españoles dependen
Los ocupados con contratos temporales y autónomos se han visto más afectados durante la crisis sanitaria.

Con la crisis sanitaria los españoles dependen más del dinero público

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La paralización parcial de la economía y el cese de contratos temporales amplían la dependencia y el número de personas que viven del dinero público.

La fragilidad del empleo y del ingreso mensual en las familias ocurre en circunstancias poco alentadoras de la economía. Ya el Banco de España emitió algunas perspectivas para 2020: una contracción económica de hasta 13% del PIB, una escalada del desempleo y el déficit público en ascenso entre el 7% y el 11% del PIB.

El escenario genera preocupación cuando son más los españoles que dependen de un ingreso o aportes del Estado. En total, hay 19.924.007 millones de ciudadanos en estas circunstancias. Bien sea a través de la percepción de una pensión o debido al pago de las ayudas que se están aprobando o que  estaban en vigor antes de la crisis.

Más personas dependen del dinero público

Las cifras de afiliación publicadas por la Seguridad Social para marzo muestran que España tiene 8.896.412 pensionistas. Este monto experimenta una reducción de 8.400 beneficiarios que rompe con la tendencia histórica y podría reflejar, al menos en parte,  la mortalidad asociada a la COVID-19, señala Libremercado.

Mientras, la ratio de afiliados/pensionistas ha caído a 2,2, su nivel más bajo en más de veinte años. Esto ahonda la preocupación por la crisis de una Seguridad Social que cerró 2019 con un déficit de casi 17.000 millones. La pensión media supera los 1.000 euros, siendo de 1.155 euros en el caso de los jubilados y de 1.380 entre los nuevos receptores.

El último dato de paro divulgado por el ministerio de Trabajo antes del estado de alarma apunta que España tenía en febrero 3.246.047 parados. De ese total, 2.002.295 percibían una prestación. De media, esta ayuda ronda los 925 euros, lo que supone un 7% más que en 2019.

A raíz de la crisis sanitaria, el mercado de trabajo ha experimentado un fuerte aumento del desempleo que se concentra especialmente entre los ocupados con contrato temporal. Las cifras para el pasado mes elevan a 834.000 el número de personas que han perdido su empleo por esta vía.

El rubro referido al número de desempleados que han solicitado una baja laboral asociada a la COVID-19 también supone un aumento en el gasto público.

A la espera de ingresos y ayudas

El gobierno había concedido el pasado 25 de marzo un total de 130.000 bajas de incapacidad temporal asociadas a la pandemia. Esta cifra podría indicar que el número total de infectados sería mucho mayor, puesto que los test realizados hasta dicha jornada solo habían detectado unos 50.000 positivos.

La aprobación de expedientes de regulación de empleo (ERTE) se ha convertido en el salvavidas que podría evitar una crisis mayor en el mercado de trabajo. Aunque a comienzos de la legislatura el gobierno parecía escorarse hacia una posible derogación del mecanismo, la pandemia ha revertido dicha revisión. El 15 de abril, el Ejecutivo reconoció que hay 3.889.000 trabajadores en esta situación, una cifra que supone el 16% de la población activa.

Desde hace un mes este colectivo espera percibir una ayuda que, de momento, no llega a la cuenta corriente y cuyo pago podría retrasarse incluso hasta mayo.

Autónomos y empleados del sector público

La caída de la actividad también ha llevado a muchos autónomos a una situación límite. Se han presentado 1.016.670 solicitudes para acceder a la ayuda extraordinaria por cese de actividad, que sería concedida a quienes pierdan el 75% de la facturación con respecto a la media mensual del anterior semestre. El gobierno ya ha dado luz verde al pago de 919.000 prestaciones de este tipo.

La encuesta de población activa del INE, correspondiente al cuarto trimestre de 2019, estima que hay 3.253.300 personas empleadas por el sector público. Esta cifra incluye a los trabajadores de la administración central, autonómica, provincial y local, así como a los asalariados vinculados a empresas públicas.

Estas cifras suman 19.924.007 personas que, bien por su situación previa o por la crisis sanitaria, deben sus ingresos a ayudas, prestaciones o programas de gasto dependientes del Estado.

Por comparación, el número de trabajadores que están ocupados en el sector privado y que mantienen su empleo intacto asciende a 10.711.030 personas. Cifra que se alcanza tomando como referencia los 19 millones de afiliados a la Seguridad Social que reportó el gobierno a comienzos de abril y restando el número de empleados públicos, autónomos que perciben la prestación por cese de actividad, asalariados afectados por ERTE y ocupados de baja por la COVID-19.

Esta cifra puede verse agravada con la aprobación de la renta mínima vital. Un programa en el que se espera beneficiar al menos un millón de hogares y que dejaría la cifra final en el entorno de los 21 millones de personas dependientes, de una u otra manera, de las ayudas y el gasto que desembolsa el Estado.

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Sobre Mariela León

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Venezolana radicada en Venezuela. Licenciada en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Subcoordinadora y redactora de las versiones digitales e impresas de Cambio16 y Energía16. Redactora de la revista Cambio Financiero. Con gran experiencia en la cobertura de las fuentes Ciudad, Educación, Iglesia, Laboral, Partidos Políticos, Cancillería, Parlamento y Palacio de Gobierno, para periódicos como El Mundo, Reporte de la Economía y El Universal. Membresía: Asociación de Revistas ARI, Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y Sindicato Nacional de la Prensa de Venezuela (SNTP).

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