El impuesto a las sucesiones sigue en el foco del Gobierno

Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descarta las “subidas y bajadas masivas” de impuestos, en la propuesta de armonizar una nueva fiscalidad. Sin embargo, su discurso asoma la posibilidad de apelar a otros tributos, como el de las sucesiones, en la búsqueda de una equidad distributiva general.

En la fase final de la desescalada por el coronavirus, las autoridades perfilan planes de reactivación de los sectores más deprimidos por la crisis. También las formas de obtener recursos extraordinarios para recuperar la economía y cubrir el déficit público esperado en 10,34% del PIB este año.

Además, el gobierno calcula una caída de los ingresos del 5,3%, con 25.711 millones respecto al año pasado. Mientras el aumento del gasto público se estima en 10,5%, con 57.765 millones de euros más, hasta el 51,5% del PIB.

Con este escenario, el Gobierno reitera su deseo de adaptar el sistema tributario a los retos del siglo XXI. “El objetivo principal es lograr un sistema fiscal más justo que reclame una mayor contribución a la sociedad a los que más tienen”, ha reiterado Montero en sus intervenciones.

A tono con ese principio, están los impuestos conocidos como la ‘tasa Google’ y la ‘tasa Tobin’, a las transacciones financieras y a los servicios digitales, ya aprobados por el gabinete. Y que entrarán en vigor en el segundo semestre del año para cuadrar las cuentas públicas. Además, está pendiente la propuesta del vicepresidente Pablo Iglesias de pechar a los ricos. Y, ahora el impuesto de sucesiones sigue en el foco de la atención, al igual que el impuesto al patrimonio.

Impuesto a las sucesiones

La ministra de Hacienda anunció su intención de armonizar el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones, para evitar el «dumping fiscal». De esa actuación, acusa a algunas comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o la Región de Murcia. Montero considera que esas comunidades hacen competencia desleal a otras en las que son más similares al tramo estatal. Con la armonización de la fiscalidad, la ministra pretende obligar a las comunidades autónomas que menos gravan a sus ciudadanos, a subirles los impuestos, entre ellos el de sucesiones.

En los últimos años, la desproporcionada fiscalidad a las herencias de algunos territorios autonómicos ha sacado a la luz numerosos testimonios de familiares arruinados por ese tributo.

Conscientes de ello, algunas regiones han decidido reducir la asfixia tributaria que supone este impuesto. La Comunidad de Madrid lo tiene prácticamente desaparecido para los primeros grados de consanguinidad.

Familias afectadas por los pagos

Juan Carlos Valverde, presidente Asociación STOP Impuesto Sucesiones, rechaza la posibilidad que maneja el Gobierno de ajustar este impuesto. Y se refirió a los casos de familias en Sevilla, que han quedado sin recursos, por recibir herencias y los pagos gigantescos que piden las regiones.

“Es discriminatorio que los andaluces paguemos cien veces más que los madrileños. Muchos andaluces se han ido a vivir a Madrid a plantear una armonización fiscal. Es una verdadera sangría porque esas personas han dejado de aportar sus ingresos en la comunidad. Están haciendo un expolio institucional contra los indefensos. Además, no ves que ese dinero se esté reinvirtiendo en mejores servicios», dijo.

Libre Mercado refleja la dura experiencia de Faviola y Rocío, madre e hija que han atravesado penurias por recibir en herencia una modesta casa.

El relato nació en 2010, cuando en padre de Rocío falleció. Entonces el impuesto de sucesiones andaluz era de los más altos de España.

A la semana del fallecimiento les llegó la primera carta de Hacienda. Las dos mujeres no daban crédito ante la cuantía que les reclamaba el antiguo Gobierno de Susana Díaz en concepto de Sucesiones: 210.000 euros.

Desde entonces han transcurrido diez años y no solo no han podido pagar ese monto que se ha duplicado en el tiempo, por los intereses. Faviola y Rocío están limitadas para actuar en función de la casa y en el manejo de sus ingresos personales, por el temor de que Hacienda se los retenga.

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