Artur Mas es condenado a pagar 4,9 millones de euros por consulta del 9-N

El expresident de la Generalitat de Cataluña Artur Mas es condenado a pagar 4,9 millones de euros. En esta cifra se estima el coste de la consulta ilegal sobre la independencia de Cataluña que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014.

El fallo del Tribunal de Cuentas de España divulgado este lunes también apunta a otros responsables patrimoniales por aquella primera consulta, aunque Mas figura como responsable del importe total.

En esa consulta, que se hizo tres años antes de la del 1-O que terminó con la intervención de Cataluña por parte del Gobierno central, se hacían dos preguntas: ¿Quiere que Cataluña sea un estado? Y en caso afirmativo ¿Quiere que este Estado sea independiente?.

La web de la Generalitat reseñó en esa oportunidad que el 80,76% de los votantes opinó en forma favorable, mientras un 10,07% de los votantes votó sí a un Estado, pero no a su independencia de España. El no a ambas interrogantes alcanzó el 4,54%. La participación en la consulta fue de poco más de 2,3 millones de personas.

El Tribunal de Cuentas es la institución encargada de supervisar la contabilidad de los partidos y el sector público. En un primer momento estimó en 5,2 millones de euros el coste de la consulta ilegal que “fue el germen para desencadenar el proceso independentista”, señaló Reuters.

Artur Mas y tres exconsellers condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver 4,9 millones por la consulta de 2014. Os informa @galanalba https://t.co/CpUM13KEwl pic.twitter.com/vK0bfWyJzO

— Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 12, 2018

Inconstitucional consulta alternativa

En marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Artur Mas a dos años de inhabilitación por la celebración de aquella consulta que previamente había declarado ilegal el Tribunal Constitucional.

Y es que el pleno de TC en junio de 2015 declaró como ilegal la consulta de Mas, luego de la impugnación presentada por la Abogacía del Estado.

En esa ocasión, el Tribunal Constitucional se refirió a la vulneración de competencias exclusivas del Estado, porque la convocatoria de consultas “afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional”.

Medios de comunicación reseñaron que “las actividades para esta consulta alternativa, puesta en marcha por el Gobierno autonómico tras la suspensión cautelar del decreto de convocatoria de la consulta popular fijada para la misma fecha son, afirma el Tribunal, inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciadas de incompetencia”. Refirieron que no corresponde a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan el orden constitucional.

El presidente Mariano Rajoy calificó la consulta de Mas como un acto de propaganda política, donde lo que hubo fue un “simulacro”. Dijo que no ofrecería ningún plan especial para que no crezca el independentismo en Cataluña.

“Fue un profundo fracaso del proyecto independentista. Según sus propias cuentas dos de cada tres catalanes no les han hecho caso. Donde pretendían una exhibición de fuerza nos han mostrado su debilidad”, subrayó el entonces presidente del Gobierno español.

Nuevo Poder Judicial

El fallo del Tribunal de Cuentas de España donde Artur Mas es condenado a pagar 4,9 millones de euros llega poco antes de que el Tribunal Supremo comience el juicio por rebelión a diferentes políticos independentistas por la consulta celebrada el 1 de octubre de 2017, que acabó con varios políticos en la cárcel o en el exilio.

La proximidad de este proceso judicial ha acrecentado de nuevo la tensión política, en un momento en el que el Gobierno en minoría de Pedro Sánchez necesita de los diputados independentistas catalanes para lograr aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Este lunes se conoció que el juez Manuel Marchena será el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial, según el pacto alcanzado entre el Gobierno español que lideriza el socialista Pedro Sánchez y el principal partido de la oposición, el Partido Popular.

Como parte del acuerdo para dejar la presidencia al candidato propuesto por el PP, los magistrados que le acompañarán deben ser de corte progresista. El PSOE podrá designar a 11 de los 20 magistrados a repartir, algunos de los cuales negociará con sus socios de Podemos.

Ciudadanos no quiso participar en el acuerdo, porque considera que las postulaciones de los vocales judiciales deben venir de los propios jueces y no por las Cámaras.

Manuel Marchena, quien venía hasta ahora siendo el juez designado para dirigir el juicio contra los políticos que lideraron la consulta independentista en Cataluña, sería designado nuevo presidente del Supremo y el magistrado más antiguo de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, asumiría la presidencia del juicio.

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