EnfoqueC16 | Venezuela y la responsabilidad de la OEA

Por Cambio16
01/06/2017

• La Cumbre de la OEA por Venezuela fracasó por falta de acuerdo
• ESPECIAL | ¡Venezuela Estalla! La radiografía de un país en crisis y sus opciones de futuro

Los cancilleres y representantes de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) debatían este jueves sobre la crisis en Venezuela, en medio de duras negociaciones para hallar un camino viable al convulsionado país sudamericano. A medida que la situación en Venezuela se deteriora, con un saldo de más de 60 muertos en dos meses de protestas contra el presidente Nicolás Maduro y mayores privaciones económicas para su población, la OEA sigue mostrando fracturas sobre si tiene -y cuál es- un rol para encontrar caminos fuera de la crisis.

No obstante, luego de más de tres horas de debates, la reunión rompió las negociaciones. Los cancilleres no lograron «consensuar» una declaración sobre la crisis del país y se emplazaron a otra reunión antes de la Asamblea General de junio en Cancún (México). Dos propuestas fueron las que se pusieron sobre la mesa: la propuesta de declaración de EEUU, México, Perú, Canadá y Panamá que pedía cancelar la Asamblea Constituyente en Venezuela, liberar a los políticos presos, convocar elecciones con observación internacional, respetar la separación de poderes y abrir un canal humanitario. Y otra, presentada por los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que abogaba por un «diálogo» y «respeto a la soberanía de los pueblos».

Tras la reunión, el Gobierno de Venezuela saltó a decir que fue «otro triunfo» que la OEA  no haya emitido alguna declaración -posición que además compartió canciller boliviano, Fernando Huanacuni-, mucho más cuando, en sus argumentaciones, ese organismo «persiste en acciones intrusivas contra la soberanía de nuestra patria y por ende procederemos a retirarnos de la organización» -en palabras de la canciller venezolana Delcy Rodríguez-; es decir, que para el socialismo del siglo XXI, la OEA no puede opinar, debatir, gestionar o impulsar ninguna iniciativa política o diplomática en los países de América, porque ello significa afectar «la soberanía» de las naciones que integran la organización hemisférica.

Exigir al gobierno venezolano el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, respeto a los principios, valores y comportamiento democrático exigido en la Carta Democrática Interamericana, es considerado por el régimen de Maduro, “un injerencismo” que lesiona su soberanía; pero sus personeros no han podido defender públicamente en ningún foro serio e independiente el golpe de Estado contra la Constitución y contra el Parlamento que ha venido ejecutando; y ahora mucho menos puede defender el que está perpetrando contra la soberanía popular, es decir, contra el pueblo venezolano, cuando pretende usurpar la atribución que le asigna la Constitución venezolana vigente al consagrar que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” (artículo 5), y la facultad de convocar mediante el sufragio una asamblea nacional constituyente (artículo 347).

Al Gobierno de Maduro le parece una injerencia en los asuntos internos el tratamiento de estos temas en el seno de la OEA. No pensaba igual cuando en funciones de canciller del gobierno de Hugo Chávez, exigía en voz alta y avasallante la activa participación del mismo organismo continental con ocasión de la crisis política de Honduras en julio de 2009, cuando fue expulsado de la presidencia de la nación centroamericana Manuel Zelaya, aliado de la izquierda radical latinoamericana.

En aquella oportunidad, el entonces canciller Maduro expresó lo siguiente: “La decisión de la OEA es una decisión trascendental, que van a llevar a una situación inaguantable en el campo económico, comercial, financiero. Que van a hundir en la mayor profundidad de la crisis económica y social a Honduras, por su empeño, de un grupo, un grupito de políticos del pasado de imponerle una dictadura al pueblo de Honduras. Deben saber los militares que ahora viene un recrudecimiento de las presiones internacionales. Que ha habido una decisión mayoritaria, unánime de la OEA. Que hay una voluntad muy clara de todos los gobiernos del mundo. Esto no había sucedido nunca antes…”.

En aquella oportunidad, el golpe de Estado contra el gobierno de Zelaya, sí ameritaba la aplicación de la Carta Democrática, y valían “las presiones internacionales”, considerando la decisión de la OEA como “trascendental”; ahora que él encabeza un golpe contra el Parlamento de su país, contra la soberanía popular, y contra su Constitución, la misma que impulsó su líder Hugo Chávez, entonces es un atentado contra la soberanía. Doble moral, doble discurso de una secta política que carece de valores y principios democráticos, y que han hecho del oportunismo, el pragmatismo y el atropello su regla en la vida política interna y externa.

En cuanto a la OEA, lo arriba expuesto ha sido expuesto en repetidas ocasiones por su secretario general, Luis Almagro, quien apenas este jueves decía que que la salida de Venezuela del organismo «no es la solución» a la crisis política de la nación caribeña, sino que la solución es «la redemocratización del país». Pero al parecer las palabras de Almagro no permean en algunos de los cancilleres del continente.

Redemocratización #Vzla es tema clave de Cancilleres, evaluación colectiva de alteración del orden constitucional continúa en #AsambleaOEA pic.twitter.com/YWIMeCLU0H

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) June 1, 2017

La materia de la vigencia de la democracia y de los derechos humanos en los países del continente americano, y en cualquier región del planeta, permite de nuevo volver sobre los conceptos de la soberanía y de los deberes de la comunidad internacional para garantizar a los pueblos el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas en los tiempos que vivimos.

Es una tesis universalmente aceptada que la soberanía hoy día es un concepto relativo. Vale decir, los pueblos, y en su representación los Estados, ceden en organismos supranacionales, a través de tratados internacionales, parte de su soberanía en la búsqueda de la protección de los derechos de sus ciudadanos, de su seguridad, y en la promoción del desarrollo económico y social.

Ello explica la existencia de organismos supranacionales que dictan normas de obligatorio cumplimiento por los Estados miembros. Es el caso de la Unión Europea, la OEA, Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Organización Mundial de Comercio, entre otras entidades.

Especial mención merecen los acuerdos en materia de derechos humanos, que tienen en la vigencia de la democracia como sistema de vida y de gobierno el eje transversal de garantizar su vigencia y respeto. Un país que no respeta la democracia, que no garantiza la libertad, el pluralismo, la separación de poderes y la alternancia en el poder, es un país que se convierte en una grave amenaza a la paz interna y externa, y obliga a la comunidad internacional a llevar a cabo todas las gestiones políticas y diplomáticas necesarias para lograr el respeto a eso valores y compromisos.

El mundo moderno, y cualquier conciencia auténticamente democrática, no puede aceptar que en nombre de “la soberanía” y “la no injerencia en los asuntos internos”, cualquier camarilla o secta política secuestre el poder e imponga a su pueblo una dictadura que lo conduzca a la negación de derechos fundamentales de toda persona humana, como lo son la vida, la salud, la libertad, la propiedad privada, y la participación en la vida política.

La comunidad internacional a través de sus órganos, y en estricto apego a los tratados internacionales, debe movilizarse para garantizar la democracia y los derechos de los pueblos. Venezuela ha llegado a esta situación. Una camarilla ha secuestrado el poder. Han perdido toda legitimidad al cerrar el camino electoral, y al desconocer a un Parlamento recientemente elegido; y, para completar, quieren cambiar el modelo de Estado mediante la usurpación de la soberanía popular, instalando una fraudulenta asamblea constituyente.

La OEA entonces tiene pleno derecho de gestionar en Venezuela la restitución de la democracia. Y hoy más que nunca, teniendo el organismo una gran oportunidad  de ayudar a Venezuela a salir de la profunda y violenta crisis integral que está sufriendo actualmente.

Esta no sería la primera vez que  se pronuncie contra una dictadura y actúe en defensa de un pueblo oprimido y reprimido. En agosto de 1960, la VI Reunión de Consulta de los Cancilleres de la OEA condenó a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, de República Dominicana. Todos los países miembros  rompieron relaciones diplomáticas con Trujillo y le impusieron un bloqueo económico de castigo. Y más importante para Nicaragua fue la resolución de la XVII Reunión de Consulta de los Cancilleres de la OEA, en junio de 1979, que exigió la renuncia inmediata del presidente Anastasio Somoza Debayle y respaldó la instalación de la junta de gobierno provisional, que había formado el FSLN para sustituir al dictador.

Ahora, en Venezuela, el Gobierno de Maduro está masacrando a los venezolanos que reclaman en las calles libertad, democracia, justicia, pan y medicinas. En estas circunstancias, los gobiernos democráticos miembros de la OEA tienen la obligación de  ayudar a ese heroico pueblo,  por lo menos rompiendo relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro. Ojalá se atrevan a hacerlo. De otra manera, como dicen los expresidentes iberoamericanos,  serían responsables de la tragedia que ocurra en ese país. El talante democrático mundial espera una respuesta efectiva de ello.