El TSJC obliga a la Policía a cerrar todos los locales públicos del referéndum

El Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a los Mossos d’Escuadra, la Guardia Civil y Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum del 1-O y que obligue a cerrar los que se hubieran podido abrir para la votación.

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En un auto, la magistrada del alto tribunal catalán Mercedes Armas, que investiga al gobierno autonómico catalán por convocar el referéndum suspendido por el Constitucional, ha acordado esta medida cautelar, en la que también ordena requisar todo el material relacionado con el 1-O que pueda hallarse en el interior de esos locales públicos.

La magistrada adopta estas medidas ante la «clara inobservancia» por parte de los miembros del Govern de las decisiones del Tribunal Constitucional y también de las órdenes que dio de cerrar webs del Govern y que han sido «burladas» mediante la creación de nuevas páginas donde se disponen centros de voto y se afirma que la consulta va a celebrarse.

En su resolución, la juez manda a los cuerpos de seguridad que, de manera coordinada, impidan hasta el domingo que estos locales de titularidad pública o en los que se presta algún servicio público se usen para la preparación de la consulta. El día 1 de octubre, indica, «se impedirá su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a aperturarse«.

La decisión de la juez se ha producido el mismo día en que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha avisado de la dificultad de cerrar centros públicos en funcionamiento, como centros de salud o geriátricos, y se ha quejado de que fuera el fiscal, y no un juez, quien estuviera ordenando el cierre de los centros.

Las precisiones del TSJC

En este sentido, la magistrada indica que si las votaciones se prevén en edificios con servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, solo se clausurarán las dependencias en las que se produzca la votación.

«Se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios», indica.

También ordena a los cuerpos de seguridad, como ya hizo la Fiscalía, requisar todo el material relacionado con la consulta que se pretenda introducir en los locales o ya esté allí, «incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento de los delitos que se investigan».

Otros centros públicos que manda cerrar son los que se usen como «infraestructura logística o de cálculo», como centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos. Todo ello lo deben realizar los tres cuerpos, destaca, «conjuntamente para la efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo necesario», y cuando sea necesario contarán con el apoyo de la Guardia Urbana y de las policías locales.