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Juan Gonzalo Ospina: "El poder judicial está sometido al poder político"

Este joven abogado penalista, fundador de Ospina Abogados, ha publicado recientemente El abogado líder. Un libro prologado por el exministro de Justicia Rafael Catalá y epilogado por José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid; en el que ejerce como diputado de la junta de gobierno. Esta obra está planteada a modo de manual práctico para orientar a los abogados que tengan como objeto “triunfar en una profesión, en la era digital, llena de incertidumbres y dificultades”. Ospina trabajó para Rafael Martínez Echevarría y considera al fiscal Ignacio Gordillo como su “maestro indiscutible” en derecho penal. Juan Gonzalo Ospina presidió la Asociación de Jóvenes Abogados en Movimiento –de la que también fue uno de sus fundadores–. Posteriormente, también la Agrupación de Abogados de Madrid.

–¿Cuál es el perfil de ese “abogado líder” que sugiere el título de su libro?

El abogado líder tiene que estar en contacto con la realidad; entender las necesidades del cliente y siempre en constante estudio con el derecho. También con las nuevas tecnologías para poder ofertar servicios de la máxima calidad; con respecto a esos derechos y libertades que nos reclaman nuestros clientes.

En líneas generales, ¿cómo se mide el éxito?

El éxito, como recoge El abogado líder, implica el poder vivir en plenitud con nuestros clientes. Por un lado, obtener sentencias favorables de los tribunales; defendiendo sus derechos o, en su defecto y en su caso, consiguiendo acuerdos que sean provechosos para ambas partes. Hablando del “abogado líder” intentamos hacer lo que se llama “win to win”. Es decir, que las dos partes siempre ganen. Creo que esto es importante para las nuevas generaciones del derecho.

Y usted, ¿se considera un profesional exitoso?

De momento tenemos la suerte de tener mucho éxito en el despacho; en el sentido de que ejercemos la profesión con plenitud en un estado de mucha felicidad. Y también defendiendo con éxito los derechos, obteniendo sentencias favorables para muchos de nuestros clientes. En otros casos, como no puede ser de otra manera, no. En cualquier caso, siempre intentando trabajar con nuestros clientes las líneas de defensa y que el abogado siempre haga todo lo que esté en sus manos para defenderle con la máxima garantía y que luego ya determine el juez qué decisión tomar.

¿Qué labor desarrolla como diputado de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid?

Principalmente, defender el derecho de defensa. Es decir, que aquellos abogadas y abogadas que ejercen en los tribunales no se sientan limitados en el ejercicio profesional. Limitados ante jueces, fiscales o inclusive funcionarios u otros compañeros. En la junta de gobierno intentamos trabajar por alzar el nivel de la abogacía; que tiene que estar presente y activo en la sociedad civil. Defendemos derechos de los clientes y entendemos y comprendemos reformas que son necesarias llevar a cabo. El fin es defender con mayor plenitud estos derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

¿Qué ambiente se respira ahora en el Colegio tras unas elecciones con las luchas fratricidas?

El Colegio de Abogados de Madrid es el más grande de Europa: representa a unos 77.000 colegiados y colegiadas. Por ello, llegar al decanato, a la junta de gobierno, muchas veces implica distintas luchas, que transgreden las ideologías políticas, los proyectos o los programas. El ambiente que hoy se vive es muy bueno y muy positivo. Estamos trabajando con todos los grupos que pueden conformar una oposición, entendiendo que en el diálogo y en el consenso está la virtud. Como siempre decimos, la justicia no entiende de derechas o de izquierdas, sino de lo justo.

¿Qué le motivó a fundar, junto a otros compañeros, la asociación Jóvenes Abogados en Movimiento en 2013?

Es una pregunta muy bonita, que agradezco, porque es la esencia de lo que somos hoy muchos de esos compañeros y compañeras que fundamos Jóvenes Abogados en Movimiento. El motivo principal era buscar la unidad y la participación de un colectivo que entendíamos que estaba bastante apartado. Posiblemente nos unió, y es gracioso decirlo, la ley de tasas. Entendíamos que la ley de tasas que se había aprobado en ese momento era radicalmente inconstitucional porque vulneraba una serie de derechos fundamentales: el derecho de asistir a unos tribunales, que tiene que ser el servicio principal de un Estado de derecho…

¿Por qué escogió la especialidad de derecho penal?

Creo que fue el destino, que me puso en el camino acabar siendo un abogado penalista. Tuve la oportunidad de ejercer durante casi dos años en Marbella, junto a grandes profesionales del derecho, jueces y fiscales que están en excedencia. Sobre todo, lo que más me gustaría en la actualidad es poder defender la libertad de nuestros clientes; sus derechos fundamentales en general, pero también ese derecho a la libertad, que nos permite vivir con dignidad.

¿Cree necesario reformar la ley procesal penal?

Sin duda. Creo que tenemos una tarea muy importante por delante para fortalecer, por un lado, a la víctima. También al investigado. Las personas que cometen hechos delictivos deben acabar siendo condenadas. En definitiva, creo que es muy importante reformar la ley de enjuiciamiento criminal porque creo que en España hay inocentes en prisión. No porque nuestros tribunales no funcionen sino porque nuestra ley de enjuiciamiento criminal limita el acceso a las pruebas a las partes y acaban existiendo sentencias condenatorias que no han valorado circunstancias que se tendrían que haber tenido en cuenta para determinar si esos hechos realmente ocurrieron como se recoge en la sentencia.

¿Y la Constitución?

Considero que el modelo territorial de España tiene que adaptarse a la realidad que estamos viviendo. Creo que tocar la Constitución es abrir una caja de truenos pero, sin embargo, encuentro necesario fortalecer las instituciones del Estado: el Senado, el Congreso y el respeto hacia nuestro jefe de Gobierno, hacia nuestro presidente y, posiblemente, habría que plantear alguna reforma en la ley electoral para mejorar la proporcionalidad y también las competencias que tienen transferidas la comunidades autónomas con el fin de generar mayor igualdad en todo el marco común del espacio nacional.

¿Por qué son tan farragosos el lenguaje procesal y el procedimiento penal?

Creo que la ciudadanía, muchas veces, no entiende cuál es el recorrido real de una definición jurídica y, por ello, tiene que haber un trabajo constante por parte de los medios de comunicación para que, desde el respeto a las instituciones y con mucho diálogo, se pueda explicar cuál es el marco normativo de una resolución judicial. Creo en el Estado de derecho, creo que tenemos unos magníficos jueces y fiscales, la integridad moral de los mismos prima. Pero también es necesario reformar las leyes, ya que son los instrumentos que estos utilizan para tener una justicia de calidad.

¿Está politizada bajo su punto de vista la justicia?

Creo que la justicia española no está politizada en sí, sino que hay jueces que pueden tener una decisión política de un sesgo o de otro. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que regula la cúpula de nuestro poder judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desvirtúa a mi modo de entender la separación de poderes, el artículo 122.3 de la Constitución española. Hemos llegado a un punto en el que el CGPJ, que es el órgano máximo de la judicatura en España, está escogido, íntegramente, por el poder político. Creo que esto es malo, creo que esto mancha a nuestro poder judicial y también siembra dudas, que no existe en la mayoría de los casos, que la ciudadanía no comprende y que, en general, conviene reformar.

¿Qué dotaciones precisa?

El principal campo de batalla no solo es el econónomico, no solo son los recursos, no solo es necesario tener más jueces, más fiscales y más funcionarios que agilicen la administración de justicia… Sería muy importante llevar a cabo reformas legislativas que agilicen la investigación penal que, hoy en día, se rige por una ley de 1882 que genera muchas disfunciones, en muchos casos con resoluciones que no terminan siendo justas.

¿Considera positivo el rejuvenecimiento de la política?

El rejuvenecimiento en la política es positivo, es bueno y es lo que exige el siglo XXI. Pero también hay que ser muy riguroso y muy ecuánime a la hora de determinar si esto es positivo, es negativo o si va a mejorar el día a día de la ciudadanía. En la antigua roma contaban con el curso sonorum a la hora de desempeñar cargos políticos o públicos, desde la concejalía hasta el Senado. Hecho en falta esa experiencia por parte de nuestros dirigentes. Es muy positivo que haya juventud, aire fresco, nuevas ideas, integridad, un debate más transparente… Pero es necesario recordar que la experiencia es un valor añadido y es la mejor universidad. Por ello, también, dentro del equilibrio, creo que es necesario contar con aquellas personas que nos han representado a lo largo de estos años para aprender con ellos.

Como profesional del derecho, ¿qué opinión le merece que, con independencia de las siglas, haya políticos salpicados por supuestos tratos de favor o irregularidades en la obtención de estudios universitarios?

¡Horrible! Es indefendible. Creo que es intolerable y que es muy necesario, eso sí, matizar entre supuestos. Pero para los jóvenes que tanto nos ha costado sacar adelante una carrera, un máster o un doctorado, encontrarnos con una duda razonable sobre un trato de favor es malo para nuestras instituciones y para nuestra política en general. Pero además de ese supuesto trato de favor hay que analizar cómo el sistema ha podido tolerar que se haya podido ofertar ciertos títulos sin el control oportuno de las administraciones. Es ahí donde creo que habría que hacer una revisión general y poner las cosas en orden. Por respeto a toda la ciudadanía, pero so bre todo a nuestro Estado de derecho y a nuestras instituciones.

¿Y los que han modificado su currículum público, eliminando cargos que no podían justificar?

Esto es triste porque hace 20 y 30 años teníamos unos políticos formados, que no intentaban engañarnos con su currículum y hoy tenemos muchos políticos no formados que intentan engañar y maquillar su currículum. En derecho penal se podría entender casi como una forma de estafa en la que se intenta embaucar a la ciudadanía para obtener su confianza. Esto es intolerable. No nos lo merecemos.

María Jesús del Barco, nueva decana de los jueces de Madrid, es la segunda mujer que accede al cargo desde que lo hiciera Manuela Carmena en 1993. ¿Qué valoración hace?

Positiva. Creo que siempre es positivo que los cargos cambien, que los cargos roten. Un cambio siempre trae aire fresco, trae cercanía… He tenido oportunidad de hablar con ella y creo que es una persona muy cercana, muy dialogante, que entiende las necesidades de mejora de la administración de justicia y creo que hará un gran trabajo defendiendo y representando a los jueces en plaza de Castilla, que es la pirámide fundamental de la administración de justicia en Madrid. Por ello, creo que es bueno para la abogacía también.

Y desde el punto de vista de género, ¿considera que hay igualdad en el ámbito de la justicia?

Tenemos que seguir trabajando para que las mujeres tengan las mismas oportunidades reales en contraposición con los hombres. Y cuando hablo de “oportunidades reales”, yo que acabo de ser padre, me refiero a encontrar oportunidades de conciliación real. Esto es: habilitar espacios para poder atender a un bebé en un momento puntual, habilitar espacios de cuidados, de educación infantil, mejorar los horarios para adaptarlos a los usos europeos. Sí creo que hay desigualdades y hay que seguir trabajando. Sin embargo, no comparto que el camino sea imponer discriminaciones en la ley o beneficios a favor de un género o de otro que, al fin y al cabo, acaban generando también desigualdad. Creo que los políticos, en lugar de llenarse la boca con tópicos, tendrían que ejecutar políticas claras que permitan llegar a esa igualdad.

El magistrado Rafael Soriano, en referencia a Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, llega a hablar de “falta de sentimientos y humanidad”… Aunque tengan reconocido sus legítimos derechos, ¿es difícil defender a asesinos, violadores o criminales de este calibre?

Hay que discernir siempre entre abogado y cliente. El abogado es un instrumento o una herramienta necesaria, por así decirlo, en un Estado de derecho. El derecho de defensa es uno de nuestros derechos fundamentales por excelencia: poder defenderte, con todas las garantías, de las acusaciones que se realizan contra ti. Como se dice habitualmente en las facultades “detrás de una historia hay otra explicación”. Por ello, el abogado sí tiene dificultades a la hora de defender a clientes que están envueltos en casos mediáticos, pero no es quien se va a encargar de que Ana Julia, en este caso, sea declara inocente o culpable. La misión del abogado es tratar de que se aplique siempre la legalidad. Es similar al médico que está obligado a atender a una persona que ha cometido un crimen atroz. Ahí es donde está la profesionalidad y la integridad del buen abogado, que sabe discernir los sentimientos de los derechos que asisten a su cliente.

¿En algún momento pasa factura emocional?

Todo afecta. Además, el derecho penal es muy vivo, ya que trata con historias humanas de primer nivel. Los abogados penalistas tenemos que marcar desde un principio la línea de defensa y sobre la misma, en la estricta aplicación de la ley y la buena fe, ver lo que realmente ocurrió.

De los casos que ha llevado hasta la fecha, ¿cuál es el que más le ha marcado?

Cada caso es muy importante y te lleva a una relación emocional de lo que es el Estado de derecho y de lo que somos en este mundo. Nunca olvidaré mi primer procedimiento penal. Era una agresión sexual de una persona que cuando cogimos el caso estaba en prisión provisional. A los pocos meses logró salir en libertad y, posteriormente, acabó falleciendo. No se me olvidará la primera vez que entré en una prisión, en Soto del Real. Era el mes de diciembre, con la nieve en la montaña, con un frío que se calaba en los huesos… Es una imagen impactante que nunca se me va a olvidar.

¿Qué opina de la controversia con Bélgica por la extradición del rapero Valtònyc?

Hay una valoración jurídica y otra más personal. La jurídica es que en el Estado de derecho hay que cumplir las leyes. Y si nuestra ley contempla que lo referido por el señor Valtònyc hace varios meses es un acto punible por el código penal y hay una sentencia condenatoria: hay que cumplirla. En caso contrario, están ahí las cortes para reformar la ley. Mi valoración más personal: creo que hay diversos aspectos del Código Penal que habría que entrar a valorar con mucho rigor, con mucho consenso, porque acaba habiendo situaciones donde, por causas menores, nos encontramos ingresos en prisión y por fraudes millonarios, que la ciudadanía no entiende, acaba habiendo sentencias simbólicas e impunidad para aquellos.

¿Considera que hay presos políticos en España?

En España no hay presos políticos. Entiendo que los hechos que se están investigando y enjuiciando [en relación al proceso soberanista catalán] pueden ser recogidos en delitos gravísimos de nuestro Código Penal. Hubo un desarrollo de hechos sobre los que el Tribunal Constitucional advirtió de que no se podían llevar a cabo y aun así hay que garantizar la presunción de inocencia. Yo no diré que estos señores son autores de ningún tipo de delito, pero sí que existen indicios incriminatorios muy sólidos para considerar que los hechos que se van a enjuiciar en el Tribunal Supremo los próximos meses son de la suficiente entidad para que estén estos señores en prisión provisional a la espera de la celebración de juicio.

¿Y cómo se puede conseguir un marco de convivencia que sea aceptable para todos?

La convivencia se tiene que trabajar desde las instituciones con una visión general: no incentivando el odio, no incentivando la controversia y, mucho menos, sin utilizar los recursos públicos para favorecer una ideología que está en contra del marco normativo que nos permite a todos los ciudadanos vivir en libertad.

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