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Investidura no presencial de Puigdemont ha sido suspendida por el Constitucional
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El Constitucional decreta la suspensión de las 35 horas en Andalucía

POR CAMBIO16
25/07/2017

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite la normativa de la Junta de Andalucía que permite devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica.

El pleno del TC ha decretado además la suspensión cautelar de esta medida, en vigor desde el pasado mes de enero.

Según informa el TC en un comunicado, la suspensión de la vigencia y aplicación de las normas impugnadas “es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución”.

El artículo, precisa el comunicado, reza que “el Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas”.

Asimismo, prosigue, determina que “la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

En este sentido, el TC subraya que “la admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en próximas fechas”.

La postura sindical

Previo a la decisión del Constitucional, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) había pedido este lunes al Gobierno que incluya la restitución de las 35 horas semanales en la Administración en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

El sindicato defiende que Gobierno que no puede oponerse a esta jornada en el caso de que haya sido negociada y pactada libremente entre los responsables de una administración y sus representantes sindicales.

Asimismo, espera que el Gobierno reconsidere su posición y favorezca una modificación de la Ley que permita la negociación de las 35 horas en todas las Administraciones Públicas de España.

El gremio había pedido que no se solicitara la suspensión cautelar de la medida en Andalucía hasta que no se dirimiera la cuestión por parte del Constitucional.

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