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Amparado bajo la validez que el Gobierno catalán da al referéndum de autodeteminación del 1 de octubre, Puigdemont reafirmó este martes su voluntad de «asumir el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República».
Ese mandato queda materializado en la declaración de independencia, que lleva por título «Declaración de los Representantes» de Cataluña.
Este texto hace un llamamiento al Gobierno de Puigdemont a «adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de Independencia de acuerdo con las previsiones de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República».
Sin embargo, este documento es un simple manifiesto político que declara la apertura de un proceso constituyente pero por el momento carece de valor jurídico ya que no fue tramitado sometido a votación entre todos los representantes catalanes.
En su discurso ante el Parlamento catalán, Puigdemont solicitó a la cámara dejar en suspenso la declaración de independencia para intentar emprender con Madrid «un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada».
La CUP afirmó que pondrá sus esfuerzos en trabajar para que la declaración de independencia sea efectiva en los próximos días, aunque por el momento no cuenta con apoyos parlamentarios para dar valor jurídico al texto firmado.
