La propuesta de condonar deudas tributarias o cotizaciones sociales de manera generalizada por la crisis del coronavirus carece de sentido. Lo que viable sería facilitar su aplazamiento. Es la conclusión a la que llegó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Las obligaciones tributarias tienen que adaptarse a las capacidades de empresas y trabajadores. Se deben hacer ajustes para que se correspondan con la actual situación, pero en ningún caso es procedente condonar estas deudas de manera general, como plantean algunos foros empresariales, apunta la institución.
Apuntes #Fedea de @JorgeOnrubia63 y Julio López Laborda: "Consideraciones sobre finanzas públicas y COVID–19: Bastantes interrogantes y algunas certezas" https://t.co/vGq0xxAdoi pic.twitter.com/deZ5JtmpkF
— Fedea (@socialfedea) April 6, 2020
Evitar el «despilfarro inútil»
Fedea propone una flexibilización y ajuste de los mecanismos de pagos, de acuerdo a la capacidad financiera real de las empresas. Sugiere que en una primera fase se diseñen medidas de aplazamiento, bajo contingencias verificables. Para la segunda fase se pospondrían los correspondientes ajustes definitivos. El calculo se hará en función de los cambios que haya en la capacidad de pago gravada en cada impuesto.
Fedea hace hincapié en que la focalización correcta de las medidas presupuestarias es crucial en la primera etapa de la crisis. Estima necesario definir a quién y para qué se realizan transferencias de rentas, tanto a familias como a empresas, y realizar un control posterior.
Considera que además de ser insuficientes para las empresas y hogares que lo necesitan, las transferencias generalizadas de renta serían un «despilfarro inútil», irían «a quienes no lo necesitan, bien porque tengan recursos, bien porque no puedan utilizarse por falta de oferta o de demanda».
Pensar en los más afectados
Durante la primera fase de la crisis, los programas presupuestarios y las medidas instrumentales (como las líneas de préstamos públicos y los avales para deudas privadas), deben orientarse «prácticamente en exclusiva» a garantizar la liquidez de las empresas, societarias y personales, y a mantener niveles adecuados de renta.
«Más adelante habrá que pensar sobre posibles medidas de reactivación, pero por el momento las actuaciones necesarias deben concentrarse en los sectores y colectivos más afectados y destinarse a facilitar la supervivencia del tejido empresarial y a cubrir las necesidades básicas de las familias», explica.
«Si este reto de preservar el tejido productivo y la capacidad de consumo de los hogares no se logra, es muy elevado el riesgo de que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia, simultáneamente para las empresas y las familias y, consecuentemente, para el sector financiero y finalmente para el sector público», advierte.
Insiste en que más allá de condonar deudas fiscales, la crisis económica tendrá que abordarse con una combinación de política monetaria y fiscal. En esta estrategia, las instituciones europeas y en particular el Banco Central Europeo (BCE) tendrán un papel fundamental. Muchas de las medidas necesarias incluyen un aumento importante del gasto público que podría en principio financiarse mediante mayores impuestos, la emisión de deuda y/o la inyección de dinero por parte de los bancos centrales.
#coronavirus #macroeconomía El Impacto Macroeconómico del Coronavirus https://t.co/ZyfTg9hCKq
— Fedea (@socialfedea) March 26, 2020
Medidas laborales
A la luz de las primeras experiencias de tramitación de ERTE en esta crisis, FEDEA recomienda adoptar con urgencia cambios en los procedimientos de tramitación y simplificar los requisitos establecidos para otros escenarios muy distintos del actual”.
Pide flexibilizar “al máximo” los protocolos para abonar los importes de las prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados. «Se puede ir desplazando a posteriori su control, para asegurar que perciben sus ingresos en un plazo de tiempo mínimo», señala.
Fedea también apuesta por revisar los requisitos para cobrar la prestación por cese de actividad de los autónomos.
Indica que el objetivo central de la política económica debe ser el de minimizar los costes económicos y sociales de la crisis: «Se debe tratar de sacar el mayor provecho posible de los limitados recursos disponibles concentrándolos donde los beneficios son mayores y las necesidades más urgentes y buscando mecanismos ágiles de implementación».
«Tan importante como el diseño de las políticas es la agilidad de su puesta en marcha y la calidad de su gestión. Ambas son imprescindibles para que las ayudas lleguen a donde deben llegar y lo hagan a tiempo», concluye el documento.
Para mayor información visite: Cambio16
Lea también:
Trabajadores “en B”, las víctimas escondidas del enemigo invisible
Trabajadores «en B», las víctimas escondidas del enemigo invisible