Por Iñigo Aduriz
04/04/2017
Las personas portadoras del VIH siguen teniendo limitado el acceso a determinados contratos, negocios jurídicos, prestaciones o servicios por su condición. Por ejemplo, tienen la obligación de declarar que son seropositivas cuando firman un seguro o suscriben determinados contratos laborales. Pero el Congreso de los Diputados tiene previsto este martes iniciar el camino para poner fin a esas discriminaciones.
El Pleno debate una propuesta de reforma de la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios que tiene como objetivo eliminar de los contratos y servicios las cláusulas discriminatorias para estas personas. Se trata de una iniciativa que llega a la Cámara Baja desde el Parlamento de Navarra, donde se aprobó con el objetivo de poner fin a las «trabas a la igualdad de oportunidades» que en opinión de la cámara autonómica implican este tipo de preceptos incluidos en distintas normas.
«Este tipo de cláusulas discriminatorias acentúan el estigma social y la discriminación legal de las personas seropositivas«, señalan en la exposición de motivos de la proposición de ley en la que insisten que esas medidas acrecentan «la estigmatización» del colectivo seropositivo.
Recuerdan, además, que «son infinidad las asociaciones, organizaciones e instituciones las que han denunciado este tipo de cláusulas excluyentes y discriminatorias, que conllevan además graves consecuencias para el normal desarrollo de la vida de las personas afectadas«. Consideran, así, que «la libertad que reconoce el derecho privado a las partes para establecer pactos y realizar contratos no puede ser utilizada para discriminar a colectivos de algunos ámbitos por el solo hecho de tener una enfermedad».
Insisten en que su propuesta legislativa es «de justicia social». Y es que, además, incluye una disposición final en la que se establece un plazo razonable de un año para que el Gobierno de España presente un Proyecto de Ley en el que se determine la aplicación de esta Ley a otras enfermedades con respecto a las que se puedan producir los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas
Si el Pleno aprueba este martes su toma en consideración, la proposición de ley seguirá el procedimiento legislativo ordinario, con el debate en ponencia y comisión y la presentación y votación de enmiendas al articulado.
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