El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de todo para vender su propuesta de crear un Comité contra la Desinformación. Ha asegurado que van en línea con la iniciativa europea contra las falsas noticias. Ha dicho hasta el hastío que se trata de proteger a la ciudadanía y garantizar su derecho a la información veraz y oportuna. Han desestimado las críticas. Ha explotado cualquier declaración de Bruselas que «huela» a aprobación. Pero no ha logrado convencer. Las críticas siguen llegando.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España también se ha pronunciado. No es la primera y seguramente tampoco será la última organización en mostrarse escéptica ante una iniciativa que consideran, cuando menos, poco clara. La falta de detalles ha encendido las alarmas en la FAPE, como lo han hecho saber a través de un comunicado y, más recientemente, de voz de su presidente, Nemesio Rodríguez.
Poca claridad
Nemesio Rodríguez dijo que el procedimiento de actuación del Gobierno, a través del Comité contra la Desinformación, «peca de poca claridad y mucha ambigüedad«. A su juicio, la propuesta «dice más por lo que calla que por lo que realmente expresa».
Cree el Ejecutivo debiera haber realizado una presentación previa del plan, para que los periodistas pudieran «preguntar, repreguntar y opinar» sobre el procedimiento. «Esta falta de claridad es la que ha suscitado mayor preocupación«, dijo en el desayuno informativo virtual de Nueva Economía Fórum.
De manera especial, subrayó que las «contradicciones» en el seno del propio Ejecutivo «anticipan que hay que estar muy atento para ver cómo evolucionará la aplicación de este procedimiento».
Rodríguez recordó que ya le pidió al Gobierno que despejara las dudas e informara sobre «el alcance del procedimiento». El Ejecutivo le aclaró que no se trata de determinar lo que los medios de comunicación pueden o no publicar.
Una oferta al Gobierno
Lamentó que el Gobierno no se haya puesto en contacto con los profesionales de la información antes de publicar la orden. Considera que las explicaciones que ha dado a posteriori siguen siendo contradictorias.
«La ministra de Asuntos Exteriores dijo una cosa y la de Defensa ha dicho otra. Pedimos claridad porque la desinformación es uno de los problemas más graves de la democracia porque ataca sus valores e intenta desestabilizar las instituciones».
El presidente de la FAPE le ha propuesto a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que se impulse en la ESO y en bachillerato una asignatura sobre alfabetización mediática. Se trata de un paso «imprescindible para luchar y prevenir la desinformación, pero la alta funcionaria no ha tenido ningún interés en esta cuestión».
Además, la soberbia
Aseguró que para combatir la desinformación la fórmula debe ser «colectiva». La tarea no es solo de los periodistas, políticos o instituciones. Como ejemplo de la responsabilidad compartida en materia de desinformación, Nemesio Rodríguez señaló lo ocurrido con las iniciativas de comunicación del Ejecutivo de cara a la crisis sanitaria.
A su juicio, el Gobierno «enfocó muy mal» la comunicación sobre la pandemia «desde el primer momento». Criticó en especial que la estrategia oficial fue manejar su política «desde un punto de vista de control de la información y de las preguntas».
También apuntó a «cierta soberbia» en el Gobierno cuando la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid le alertaron de que la situación se estaba «agravando» y el malestar en el gremio «estaba creciendo» ante el sistema de ruedas de prensa establecido con control sobre las preguntas. Gracias a la presión de los periodistas, posteriormente se modificó de forma pactada.
Respecto a la regulación de los medios de comunicación, Rodríguez recordó que la FAPE cuenta con la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo como órgano de autocontrol deontológico interno de la profesión periodística. «Nosotros creemos que la profesión de periodista está mejor autorregulada que regulada«, dijo.
Alcance del Comité contra la Desinformación
Las declaraciones de Nemesio Rodríguez se producen luego de que la FAPE instara al Gobierno, a través de un comunicado, a que aclarase «cuanto antes las funciones y cometidos que tendrá el Comité para la lucha contra la desinformación«.
La Federación aseguró que la disposición publicada en el BOE deja en el aire varios aspectos importantes. Son lagunas «suscitan una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo».
En el documento, la FAPE recuerda al Gobierno que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, son los periodistas y los medios los que deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no. Les preocupa que el Comité contra la Desinformación pueda entrar en valoraciones que afecten a la libertad de información.
«Los periodistas somos los primeros interesados en combatir la desinformación, especialmente porque nuestro prestigio y credibilidad se fundamentan en la difusión de información veraz, pero entendemos que ese combate debe efectuarse en el marco de la ley», destaca el texto.
Aseguran que un comité gubernamental, «nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio». Instan el Ejecutivo a aclarar cómo se propone contrarrestar las campañas de desinformación.
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