A principios de año, la Corte Suprema de Brasil sospechaba sobre la posible existencia de un plan para facilitar la exportación de productos forestales ilegales. Para comenzar las investigaciones, la semana pasada el tribunal le ordenó a la policía que le pusiera la lupa al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, para saber si encubrió a los criminales que talaban el Amazonas. Ahora, uno de los principales aliados de Jair Bolsonaro podría enfrentarse a la justicia brasileña por delitos contra el medio ambiente.
Todo comenzó en enero de 2020, cuando el servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS) incautó tres contenedores de madera brasileña indocumentada en Savannah, Georgia. Luego el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), con sede en Belém, confirmó que el exportador no estaba autorizado y que se había ingresado información falsa en el sistema de control oficial.
Un mes después, la sede de Ibama en Pará contradecía a la oficina de Belém. Argumentaba que la madera provenía de una fuente legal y debería ser puesta a la venta. Para llegar al fondo, el agente de FWS, Bryan Landry, se reunió con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Brasilia y el presidente de Ibama, Eduardo Bim. Tras la reunión, Ibama decretó que los permisos de exportación de madera ya no eran necesarios, lo que facilitaba a los madereros ilegales enviar madera fuera del país.
En noviembre de 2020, las redadas policiales en el estado de Pará incautaron un récord de 200.000 metros cúbicos de madera talada ilegalmente, suficiente para llenar 90 piscinas olímpicas, con un valor de 24 millones de dólares.
Comienzan las investigaciones
El incidente dio pie a la investigación policial sobre el origen de la madera incautada en Estados Unidos. El entonces superintendente de la policía federal en la región de Amazonas, Alexandre Saraiva, acusó al ministro Salles de haber formado “una sociedad” con el sector maderero. También se acusó al senador Telmário Mota, del estado amazónico de Roraima, por «un intento de entorpecer la investigación de delitos ambientales”.
Saraiva instó a la Corte Suprema a investigar a Salles, Bim y Mota. Sin embargo, fue degradado al día siguiente. La policía dice que los dos hechos no están relacionados. La investigación paró hasta mayo, cuando el tribunal autorizó a la policía federal a investigar a Salles y otros funcionarios públicos. Además, ordenó a Ibama reimponer los permisos de exportación de madera.
Operación Akuanduba
El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes autorizó la llamada «Operación Akuanduba» (en referencia a la mitología de los indígenas araras del estado de Pará). En las investigaciones la policía consiguió registros bancarios y fiscales de Salles y «transacciones sospechosas». También un «movimiento extremadamente atípico» de 2,6 millones de dólares que involucraba al bufete de abogados de Salles.
En el proceso, el tribunal también ordenó la suspensión inmediata de 10 funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y del Ibama. Además, varias ONG brasileras acusaron a Salles de desarticular las entidades estatales que fiscalizan los delitos en los ecosistemas brasileños.
El ministro ha negado cualquier irregularidad diciendo que la investigación es «innecesaria» y «exagerada». “Le expliqué al presidente Bolsonaro de qué se trata. Me parece que es algo que será esclarecido con mucha rapidez”, dijo Salles.
La prioridad es proteger la Amazonia
Hay una fuerte presión para que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituya a su aliado ideológico. Salles no ha mostrado ninguna intención de renunciar a su cargo y los juicios ministeriales son raros en Brasil. Los medios locales apuntan que «Salles solo perderá el cargo si mantenerlo como ministro le cuesta votos a Bolsonaro en las elecciones presidenciales del próximo año».
El resultado de la investigación a Ricardo Salles podría tener grandes repercusiones en las conversaciones entre Brasil y Estados Unidos sobre la financiación para proteger la Amazonía. Los activistas ambientales han pedido al Gobierno de Biden que no negocie con Bolsonaro. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Estado ha dicho que confían en las «instituciones democráticas brasileñas». Además, «respetan la soberanía de Brasil para enfrentar los desafíos ambientales». Agregó que el departamento “espera continuar trabajando con Brasil”.
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