Por Cambio16
22/09/2017
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El Gobierno dice tener previstos todos los escenarios posibles hacia los que pueda evolucionar el conflicto con el Ejecutivo de la región de Cataluña, que mantiene su intención de celebrar el 1 de octubre un referéndum soberanista, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Así lo manifestó hoy el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que «no abdicará» en la defensa de los derechos y principios democráticos y en combatir «los intentos de discriminación antidemocrática» de los partidos soberanistas en Cataluña.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comunicado que el Gobierno ha decidido desplazar a Cataluña unidades de Policía Nacional y Guardia Civil para apoyar a las fuerzas de seguridad regionales (Mossos d’Esquadra) en el mantenimiento del orden público.
El Ejecutivo tomó esa medida en virtud de la legislación española, que prevé la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público.
Numerosas personas se concentraron hoy ante el Tribunal de Justicia de Cataluña para apoyar a los detenidos el pasado miércoles – entre ellos varios altos cargos de la administración regional -, después de que ese mismo día se registraran incidentes leves durante el registro a la Consejería de Economía catalana.
La consulta soberanista convocada por el Gobierno catalán ha sido suspendida por el Constitucional, mientras las fuerzas de seguridad se han incautado de material destinado a la votación, desde millones de papeletas a cartas que iban a ser dirigidas a miles de ciudadanos para que formaran parte de las mesas electorales.
Contra las cuerdas
Los independentistas catalanes reconocen que todas esas acciones han alterado el panorama, pero se mantienen dispuestos a votar el día 1.
El portavoz del Gobierno español subrayó que todos los ciudadanos pueden tener la seguridad de que el Gobierno «va a hacer cumplir las leyes» e instar a que todos procesos se «adecúen» a derecho.
Frente a esta actitud ha contrapuesto la de quienes se encuentran instalados «en la ilegalidad permanente» a quienes ha advertido de que «nadie esté por encima de las leyes» y que quien las vulnere tendrá que afrontar las consecuencias.
Méndez de Vigo ha querido dejar claro que se trata de un referéndum sin base jurídica alguna «tomado en una sesión parlamentaria donde se echó atrás el parecer de los letrados y del Consejo de Garantías Estatutarias y no pudo intervenir la oposición; es decir una ruptura de las más elementales reglas democráticas», explicó.
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