreto Ley. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, hizo el anuncio al tiempo de afirmar que con esa decisión se podrá modificar el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en vigor desde el año 1993.

Hoy lunes la vicepresidenta Carmen Calvo calificó como “días complicados” los que se han vivido con el Supremo, luego de sus decisiones por el impuesto de AJD.

El acuerdo entre el PSOE y el PP para la designación del juez Manuel Marchena como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo fue calificado como “institucional” desde Moncloa.

Para más información visite Cambio16

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