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Financiación Autonómica: la cuenta pendiente de la política en 2018
Financiación Autonómica: la cuenta pendiente de la política en 2018

Financiación Autonómica: la cuenta pendiente de la política en 2018

Por Andrés Tovar 
19/1/2018

La financiación autonómica es la cuenta pendiente de la política en España en 2018.

Cumpliéndose ya un año de la última Conferencia de Presidentes, el tema sigue latiendo en carne viva.

Y, hoy por hoy, adquiere una importancia vital: la crisis en Cataluña es la prueba de la necesidad de un debate sobre cómo deben financiarse las autonomías para gestionar los servicios públicos sobre los que tienen competencia.

Además, es una deuda pendiente del Gobierno central y fue el gran compromiso del último cónclave.

El Ejecutivo lo sabe: tras el 21-D, el propio Mariano Rajoy adelantaba su interés en realizar la conferencia de este año en el primer trimestre de 2018.

Eso si, cuando la situación en Cataluña “se normalice” -palabras textuales- y cuando por presupuestos del Estado “estén encarrilados”.

Dichas consideraciones ya plantean los dos primeros retos, de los muchos que tiene el tema.

Así, tras el incumplimiento del compromiso de tener el acuerdo cerrado este año, la oposición y las CC/AA reaccionan, el tiempo corre y, con un futuro Govern catalán en puerta, discutir la financiación autonómica se traduce prácticamente en un símbolo de estabilidad.

Repasemos el escenario y los retos (que deben) por venir en el camino al debate de una nueva financiación autonómica en España.

La Financiación Autonómica, compromiso clave

El modelo vigente de Financiación Autonómica en España se aprobó en 2009. En 2018 está desfasado.

En la conferencia de 2017, se esperaba que una comisión técnica pusiera la mesa saturada de papeles, pues el objetivo es “reinventar” el modelo.

Ahora, a un año de la propuesta, el tema no se ha avanzado demasiado.

Desde el Ejecutivo manifiestan estar conscientes de ello.

Pero argumentan que la falta de gobierno en Cataluña ha retrasado el tema de la financiación autonómica.

Pero defienden los otros compromisos cumplidos.

Entre ellos, enumeran las ayudas al empleo y la protección al consumidor de energía sin recursos.

Pero partidos como el PSOE no sólo discrepan de ello.

También reclaman que no haya desarrollado aspectos claves del único gran pacto institucional de la legislatura.

Dentro de la coalición socialista, voces como las de Ximo Puig o Guillermo Fernández Vara han abordado las demandas.

Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, es partidario de que se forme un frente común que fuerce al Ejecutivo a abordar la financiación.

Y Fernández Vara ha sostenido que la política no es “esperar a ver qué hacemos cuando surjan problemas en un territorio”.

Ambos han reivindicado la necesidad urgente de convocar la conferencia para “redefinir España”.

El PSOE recrimina al Ejecutivo que no haya hecho público su proyecto.

E incluso, los presidentes autonómicos del PP no esconden su gran inquietud por el retraso.

No es un secreto que autonomías como Madrid o Murcia lamentaban situarse bajo la media nacional en cuanto a financiación recibida por habitante.

Los retos de la financiación autonómica

Por consiguiente, al Gobierno se le hace urgente establecer las sinergias entre las comunidades autónomas.

Y entre dichas sinergias, hay un caso especial: Cataluña.

Particularmente para la región, el tema debe servir de marco para que un nuevo Govern salga de su autoaislamiento dentro del Estado.

Obviamente, eso dependerá de la voluntad del Govern que venga. En 2017, Carles Puigdemont dejó la silla vacía.

El modelo actual de financiación autonómica en España

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El modelo de financiación autonómica que prevalece desde 2009 recoge distintas modalidades o regímenes.

El llamado régimen foral se relaciona con el País Vasco y Navarra.

Mientras que Canarias y las dos ciudades autónomas cuentan con sus respectivos sistemas.

Las 14 autonomías restantes se rigen bajo el denominado régimen común.

Así funciona el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas

El régimen común garantiza que sea cedido a estas CC.AA. un porcentaje de la recaudación de determinados tributos.

Concretamente, la cifra recibida se corresponde con la mitad del IRPF y el IVA, el 58% de los Impuestos Especiales y la totalidad de lo recaudado a través de tasas como la que afecta a Sucesiones y Donaciones, a Electricidad o a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Asimismo, el régimen común contempla el llamado Fondo de Garantía, que permite a cada autonomía asegurar la correcta financiación de sus servicios públicos.

Cada Comunidad Autónoma proporciona a este fondo un 75% de su capacidad tributaria.

Ésto se completa con una aportación del Estado.

Asimismo, con los Fondos de Suficiencia y de Convergencia que, en teoría, pretenden favorecer el equilibrio económico territorial.

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