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La violencia machista en España no tiene solución sin acción
La violencia machista en España no tiene solución sin acción

La sexual es la violencia machista "más extendida e invisible"

Por Cambio16
25/11/2017

Solo en España, más de 800 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en los últimos 15 años. Ya son 45 en lo que va de año. Y este sábado se recordará a todas ellas con la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pero además, 7.240 mujeres fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual en España en 2016. Son 417 más que el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior. Y esta cifra sólo se refiere a las agresiones denunciadas. Porque se estima que éstas suponen apenas un 10% de las totales.

En cambio, sólo 9 de las 17 comunidades autónomas españolas disponen de recursos públicos para víctimas de violencia sexual de género. Son Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana. Y no hay un solo centro público de emergencias (24h/7días) especializado en situaciones de violencia sexual de carácter estatal.

En algunas de las regiones los servicios no están garantizados, sino que son iniciativas privadas dependientes de subvenciones públicas. Y esta situación genera desigualdad territorial y no garantiza estándares mínimos en todo el Estado.

Esa es la denuncia que realizan una decena de organizaciones a través de un comunicado. Entre los firmantes están Médicos del Mundo, Alianza por la Solidaridad, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Federación de Planificación Familiar Estatal  (FPFE), el Fórum de Política Feminista, Fundación para la Convivencia Aspacia o la Red de Mujeres de América Latina y Caribe (Red Latinas).

Todas ellas denuncian la situación de “desprotección e indefensión jurídica” de estas mujeres. Y a esto se añade que el abordaje de las violencias sexuales no suele tener en cuenta a los grupos más vulnerables y sus especiales necesidades: niñas,  jóvenes, mujeres transexuales, mujeres mayores, migrantes –en especial aquellas en situación administrativa irregular–, empleadas de hogar, mujeres con discapacidad, con problemas de drogodependencias o las que han perdido su hogar.

La violencia sexual es “una de las manifestaciones de la violencia de género más extendida e invisible”, apunta el comunicado.  Y afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital.

Una de cada tres mujeres han vivido situaciones de violencia física y sexual en todas las regiones del mundo. Y 3,7 millones de mujeres en la Unión Europea han experimentado alguna forma de violencia sexual, según datos de Agencia Europea de Derechos Fundamentales de 2014.

El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, exhorta a los Estados parte a establecer medidas para la prevención, protección y reparación de las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia sexual, así como a la persecución de dicha violencia. Aunque está vigente en España desde el 1 de agosto del 2014 y es de obligatorio cumplimiento, se desconocen las medidas que se están llevando a cabo para su implementación.

Las peticiones

Por eso, las diez organizaciones firmantes del comunicado piden la incorporación de la violencia sexual en la legislación actual y futura sobre violencia de género. Respondiendo al artículo 36 del Convenio de Estambul. Un texto vinculante para los Estados que lo han ratificado como es el caso de España.

También reclaman responder a la recomendación general 19 del Comité CEDAW respecto a la atención a la trata, explotación sexual y turismo sexual. Asimismo, reivindican que la educación sexual esté presente en el currículum escolar de todos centros educativos. Siempre como “una herramienta preventiva imprescindible de la violencia sexual”.

Formar adecuadamente en estas materias a los ámbitos jurídico, policial, social y sanitario es otra de sus peticiones. Así como una dotación económica necesaria para la lucha integral contra la violencia hacia las mujeres.

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