Que España no emita gases contaminantes de aquí a 2050 es un reto que exige resolver ese embrollo jurídico nacional. Además, requiere la intervención política en la toma de decisiones, del mismo modo que ha ocurrido frente a la COVID-19, y generar modelos de desarrollo que apenas existen a día de hoy, modelos colaborativos, con participación ciudadana, pública, privada y que propongan soluciones al mismo tiempo locales y globales.