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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para proteger a la etnia indígena Pemón. El pasado fin de semana cuatro de sus integrantes murieron cuando intentaban ingresar ayuda humanitaria a Venezuela desde Brasil.
La entidad protectora de los derechos humanos con sede en Washington considera que los indígenas Pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní o “Kumarapacay”, en el estado Bolívar, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. La CIDH adoptó la medida toda vez que “sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”.
#28F A solicitud del @ForoPenal la @CIDH dicta medidas cautelares de protección a favor de indígenas pemones de #Kumaracapay y del Coordinador de Pueblos Indígenas de nuestra ONG @olnarortiz. Ordena evitar el uso abusivo de la fuerza y proteger a los indígenas de los colectivos pic.twitter.com/n45aduqtPT
— Foro Penal (@ForoPenal) February 28, 2019
El sábado 23 de febrero estaba prevista que desde Colombia, Curazao y Brasil ingresaran toneladas de alimentos y medicinas para ayudar a paliar la grave crisis económica y social que sacude a Venezuela. Esta situación ha ocasionado el éxodo de cerca de 3 millones de venezolanos desde el 2015, según Naciones Unidas.
Militares y paramilitares arremetieron contra etnia Pemón
El régimen de Nicolás Maduro impidió el ingreso de la ayuda humanitaria. Se valió de efectivos militares y paramilitares. Según el Foro Penal de Venezuela, entre el 22 y el 23 de febrero fallecieron Zoraida Rodríguez y José Elsy Pérez, de la etnia Pemón. Asimismo también cayeron por impacto de bala José Hernández y José Barrios. Otro joven de la etnia Pemón, Kliber Pérez, de 24 años, murió el 27 de febrero.
#27Feb la coordinación de Pueblos indígenas de @ForoPenal se une al dolor de nuestro #PuebloPemon del Municipio #GranSabana hoy fallece en Boa Vista (Clever Perez) es la 2da víctima de #kumarakapay y con el son 3 los indígenas por los hechos del 22F y 23F #QueSeHagaJusticia pic.twitter.com/8uRw4DkUM1
— Olnar Ortiz (@olnarortiz) February 28, 2019
#28Feb Gregoria, indígena Pemón, es la madre de Kliber Pérez, quien falleció ayer x impactos de bala recibidos el #22Feb en #Kumaracapay . En hospital de Boa Vista están también esposo, otro hijo y familiares de Gregoria, heridos de bala en #kumaracapay. #TodosSomosPemón pic.twitter.com/8GeZHu3ZU4
— Alfredo Romero (@alfredoromero) March 1, 2019
El director de esta ONG, Alfredo Romero, sostuvo que esos dos días, además, 43 personas resultaron heridas de bala, entre ellos 14 indígenas. Verificados 58 heridos de bala en todo el país.
#27Feb Testimonio de ataque a comunidad indígena #kuparamacay #22F realizado por delegada @foropenal Boa Vista @karinamorac Todavía se mantienen heridos de bala muy graves. #Venezuela @foropenal @olnarortiz pic.twitter.com/j6JGjYztwj
— Alfredo Romero (@alfredoromero) February 27, 2019
La CIDH pidió al gobierno de Nicolás Maduro que se abstenga de hacer uso de la fuerza de manera incompatible con estándares internacionales. Asimismo solicitó proporcione atención médica adecuada a quienes resultaron heridos. También evite eventos de riesgo frente a acciones atribuibles a grupos paramilitares conocidos como “colectivos”.
Igualmente dio a las autoridades venezolanas un plazo de 15 días para que le informe sobre la adopción de las medidas cautelares.
Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano y solicitante de la protección, indicó estar consciente de que no existe disposición en el gobierno de Maduro para cumplir las medidas cautelares, reseñó AP.
Pero “al menos queda un importante registro de lo que ha venido pasando para que en algún momento se pueda lograr justicia”.
With updated information from our team throughout #Venezuela, here’s an infographic on the political repression in the context of the attempt to introduce humanitarian aid between #22Feb and #23Feb @ForoPenal pic.twitter.com/RBCRBfHfwP
— Foro Penal (ENG) (@ForoPenalENG) February 28, 2019
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir un daño irreparable.
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