Por Juan E. Ballesteros
30/3/2017
España necesita urgentemente una transición energética hacia un sistema más sostenible, según la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, que ha alertado sobre el incremento de las emisiones de CO2 y otros contaminantes a la atmósfera, el aumento del uso del carbón en detrimento de las energías renovables y la agudización del problema de aislamiento energético del país.
El Informe 2016 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad apunta que en el año 2015 el sector energético español consumió un total de 6,28 exajulios de energía primaria y emitió 313 millones de toneladas de CO2, generando un valor añadido por importe de 53.200 millones de euros, equivalente a un 4% del PIB. La conclusión es preocupante: el consumo de energía primaria y final en España crece en mayor medida que la actividad económica, lo que certifica el empeoramiento de la intensidad energética, una consecuencia negativa que no se observa en los países de nuestro entorno.
De la misma manera que ni la recuperación económica ni la rebaja en el precio de los carburantes han incidido en el descenso de la inflación, o lo han hecho levemente, tampoco han conllevado la mejora de la eficiencia energética, al contrario, se han traducido en una vuelta al abuso de los combustibles fósiles –la demanda de energía primaria se ha disparado un 5,6% y la final un 1,4%–. lo que ha generado un incremento del 16% en la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero.
El caso del carbón es paradigmático. Aunque todas las energía fósiles han aumentado en 2015 su contribución al mix energético nacional, el consumo de carbón ha subido un 20% y, además, crece asimismo la importación de este mineral (del 86% al 91%), una circunstancia que deja entrever que el alza no se ha producido para proteger la industria minera. El mal comportamiento de las energías limpias en una año hidrológico pésimo, con escasa lluvias –la energía hidráulica cayó un 29%–, los anticiclones que limitaron la aportación eólica y la falta de inversión en renovables completan un panorama muy negativo.
En cuanto a los balances económicos, es reseñable que bajaron mucho los gastos en energía primaria (un 28%) debido al descenso de los precios de los recursos energéticos. Pero en cambio aumentaron los gastos en energía final, lo que supone un aumento significativo del valor añadido del sector, sobre todo en el refino de petróleo. Eso sí, este valor añadido se reduce en un 45% si se descuentan los costes externos del sector asociados a la emisión de contaminantes.
La Cátedra BP entiende que los principales desafíos del sector pasan por afrontar una política energética estable que garantice la eficiencia y la sostenibilidad. Para ello es necesario actuar en todos los frentes y, de la misma manera que se legisla sobre la pobreza energética, hay que hacerlo sobre autoconsumo o impulsando la subasta de nueva capacidad renovable prevista o emprender la reforma fiscal ambiental la Unión Europea considera prioritaria. Se precisa asimismo un precio del CO2 más elevado que el actual de forma que las energías que más emiten sean más caras, lo que favorecería las decisiones de inversión en tecnologías más eficientes, reduciría las emisiones e incentivaría el desarrollo de energías renovables.
Por último, como seguimos sin contar con una política de Estado y consenso que impulse la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, habría que apostar por los Planes Integrados de Energía y Clima impuestos por la Unión Europea a todos los países miembros.
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