Consumo de carne en España es cuatro veces mayor de lo recomendado y afecta al medioambiente

En la lista de la compra de los españoles imperan los productos cárnicos y sus derivados. Un informe reciente de Justicia Alimentaria indica que en España la ciudadanía sobrepasa los límites del consumo de carne aconsejados por los especialistas.

El exceso tiene consecuencias directas en la salud de la población, y también en el medioambiente. El impacto es tan real y negativo que en España mueren hasta 34.000 personas al año por enfermedades relacionadas con el alto consumo de alimentos cárnicos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, la recomendación media de consumo de carne semanal es de 325 gramos por persona, pero los limita a 125 gramos en las llamadas carnes rojas. Un borde que sobrepasa por mucho la población de España: multiplica por ocho el consumo de carne aconsejado.

El peligro de una dieta basada en carne

Una dieta con exceso de carne conlleva que el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares se incremente en un 50,4%. Lo mismo pasa con la diabetes y el cáncer colorrectal, cuya posibilidad de diagnóstico se eleva un 22,8% y un 21,6% respectivamente.

De acuerdo con el estudio, hay tres factores que tienen que ver con el consumo de productos cárnicos y sus derivados: las grasas insalubres, sal y elementos cancerígenos. Un tridente peligroso presente en todo tipo de carnes, pero especialmente en las rojas y las procesadas.

Además, consumir carne en exceso significa que está sustituyendo a otros alimentos en la dieta. Lo que supone que no se consuman nutrientes que sí son necesarios. Así, las legumbres, las verduras y la fruta terminan desplazados por el consumo de carne. Se dejan de consumir alimentos que son beneficiosos para la salud por su contenido de fibra dietética, antioxidantes, esteroles, ciertas vitaminas y minerales y ácidos grasos poliinsaturados.

Las falsas carencias proteicas

En el informe de Justicia Alimentaria también desmiente el tópico de las carencias proteicas que se le atribuyen a dietas veganas y vegetarianas. De acuerdo con los datos expuestos, las legumbres pueden aportar los componentes nutritivos en cantidades suficientes y sustituir la carne.

Un ejemplo son las lentejas, que poseen 24% de proteínas frente al 20% que tendría un filete de ternera. Además, estos alimentos no contienen grasas saturadas ni azucares.

El aporte nutricional de 100 gramos de legumbres, si se consume cuatro veces a la semana, incide en una disminución de un 14% de los riesgos a padecer enfermedades del corazón y 9% en el caso del cáncer colorrectal.

De modo que no se trata de cambiar por completo a una dieta vegana o vegetariana. Con una reducción moderada de 40 gramos de carne al día podría suponer un descenso del 30% en los riesgos de muerte asociados.

El consumo de carne y sus impactos ambientales

La dieta de carne que reina en España se sustenta en un sistema de producción industrializado que se basa sobre todo en lo porcino. El Reino produce cuatro millones de toneladas de cerdo cada año, de las que exporta la mitad. Es el tercer criador del mundo, detrás de China y Estados Unidos.

El ritmo de industrialización ha avanzado tanto que los 5 millones de puercos que se producían en los años sesenta se han transformado en 30 millones. Una situación que es muy similar a la del bovino, que pasó de los 4 millones de ejemplares a los 6,5 millones al año. Lo mismo con la producción avícola, que pasó de 2 kilogramos per cápita a 30.

Un sistema que ha evolucionado álgidamente en las últimas décadas pero que ha impactado igualmente en el medioambiente. Es el segundo sector que más emisiones de gases de efecto invernadero en España, junto con el de la agricultura. Solo están por detrás del Transporte, de acuerdo con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

La contaminación ganadera, que se ha incrementado 27% en los últimos diez años, se debe sobre todo a la producción porcina. La producción de Cerdo es responsable del 46% de los gases emitidos en las granjas y mataderos. Luego sigue el vacuno, con el 20% de emisiones; producción general de lácteos, con 16%, y la producción de aves, responsable de 3%. Son las estadísticas de Greenpeace.

Las cifras que podrían ser superiores si se incluyen los datos de contaminación del transporte. Un tercio de los productos que se trasladan por carretera son alimentos. Sin embargo, las consecuencias ambientales no son simplemente los gases liberados que afectan la atmósfera. Mantener la cadena de producción cárnica requiere una gran cantidad de recursos para poder alimentar a los animales, que se sacrificarán en los mataderos.

De esta manera, el impacto ambiental se exporta a país terceros y en forma de deforestación de masas boscosas para la plantaciones que terminarán siendo el alimento de millones de cerdos, vacas y aves en Europa. Uno de cada tres kilogramos de cereal que importa Europa es, básicamente, para su industria cárnica.

En consecuencia, España necesita más del doble de los cereales que puede producir para satisfacer las necesidades alimentarias del ganado. Cada año llegan a los puertos españoles 5 millones de toneladas de cereal y 14 millones de toneladas de soja, principalmente de Brasil y Bolivia que desforestan la selva amazónica para extender los cultivos de soja que tienen tan alta demanda.

Otro de los impactos en el medioambiente del consumo de la carne está vinculado con la contaminación de las aguas. La industria porcina es, quizás, la que más la enturbia. La producción intensiva de cerdos genera una gran cantidad de residuos que terminan en ríos y acuíferos. Sea en forma de vertidos ilegales o de filtraciones de nitrocompuestos que pueden ocasionan enfermedades a seres humanos.

Justicia Alimentaria pide propuestas de regulación de políticas públicas, tanto relacionadas con el consumo de carne como con la producción y el medioambiente. Entre otras cosas, pide la aprobación de un impuesto sobre el precio de productos cárnicos procesados, orientado a la reducción de sus consumos y a la internalización de los costes que genera al sistema público de salud.

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