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El Arco Minero del Orinoco no es solo una amenaza para el Estado de derecho en Venezuela. También es un riesgo latente que atenta contra la estabilidad de toda la región. Imagen: REUTERS

Minería ilegal, minería mortal: el Arco Minero del Orinoco en Venezuela

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La minería ilegal en Venezuela corroe los fundamentos de la nación. El crimen organizado está a cargo de las minas ilegales; los efectivos militares venezolanos participan en las redes de contrabando; los niños trabajan en las peores condiciones de trabajo infantil; las niñas son explotadas sexualmente. La minería ilegal está acabando con el recurso más preciado y fundamental de cualquier país, el agua.

El Arco Minero del Orinoco es un “proyecto” impulsado por el régimen de Nicolás Maduro que tomó el 12% del territorio al sur de Venezuela para la explotación de bauxita, coltán, diamantes industriales y oro.

El arco minero abarca los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, una extensión equivalente a Portugal. El 80% del agua que se consume en Venezuela proviene de los estados del arco minero. Esa agua es también la responsable de la generación de electricidad en el país.

Pero el Arco Minero del Orinoco no es solo una amenaza para el Estado de derecho en Venezuela. También es un riesgo latente que atenta contra la estabilidad de toda la región. Los tres estados que abarca la minería ilegal en Venezuela comparten una extensa línea fronteriza con Colombia, Brasil y Guyana.

Grupos irregulares a cargo

En el área -en su mayoría virgen, pues son el territorio de los más grandes parques nacionales y áreas protegidas del país- operan líderes de pandillas carcelarias, organizaciones criminales con más de 50 miembros, pandillas conectadas a la red de sindicatos (sindicatos), grupos paramilitares (colectivos) y miembros de la guerrilla colombiana.

Tanto los disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como los del ELN (Ejército de Liberación Nacional) desde hace décadas encontraron en Venezuela un refugio seguro. Sin embargo, con la implantación del Arco Minero del Orinoco han incluido la minería ilegal como una actividad para financiarse y fortalecer su poder.

¿Cómo operan? Los sindicatos y colectivos son los que controlan la mayoría de las minas ilegales. Cada mina es un mundo que requiere de alimentos y combustible, principalmente. Toda esta mercancía se mueve a través del contrabando que debe pasar por carreteras y puntos de control.

Por ejemplo, los grupos guerrilleros controlan varios corredores de transporte y administran algunas cadenas de suministro, cobrándole a los sindicatos y colectivos el uso de las vías y los equipos de minería. Entre el 50% y el 60% de los ingresos tanto de las FARC como del ELN provienen de la minería ilegal en Venezuela.

Lavado de oro

Aunque los guerrilleros y los otros grupos irregulares en la zona no son los únicos que se enriquecen con la devastación de una de las áreas más biodiversas del planeta. Las actividades dentro del Arco Minero del Orinoco son las que le dan oxígeno monetario a Nicolás Maduro.

Las sanciones han hecho mella en el régimen venezolano, sin embrago, se sigue financiado gracias a la minería ilegal. De acuerdo con Alessandra Pinna, Senior Program Manager for Latin America and Caribbean Freedom House, el oro que se extrae de las minas ilegales ni siquiera se llega a registrar en el Banco Central de Venezuela.

Primero el oro ilegal que sale de Venezuela se formaliza en el mercado global, alimentando la red de corrupción y criminalidad alrededor de la actividad. Las fuerzas de seguridad del Estado venezolano controlan el suministro de combustible y manejan los puntos de control en las rutas ilegales.

Las fuerzas de seguridad cobran a los sindicatos y los colectivos por el combustible y también cobran en efectivo y oro a los largo de los puntos de control de las rutas de transporte. Luego, las fuerzas armadas nacionales facilitan la salida del país del oro ilegal a cambio de sobornos. Solo los generales del ejército reciben el equivalente en oro de 800.000 dólares mensuales en sobornos.

Ahora los grupos irregulares armados pasan el oro ilegal venezolano, por ejemplo a Colombia, a través de barcos fluviales, aviones privados, camiones o venezolanos refugiados que utilizan como “mulas”. En Colombia, el oro se falsifica como oro colombiano para pasar al mercado global como oro legal.

Otra forma de “lavar el oro” es que llega hasta Curazao, donde lo gestionan empresas de fundición y comercialización en una isla emblemática por el libre comercio. Luego los comerciantes falsifican los papeles de aduana para ocultar el origen venezolano y exportarlo en el mercado global. ¿A dónde va el oro ilegal venezolano? A Medio Oriente, Europa, África y los Estados Unidos.

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Indios yanomami en la comunidad de Irotatheri, en el sur de Amazonas, Venezuela el 7 de septiembre de 2012. Imagen: REUTERS

Descomunales impactos

Un total de 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales están siendo impactados por la tala ilegal para establecer minas, caminos y campamentos mineros. En los cuatro años que lleva el Arco Minero del Orinoco se han destruido 2.821 kilómetros cuadrados de bosque.

Aunque en Venezuela la minería es ilegal dentro de los parques nacionales, se ha resgistrado actividad minera en el Parque Nacional Canaima (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994) y el Parque Nacional cerro Yapacana, que se creó con el objetivo de preservar un área de gran valor escénico y científico.

Otra zona impactada es la Reserva de la Biosfera Orinoco-Alto Casiquiare, el espacio de mayor biodiversidad cultural de la Amazonía venezolana, donde conviven 17 grupos étnicos diferentes, entre ellos los yanomamis.

Valga decir que el sur de Venezuela es el territorio de más de 34 comunidades indígenas que a lo largo de su existencia han estado involucradas en la preservación del ambiente. Ninguna fue consultada para establecer las actividades de minería ilegal, como manda la Constitución venezolana.

El mercurio también deja su rastro de contaminación en el medioambiente venezolano, colombiano y brasileño. Los ríos cercanos al Arco Minero del Orinoco que surten de agua potable a Colombia y Brasil tienen altos niveles de mercurio. Los peces que se exportan para el consumo en Brasil, Guyana y Trinidad y Tobago tienen mercurio.

La contaminación por mercurio es tan grave que los sedimentos de las minas se han filtrado a las vías del río Caroní, llegando hacia la planta hidroeléctrica del Guri lo que ha dañado turbinas y reducido la capacidad de la planta de generar electricidad que surte a más de la mitad del país.

¿Derechos humanos?

Cerca de 500.000 personas están involucradas en las labores de minería ilegal en Venezuela.La mayoría son miembros de las comunidades indígenas circundantes que se han visto obligados a trabajar bajo amenaza de violencia o por la imperiosa necesidad económica.

Las condiciones de trabajo son deplorables. Para los que se niegan a trabajar en las minas el castigo es la mutilación de alguno de sus miembros. Incluso se han registrado docenas de masacres en el Estado Bolívar y también fosas comunes.

Las niñas y mujeres son explotadas sexualmente en la minas. El promedio de edad de una niña explotada sexualmente es de 13 a 14 años. Están expuestas al tráfico sexual y al VIH/Sida, que ha aumentado considerablemente en la región.

Los sitios de minería ilegal en Venezuela han aumentado exponencialmente enfermedades trasmitidas por el agua y los mosquitos. A pesar de que la malaria se erradicó hace muchos años en Venezuela, para 2019 la OMS informó de más de 300.000 casos de malaria en el país.

Un 10% de la población del estado Bolívar es positivo por malaria. Mientras que en Amazonas la enfermedad causó el 21% de las muertes y el 25% en Delta Amacuro.

Las consecuencias del establecimiento del Arco Minero del Orinoco son enormes. Aún cuando el régimen de Nicolás Maduro salga mañana, un nuevo gobierno debe enfrentar la explotación de un vasto territorio sin ley.

La única ley que conocen los pobladores bajo el régimen de la minería ilegal es la de las pandillas y grupos irregulares. De manera, que Venezuela requiere de mecanismos nacionales, internacionales y multilaterales para sanear los efectos económicos, ambientales, sociales y culturales que han devastado una de las áreas más biodiversas y geológicamente más importantes del planeta.

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Venezolana radicada en Venezuela. Licenciada en Letras en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora y correctora editorial de versiones impresas y páginas web, de Cambio16 y Energía16. Redactora de la revista Cambio Financiero. Con 17 años de experiencia como investigadora y editora de contenidos para talleres de ciencia y teatro, libros de inglés, micros radiales, sitios web y redes sociales. Membresía: Asociación de Revistas ARI.

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