El Supremo venezolano decidirá en cinco días si juzga a la fiscal general

POR CAMBIO16
04/07/2017

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Maikel Moreno, informó que la decisión sobre el proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general de ese país, Luisa Ortega Díaz, será anunciada en un plazo de cinco días. 

«Nos acogemos en el lapso de cinco días para dar nuestra decisión y publicar», dijo el magistrado, con lo que concluyó la audiencia oral y pública contra la fiscal, que no se presentó ante la corte.

Tras abrir la sesión el presidente del TSJ, Maikel Moreno, tomó la palabra el diputado oficialista Pedro Carreño, que inició la acción legal contra la fiscal con una denuncia por supuestas «faltas graves» en el desempeño de sus funciones.

Carreño acusó a Ortega de «ponerse en antagonismo con el poder judicial» y «con el poder ejecutivo», después de que la funcionaria recriminara al TSJ haber roto «el hilo constitucional» y acusara al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de practicar «terrorismo de Estado«.

La fiscal general dijo hoy que no asistirá a la sesión de antejuicio de mérito en su contra en el TSJ por considerar que el proceso que se ha abierto es una violación de la legislación con el objetivo de anular al Ministerio Público.

«Esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso, por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia», dijo en una comparecencia desde la sede de la Fiscalía.

«Ya sabemos que en el día de hoy va a operar mi remoción y no solo a mi sino también al vicefiscal (Rafael González)», señaló la funcionaria que dijo que desconoce a la vicefiscal que designó hoy el Supremo, Katherine Harrington.

Aseguró que no va a «convalidar un circo» que va a teñir la historia de Venezuela de «vergüenza y dolor» pues la «decisión está cantada» por lo que reiteró: «No los reconozco«.

Asimismo, señaló que solo tuvo acceso a su expediente el jueves pasado y que sus defensores solo pudieron asistir al Supremo a introducir una recusación del proceso en su contra esta mañana y que, de inmediato, los magistrados la declararon inadmisible.

Ortega indicó que con este acto del Supremo «quedará abierto el camino para aniquilar por vías violentas el descontento popular» y aseguró que la violencia no solo se observa con la agresión de manifestantes en la calle, sino también en «las acciones de las instituciones» que «perjudican a la colectividad».

«Lo cierto es que a partir de esas apresuradas y defectuosas actuaciones de ese cuerpo judicial la democracia puede ser arrasada por factores políticos atrincherados en el poder que se escudan en las fuerzas coercitivas del Estado para contener el descontento popular», agregó.

Insistió en que existe un «desborde de represión hacia el pueblo que reclama derechos» y que a los cuerpos policiales se han incorporado supuestos «grupos armados» para «atemorizar con armas de fuego a la población que se mantiene en la calle por el hambre y por la carencia de medicinas».

«Después de los términos en que se ha abierto este proceso en mi contra, en contra de esta institución, es claro que el Tribunal Supremo perpetrará una nueva violación a nuestra legislación para anular la ultima institución capaz de proteger a las personas manifestantes que reclaman sus derechos», afirmó.

La nueva Vicefiscal, sancionada por EEUU

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela designó hoy a Katherine Harrington como vicefiscal general, un día después de que el Parlamento, controlado por la oposición, ratificara en ese cargo a Rafael González, designado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el 17 de abril pasado.

El presidente de la Sala Constitucional del Supremo, Juan Mendoza Jover, explicó en el acto que la designación de González fue anulada debido a que no fue revisada en un primer momento por la Cámara que, según el TSJ, se encuentra «en desacato», por lo que Ortega Díaz debía haber sometido su decisión a evaluación del Supremo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, designó en 2015 a Harrington como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal y es considerada por la oposición como una aliada de la llamada revolución bolivariana por haber llevado causas de varios dirigentes políticos encarcelados. Cabe destacar que esta funcionaria fue sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, tomó juramento frente a los medios de comunicación y no ofreció declaraciones.

Harrington fue sancionada por el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama por la violación de los Derechos Humanos. Esta funcionaria fue quien imputó al Alcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien hoy está bajo arresto domiciliario, por los presuntos delitos de organizar y ejecutar actos violentos contra el Gobierno de Venezuela.

En el 2015 acusó a la diputada por el estado Táchira Gaby Arellano, del Frente Universitario de Voluntad Popular, por el delito de conspiración. Actualmente se encuentra en un proceso judicial.

Así mismo, dirigió las acusaciones en el año 2014 a Leopoldo López, recluido en la cárcel militar Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda. En ese mismo año imputó a la exdiputada María Corina Machado por presuntamente tener vinculación con el plan magnicida contra Maduro, lo cual tenía como propósito perturbar la paz del país.

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