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Pedro Saura ha presidido la primera reunión del grupo de trabajo interministerial para desarrollar “medidas urgentes” en materia de vivienda. Se prevé, entre otras, que aborden acciones para desincentivar las viviendas vacías y regular el mercado del alquiler.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se ha reunido este martes con la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza; el director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Javier Martín; y por representantes de los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Hacienda, Economía y Empresa, Industria, Comercio y Turismo; Transición Ecológica, Justicia y el departamento de Asuntos Económicos de Presidencia de Gobierno.
Este grupo interministerial será el marco de colaboración entre todos los departamentos implicados en políticas de la vivienda y en particular del alquiler. Según señalan, servirá para “fortalecer una sólida coordinación interministerial que busque la máxima coherencia en esta políticas públicas”.
Para la secretaria general de Vivienda “es importante y fundamental la coordinación para regular cuestiones urgentes en materia de vivienda”. En este sentido, Helena Beunza ha dicho que “afecta a competencias directas de los departamentos que hoy hemos reunido por primera vez”.
El objetivo es establecer de manera coordinada el diagnóstico y “las medidas más esenciales a tomar en materia de vivienda”. En especial, para afrontar la “actual problemática de la vivienda en alquiler”.
Coto a la especulación
Según una información recogida por el diario El País, el Gobierno de Sánchez contempla tomar medidas “coercitivas” contra los dueños de viviendas vacías. La fuente citada es un informe interno sobre la situación de la vivienda social elaborado por la Secretaría General de Vivienda.
Estas acciones no solo afectarían a los inmuebles de las entidades bancarias sino también a los de particulares. Atendiendo al último informe publicado del Censo de Población y Viviendas del INE, España suma unos 3,4 millones de viviendas vacías.
Por otra parte, el Gobierno también quiere regular los patrimonios públicos de vivienda social. El objetivo es acabar con prácticas como la venta de estos inmuebles a fondos buitre; poniendo en riesgo a familias en situación de vulnerabilidad ante situaciones como altas subidas en los alquileres o los desahucios.
