La dupla Daniel Ortega-Rosario Murillo pretende borrar de Nicaragua a los representantes de la Iglesia Católica y con ellos, sus labores pastorales, evangelizadoras y sociales. En los fatigosos años del régimen comunista, han lanzado a la orilla del proyecto de país a opositores, candidatos presidenciales, empresarios y a los medios de comunicación y a sociedad civil, cada vez más reprimidos. Los hostigamientos se dirigen contra todos los que consideran incómodos para sus planes de anclaje en el poder.
El turno de las atropelías recae en la Iglesia. El régimen emitió a inicios de julio, un decreto por el que se anula la personalidad jurídica de 101 ONG. Muchas de ellas, dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Otras, como la Academia Nicaragüense de la Lengua después de 94 años de existencia. Y, también a la Asociación de las Misioneras de la Caridad. Por tanto, las hermanas de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, dedicadas a diversas actividades de ayuda a niños, jóvenes y ancianos necesitados e indigentes, tuvieron que abandonar el país.
Las Misioneras de la Caridad están presentes en el país centroamericano desde 1988, cuando la propia Madre Teresa lo visitó y se reunió con Ortega, quien entonces también era presidente. Desde esa fecha, las hermanas han ofrecido un servicio ininterrumpido a los más pobres.
El Ministerio del Interior declara que “las monjas no han cumplido con ciertas obligaciones legales, están infringiendo la normativa contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Persecución a representantes de la Iglesia en Nicaragua
Acto seguido, el régimen de Nicaragua -impulsor de leyes contra los medios de comunicación– desató una oleada de acusaciones contra varios sacerdotes de la Iglesia católica.
Manuel García, párroco de Nandaime, fue condenado el 22 de junio a 2 años y 8 meses de cárcel. Presuntamente por agredir a una mujer, quien luego fue arrestada también por negar la agresión.
Leonardo Urbina, sacerdote en Boaco, enfrenta desde el 14 de julio cargos por supuesta agresión a una adolescente de 12 años. Sus denunciantes han sido identificados por la oposición como seguidores de Ortega. Y el padre Uriel Vallejos, quien estuvo recluido en el dormitorio de una parroquia durante tres días. Luego de que policías ingresaran a la fuerza para ocupar equipos de una radio católica.
Además, a la diócesis de Matagalpa le cerraron siete radios católicas. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo de Nicaragua (Telcor) inhabilitó a las emisoras Radio Hermanos, de Matagalpa; Radio Católica de Sébaco. Radio Nuestra Señora de Lourdes, La Dalia; Radio Alliens de San Dionisio; Radio Monte Carmelo de Río Blanco. Así como a la Radio San José de Matiguás y Radio Santa Lucía de Ciudad Darío.
El caso más emblemático es el del obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez. Encargado del área de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. El prelado fue sitiado por policías tras criticar el cierre de las emisoras.
Telcor argumentó que estas emisoras no contaban con un título de habilitación. Sin embargo, durante la homilía de la Misa del domingo 31 de julio en la Catedral de San Pedro en Matagalpa, el obispo Álvarez informó que el 7 de julio de 2016 presentó, personalmente, toda la documentación requerida por Telcor para entrar en la ordenación vigente.
Un obispo sitiado
Luego de pedir disculpas a los fieles por tratar este tema durante la Eucaristía, el obispo señaló que “ellos (los gobernantes) saben que yo hablo claro y pelado, como cualquier nica”. Catalogó la acción oficial de injusticia y asentó que no se quedará de brazos cruzados.
El obispo -con el Santísimo Sacramento en sus manos- salió a las afueras de su residencia, bendiciendo a los policías allí apostados.
Desde el 4 de agosto Álvarez se encuentra retenido en el Palacio Episcopal. No lo dejan salir junto a otros seis sacerdotes y seis laicos.
La Policía, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, acusó a las altas autoridades de la Iglesia católica en la provincia de Matagalpa de “estar prevaliéndose de su condición de líderes religiosos. Utilizando medios de comunicación y redes sociales, intentan organizar grupos violentos”.
El obispo Álvarez indicó el sábado 8 de agosto durante una Misa telemática que a pesar de las circunstancias estarán “siempre con la fuerza interior y la paz en el corazón. Y la alegría que el resucitado nos da, la alegría de aquel que nos dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo”.
Los sacerdotes de diferentes diócesis de Nicaragua pidieron al régimen de Ortega que termine la persecución que se ha incrementado en los últimos meses hacia los representantes de la Iglesia católica.
Por su parte, el Colegio de Consultores de la diócesis de Estelí dijo seguir “con mucha preocupación el curso de los acontecimientos que están entristeciendo a nuestro país”. Mientras el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (Celam) expresó su rechazo a los “constantes” hostigamientos de los que han sido víctimas miembros de la iglesia de Nicaragua por cuenta del régimen de Ortega.
Arbitrariedades y violación de los derechos humanos
La Unión Europea condenó el cierre “arbitrario” de las emisoras y aseguró que se trata de “una nueva violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o creencia”.
La UE recordó que «desde 2018, el régimen nicaragüense ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo. Recurriendo a asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos, acoso e intimidación contra opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otros líderes».
En este sentido, la UE instó a las autoridades a cesar «toda la represión y restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos».
Asimismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) rechazaron «el cierre arbitrario» de siete radioemisoras católicas en Nicaragua.
Martha Molina Montenegro, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, denunció que a “la dictadura le gusta que la población aplauda y adule la barbarie que están cometiendo, las arbitrariedades, nepotismo, la corrupción”.
Es autora del informe “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida? (2018-2022)”, que recopila 190 ataques contra la Iglesia Católica. Detalló que los actos de violencia se deben a que “la Iglesia Católica no está dispuesta a adular a nadie” como le gusta al régimen.
“Los sacerdotes y obispos han abierto sus puertas”, destacó. Llevan esperanza y consejo a los nicaragüenses, que en los últimos años y con cada vez más fuerza han perdido libertades.
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