Cataluña: después de la legalidad, se avecina la batalla judicial
Manifestación en Cataluña por la unidad de España. Reuters
POR CAMBIO16
30/10/2017
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La disolución del Parlament y sus efectos sobre el aforamiento de los miembros del Govern de Cataluña han obligado a cambiar los planes que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tenía previstos para actuar penalmente contra Carles Puigdemont, el resto del Govern y los miembros de la Mesa del Parlament.
El viernes estaba previsto que la querella se presentara el lunes ante el Tribunal Supremo, pero ahora se prevén dos escenarios: una querella ante la Audiencia Nacional o una ampliación de la que ya existe ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y, por lo visto, Maza se inclina por la primera opción, reseña el diario Ara.
Así, sólo Carme Forcadell y los miembros de la mesa del Parlament siguen siendo aforados porque forman parte de la Diputación permanente, y por tanto la querella se presentaría el lunes ante la sala segunda del Supremo. Según relata esta información, el Supremo tiene previsto decidir sobre la admisión a trámite el mismo lunes y nombrar juez instructor.
El martes decidiría sobre las medidas cautelares contra la presidenta del Parlament, para la que se podría pedir prisión inmediata.
Lo que puede pasar
En el caso del Govern, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa han dejado de ser aforados, por eso si la querella se presenta ante la Audiencia Nacional se acumulará en la causa contra Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Josep Lluís Trapero que lleva la juez Carmen Lamela.
Antes el TSJC debería inhibirse en favor de la Audiencia. Lo que sí está decidido es que las querellas serían por cinco delitos: sedición, rebelión, prevaricación, desobediencia y malversación. Según ha podido saber Ara, la fiscalía también pedirá prisión como medida cautelar contra Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
La querella, de hecho, ya estaba redactada y sólo faltaba incluir el acto parlamentario del viernes, señala el diario catalán. La argumentación de la fiscalía es que la declaración de independencia culmina un plan premeditado, del inicio hasta el final, que finalmente se ha materializado y consumado.
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