ONG denuncian a Vox ante la Fiscalía por delito de odio

Siete organizaciones no gubernamentales han presentado una denuncia ante el Ministerio Fiscal y una queja en el Defensor del Pueblo para que se investiguen varios vídeos de la campaña electoral de Vox, publicados en sus páginas y redes sociales oficiales, que pudieran incurrir en delito de odio.

Las organizaciones Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), Red Acoge, Federación Sos Racismo, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Elín e Irídia exigen «la retirada inmediata de los vídeos por poner en riesgo la convivencia y la cohesión social«, informó la agencia EFE. También para proteger a las víctimas. 

Según indican las organizaciones denunciantes, «en estos vídeos se difunden mensajes claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante”. Asimismo, explican que «en uno de ellos se criminaliza a un colectivo especialmente vulnerable, como son los niños y niñas migrantes sin acompañamiento familiar, generalizando estas conductas violentas como algo intrínseco a la infancia migrante no acompañada”.

HECHO #1 En la campaña electoral de elecciones generales #10N, VOX ha elaborado y difundido materiales con mensajes xenófobos, discriminatorios y criminalizadores que promueven odio y discriminación hacia la población migrante poniéndola en situación de grave peligro pic.twitter.com/xYEoMQ95Xx

— Alianza por la Solidaridad (@AxSolidaridad) November 6, 2019

Mensajes con consecuencias 

Para estas organizaciones, “esa generalización puede conllevar graves consecuencias para estos menores, como han sido los últimos ataques a los centros donde están acogidos”. Asimismo, señalan que estos discursos “provocan un miedo sin fundamento en la población poniendo en peligro la convivencia entre vecinos y vecinas». 

El delito de odio se encuentra tipificado en el artículo 510 del Código Penal. Este artículo establece penas de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses a quien realice públicamente el fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos racistas o por pertenencia a un origen nacional determinado.

Asimismo, las ONG instaron a todos los partidos políticos a no utilizar a las personas refugiadas, migrantes y racializadas con fines electoralistas. Por otro lado, la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, también anunció que su partido se querellará contra Vox y contra la Junta de Andalucía por el acto electoral convocado por este partido frente a un centro de menores inmigrantes en Sevilla capital. «No cabe mayor crueldad y cobardía que enfrentarse a niños», denunció Rodríguez en un acto electoral en la capital hispalense.

Hortalezas, el barrio señalado por Vox

En el debate electoral de este lunes, el candidato por Vox, Santiago Abascal centró gran parte de su discurso en contra de la inmigración ilegal y especialmente contra los Menores Extranjeros No Acompañados (Menas). «Yo vivo en un barrio popular de Madrid, Hortaleza, y cada vez que salgo a la calle, y ahí hay un centro de menas, me encuentro con mujeres que me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle; con madres preocupadas porque sus hijas llegan por la noche y tienen miedo de ser asaltadas«, declaró Abascal durante el debate. 

En el diario El Mundo se recogen testimonios del distrito, donde están acogidos 91 menas, y estos dejan en evidencia las opiniones divididas. Mientras algunos vecinos señalan que las palabras de Abascal son “una exageración”, otros parecen estar de acuerdo con él e indican que “lo han denunciado muchas veces”. Asimismo, colectivos vecinales han denunciado ataques a centros de menas por colectivos de extrema derecha. 

La Fiscalía de Barcelona investiga a Paluzie 

Por otro lado, la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación contra la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, por unas declaraciones en las que presuntamente apoyaba la violencia. La denuncia fue realizada por la Societat Civil Catalana (SCC) por incitación a la violencia y desórdenes públicos, así como presunto delito de odio. 

Las declaraciones de Paluzie fueron: «Son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional de manera continuada estos días, es decir, que hacen visible el conflicto». Igualmente, la dirigente añadió que la principal responsable es «la violencia del Estado» porque ha condenado a “un movimiento pacífico y democrático a penas de cárcel”. 

Para la SCC, «con una mínima actividad investigadora quedaría probada la conexión entre las proclamas de la señora Paluzie y los actos vandálicos y violentos de los llamados Comités de Defensa de la República». Asimismo, en la denuncia se indica que Paluzie «señala directamente al Estado como responsable de la violencia, dirigiendo al mismo las miradas de sus seguidores, y con ello, ese discurso de odio hacia un objetivo determinado y concreto».

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