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“Nicolás Maduro ha cerrado todos los caminos pacíficos para una solución que permita la restitución de la Democracia, del hilo constitucional y la atención a la grave crisis humanitaria”. Así lo afirma una veintena de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, con sede en Venezuela, a través de un comunicado acerca del conflicto político por el que atraviesa ese país.
Según el texto, el conflicto actual de Venezuela tiene hoy sólo dos salidas. Una es pacífica, que requiere la restitución de la Constitución y el llamado a elecciones libres. La segunda es una salida de fuerza, mediante la actuación del sector militar contra la cúpula o por la intervención de un ejército extranjero.
El documento lleva el título de “Carta abierta de organizaciones y activistas del Derecho a la Paz y la No violencia de Venezuela a sus colegas del mundo“. El texto fue suscrito, entre otras organizaciones, por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), Creemos Alianza Ciudadana, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa, el Laboratorio de Paz y la Revista SIC del Centro Gumilla. Además, cuenta con la firma de 32 activistas políticos y de derechos humanos.
No hay forma de promover la no violencia y la paz si obviamos las causas de la discriminación y la desigualdad que obligan a la #migración forzosa de millones de personas #DerechoalaPaz https://t.co/fcEpLAlk9l
— Cepaz (@_CEPAZ) February 11, 2019
Negación de la crisis humanitaria
El texto agrega que, como parte del conflicto, Venezuela ha venido experimentando un proceso acelerado de retrocesos en la calidad de vida. Esta situación se evidencia en el precario acceso de la población “a lo mínimo necesario para la subsistencia”. Así mismo, se ha visto afectado el sistema democrático.
La pobreza en el país para 2018 alcanza el 48% de los hogares. Así se desprende de un informe presentado por las tres principales universidades del país. Por otro lado, el Parlamento informó que la inflación del año 2018 llegó a 1.299.724 %. Además, pudiera elevarse a 10.000.000% en 2019.
Esto es lo que representa Nicolás Maduro, más hambre y miseria. No habrá solución a la crisis económica mientras no se logré un cambio político. Seguimos en hiperinflación.- #7Feb pic.twitter.com/l5n6AFzMW8
— Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) February 7, 2019
En 2018, diversas ONG reportaron que 60% de la asistencia médica que existía para 2011 había desaparecido. Además, y según cifras oficiales, las muertes maternas aumentaron 66% y las infantiles un 30%.
Durante el 2018, se registró el mayor índice de migración forzosa que haya experimentado la región. Según Acnur, más de 3 millones de venezolanos han huido del país. De no cambiar la situación interna este 2019, la cifra podría aumentar a 5 millones.
La crisis política, humanitaria y migratoria de Venezuela hoy es un problema para la región, agrega el comunicado.
A pesar de lo grave del conflicto de Venezuela, el gobierno no emite cifras oficiales. Más bien opta por descalificar y criminalizar estudios y testimonios. Por otra parte, los medios de comunicación del país, férreamente vigilados y censurados, reflejan una realidad contraria.
Boicot contra la democracia
A partir del 2015, tras celebrarse la elección del Poder Legislativo, quedó demostrado que Nicolás Maduro había perdido el apoyo de la mayoría. Partidos de oposición obtuvieron una contundente victoria comicial. A partir de allí, Nicolás Maduro y sus colaboradores iniciaron una serie de acciones para desconocer la voluntad popular. Con ello buscan garantizar su permanencia en el poder, agrega el texto.
En 2017 el Tribunal Supremo de Justicia intentó anular, vía decreto, a la Asamblea Nacional. Este hecho fue denunciado por la propia Fiscal General, Luisa Ortega Díaz como una “ruptura del hilo constitucional”. A raíz de estos hechos, “Venezuela experimentó el mayor ciclo de protestas pacíficas de la historia contemporánea de América Latina, junto a Nicaragua”, reza el documento. Todo ello habría agravado el conflicto interno en Venezuela.
Un TSJ, de Maduro, cuestionado, compuesto por Magistrados designados transgrediendo todas las normas constitucionales, sigue con su reprochable condición de protectores de la dictadura y usurpación. Uds, también tienen que ser removidos.
— Andres Velasquez (@AndresVelasqz) February 8, 2019
La respuesta fue la implementación de un represivo Plan militar denominado “Plan Zamora”. En este participaban cuerpos de seguridad, militares de la Guardia Nacional Bolivariana y civiles armados. Según el Observatorio Venezolano de Conflictos (OVCS), solo entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017, se realizaron 6729 protestas en todo el territorio nacional, 135 personas asesinadas, más de 12 mil detenciones, 848 presos políticos, más de 230 testimonios de torturas, tratos crueles e inhumanos y millones de exiliados.
Ilegalidad agrava conflicto en Venezuela
“Nicolás Maduro, violando la Constitución, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, que tiene poderes supraconstitucionales”, señala la carta. En este marco, declaró un estado de excepción para gobernar de forma personal. Ello le permitió adelantar elecciones presidenciales, que” no contaban con las condiciones mínimas para que los venezolanos pudieran expresar su voluntad en las urnas”. Fue así como en 2018 se reeligió para 6 años más de mandato. Lo hizo en una jornada que no fue justa, transparente, libre ni creíble. Así lo constataron las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, 60 países del mundo y diversos movimientos venezolanos de derechos humanos.
El 10 de enero, Nicolás Maduro “se proclamó presidente para un segundo período, violando la Constitución nacional e instalando un gobierno de facto por la vía de los hechos”. La Asamblea Nacional, el 23 de enero, “declara la usurpación y asume en la figura de su presidente las funciones del ejecutivo para un gobierno de transición“. Anuncian que su intención es permitir la realización de “elecciones libres y creíbles”.
Represión como política de Estado
Desde el 21 de enero comenzó un nuevo ciclo de protestas, con los sectores populares del país como protagonistas. Ese día, en Cotiza, al oeste de Caracas, vecinos salieron a las calles denunciando la usurpación. Las manifestaciones fueron respondidas con represión. “Del 21 de enero al 04 de febrero de 2019, un total de 35 personas fueron asesinadas en el contexto de manifestaciones“. Otras ocho “fueron ejecutadas extrajudicialmente en operativos de allanamientos ilegales posteriores a las protestas. Se han registrado 939 arrestos, entre ellos cientos de mujeres, 77 adolescentes y 7 indígenas”.
A partir del 2016, el régimen de Maduro, se ha convertido en “un gobierno militar, con reducido apoyo civil”, asegura la carta. La cúpula castrense ocupa hoy los más importantes renglones ligados a la crisis humanitaria. En medio del conflicto que vive Venezuela, el sector militar controla diversos ministerios claves, gobernaciones, empresas y bancos, entre otros.
Hoy #11Feb a las 9 a.m. protesta creativa en homenaje a las personas asesinadas por la dictadura en las protestas desde el 2014 al 2019. En la #Candelaria #Caracas Prohibido olvidar pic.twitter.com/98SVpSU2Pg
— PROVEA (@_Provea) February 11, 2019
Llamamiento a la comunidad internacional
De la comunidad internacional “depende realizar la suficiente presión para que la salida sea no violenta, inclusiva, con democracia y justicia como la merece el pueblo venezolano. Queremos que sea nuestra voz y aspiraciones, y no las armas, quienes finalmente decidan la suerte y el futuro de nuestro país. Pero para eso necesitamos su ayuda”, finaliza el texto.
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