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La administración del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, intentará pedir la anulación de un arbitraje que favoreció a ConocoPhillips. En éste se considera una compensación de más de 8.000 millones de dólares a favor de la firma estadounidense.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, resolvió en marzo a favor de la petrolera por la expropiación de activos en 2007 por parte del gobierno venezolano.
El monto de la indemnización a la petrolera fue impugnado, porque “la metodología para la compensación fue errada”. Así lo afirmó José Ignacio Hernández, procurador general para proteger activos de Venezuela en el exterior de posibles embargos, designado por Guaidó.
“Por eso pedimos la rectificación y luego solicitaremos la nulidad”, agregó Hernández.
La acción forma parte de una serie de iniciativas emprendida por la administración de Guaidó. Con ello se busca preservar los activos públicos Venezuela, ubicados fuera del país.
We will defend Venezuela interest in the Conoco case. Reuters, however, wrongfully identified Guaidó as "the Venezuelan opposition leader". Guaidó is the interim president of Venezuela, and because of this, his Government is the only entitled to represent Venezuela https://t.co/qDUy0yuqrp
— Jose I. Hernandez G. (@ignandez) April 16, 2019
Presencia de ConocoPhillips en Venezuela
A principios de la década de 1990, Venezuela creó un nuevo marco fiscal para atraer a la inversión extranjera en sus operaciones de petróleo pesado en la Faja del Orinoco y en otras zonas del país. Según estos términos, ConocoPhillips participó en el desarrollo de los proyectos Petrozuata, Hamaca y Corocoro. La empresa proporcionó tecnología de punta en la industria así como inversiones sustanciales a largo plazo.
Sin embargo, en el verano de 2007, el gobierno de Venezuela, presidido en ese momento por Hugo Chávez, expropió las inversiones de ConocoPhillips en su totalidad sin compensación.
El tribunal de arbitraje internacional, constituido bajo administración del CIADI, dictaminó en 2013 que la expropiación violó el derecho internacional.
Dictamen del Tribunal
El pasado 8 de marzo, ConocoPhillips comunicó que el tribunal ordenó al Gobierno de Venezuela, por unanimidad, que pague a la compañía la cantidad de $8,7 mil millones -más intereses-, en compensación por la expropiación ilegal de las inversiones de la compañía efectuada en 2007.
Según el dictamen, el tribunal “decide que la Demandada, la República Bolivariana de Venezuela, deberá abonar por concepto de compensación por la expropiación ejecutada el 26 de junio de 2007 en violación del Artículo 6 del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos de fecha 22 de octubre de 1991, los siguientes montos a las Demandantes:
- 3.386 millones de dólares por la inversión de ConocoPhillips en la asociación estratégica de Petrozuata, más 286,7 millones adicionales vinculados con obligaciones pendientes de este proyecto
- 4.498 millones de dólares por la inversión que realizó la estadounidense en la asociación estratégica Hamaca
- 562 millones de dólares por la participación en proyectos del golfo de Paria
A esto se agrega 21,8 millones de dólares adicionales por costos incurridos durante el proceso de arbitraje tanto por parte de ConocoPhillips como del propio tribunal. La Demandada deberá pagar los montos ordenados a más tardar dentro de los primeros 60 días posteriores a la emisión del presente Laudo. Los intereses sobre estos montos comenzarán a correr al vencimiento del período de 60 días mencionado anteriormente”.
#Venezuela's @jguaido to seek to annul $8.7 billion @conocophillips award https://t.co/3I0wFBcV7j
— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) April 17, 2019
Un aliciente ante la falta de liquidez
Venezuela enfrenta problemas de liquidez. Éstos han sido causados por varios factores. Uno de ellos es la merma de ingresos petroleros. Otro, las limitaciones para acceder al financiamiento internacional. Por ello, se ha retrasado en pagar los intereses de la deuda pública, por unos 8.000 millones de dólares. También ha tardado en saldar las indemnizaciones por arbitrajes.
Por la negativa del gobierno de Venezuela a cancelar, ConocoPhillips ha buscado vía legales para reclamar activos y recibir las compensaciones. Otros acreedores tratan de apoderarse de uno de los activos más importantes de Venezuela, para cobrar las deudas. Se trata de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos.
No está claro si los representantes de Guaidó tienen la capacidad para impugnar el laudo porque el Banco Mundial todavía no ha reconocido al opositor. El presidente del organismo multilateral, David Malpass, dijo la semana pasada que el reconocimiento dependía de los accionistas.
Hernández agregó que la representación legal de Guaidó “no puede cuestionarse”.
El pasado mes, un juez de Estados Unidos dictaminó que los representantes de Guaidó podrían presentar argumentos en la batalla judicial con Crystallex. La minera canadiense está tras Citgo, para obtener una compensación por la expropiación de un proyecto de extracción de oro en Venezuela.
Otras demandas de ConocoPhillips contra Venezuela
En abril de 2018, en una acción legal separada e independiente, un tribunal de arbitraje internacional otorgó a ConocoPhillips aproximadamente $2 mil millones contra PDVSA.
La decisión del tribunal, constituido bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), surgió de la incapacidad de PDVSA de cumplir sus compromisos contractuales. Esto, en respuesta a la expropiación ilegal de las inversiones de ConocoPhillips en los proyectos de Hamaca y Petrozuata, en Venezuela.
En agosto de 2018, ConocoPhillips anunció que celebró un acuerdo de liquidación con PDVSA para recuperar el monto total adeudado en virtud de esa adjudicación.
ConocoPhillips también tiene un arbitraje pendiente contra Venezuela, relacionado con el proyecto Corocoro.
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