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El dudoso papel de los jueces en la lucha contra la violencia de género

Por Manuel Domínguez Moreno

Isabel Fuentes, de 65 años y residente en la localidad ourensana de Verín, es la víctima mortal número 11 en España este año por violencia de género y la primera que se contabiliza en Galicia. Hasta aquí nada que no escape a las frías estadísticas sobre la lacra incesante de los crímenes machistas, un listado interminable que suma víctimas en un goteo imparable al que las autoridades otorgan cinco minutos de silencio y muchas palabras de consuelo y poco más.

Lo más clamoroso de este caso concreto viene a continuación: el esposo de Isabel, Aniceto R. C., de 76 años, la mató tras asestarle varias puñaladas de madrugada cuando ella se encontraba ingresada en el hospital de Ourense. El agresor acudió al centro hospitalario a las diez de la noche para pasar la noche junto a su esposa como acompañante. El personal sanitario descubrió el cadáver en la cama y al presunto asesino tirado en el suelo y con varias heridas que presuntamente se habría provocado él mismo y por las que ha sido intervenido quirúrgicamente.

Y aquí llega la típica declaración oficial del alto cargo de turno para despejar dudas. El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, aseguró tras el crimen que “no había antecedente de ningún tipo acerca de denuncias previas, ni nada que indicase que fuese un caso de violencia de género”.

Lo cierto es que Aniceto ya estaba siendo investigado por una agresión anterior, precisamente la que le propinó a Isabel el pasado 3 de abril que la mantuvo en la UCI durante un mes. El propio agresor denunció que unos desconocidos habían entrado en su casa mientras él dormía y atacaron con un machete a su esposa, que se encontraba viendo la televisión. La Guardia Civil ató cabos y no se creyó la historia. De hecho, Isabel se recuperaba de un traumatismo craneoencefálico desde ese fatídico 3 de abril en los cuidados intensivos de ese centro hospitalario provocado precisamente por la agresión de su propio marido. La Guardia Civil reclamó a la juez una orden de alejamiento que ésta no concedió. El juzgado, por el contrario, asegura que esta orden nunca fue solicitada.

La asociación de jueces Foro Judicial Independiente salió rápidamente en defensa corporativa de su colega y expresó su apoyo “a la compañera que se ha visto absolutamente señalada este fin de semana con muy impactantes titulares”.

Argumenta el colectivo de jueces que los titulares periodísticos iban “en detrimento, por desgracia, del hecho realmente noticiable, como es la desoladora realidad de una nueva mujer muerta a manos de su pareja, suceso que, por supuesto, condenamos y lamentamos desde esta asociación”.

Más que echar el balón de la justicia de un lado para otro como si de un simple jarrón chino inservible se tratase en función de los intereses corporativos y personales de cada grupo afectado, los actores implicados en la lucha contra la violencia de género deben tener altura de miras y ver que, mientras todo esto sucede, las muertes de mujeres a manos de sus parejas siguen produciéndose de forma incesante, y ni siquiera una ley de violencia de género pionera como la aprobada por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido capaz de frenar en seco la sangría.

Ahora que se da luz verde a la publicación de la lista de los defraudadores fiscales que han regularizado su situación tras la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Rajoy, no sería descabellado publicar con letras bien grandes en lugares públicos los nombres de aquellos jueces que tienen en sus manos la vida de cientos, miles de mujeres que se ven amenazadas por sus parejas. Porque este caso de Ourense no es más que uno más –y ya van demasiados– de jueces que buscan el hueco que la ley no cubre para impartir ‘justicia’ a favor del presunto criminal. Por ello los jueces deben dejar de ser intocables, porque no es de recibo que se queden como si nada hubiese ocurrido después de un fallo clamoroso del sistema como el ocurrido con Isabel.

El rechazar una solicitud de orden de alejamiento cuando concurren elementos más que sólidos que hacen pensar que estamos ante un evidente caso de violencia de género se parece mucho a la inducción al asesinato. Los jueces, como cabría esperar sólo de actitudes cobardes, escurren el bulto a las primeras de cambio hacia otros colectivos en la cadena de vigilancia y protección de las mujeres amenazadas por el machismo. En un comunicado conjunto, tanto la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura como los progresistas Jueces para la Democracia y los jueces integrados en Francisco de Vitoria expresan su repulsa por estos hechos y envían sus condolencias a la familia de la víctima, pero recuerdan que “adoptan a diario, dentro del marco legal, las medidas de protección que se consideran adecuadas para evitar y proteger a las víctimas”. Y punto. Aquí paz y después gloria.

Los jueces creen que solo “la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” junto “con la aportación de la información precisa para su adecuada gestión” pueden evitar estas muertes. Pero resulta indignante que no se han preguntado por qué no son ellos y solo ellos los que encabecen de una vez por todas esta cruzada de todos los ciudadanos de bien contra el machismo más violento, visceral y reprobable. Ya es hora de asumir responsabilidades y liderazgos en una lucha que nos compete a todos, pero en la que algunos colectivos tienen más posibilidades de ponerle freno gracias a su escalafón en la cadena de mando. Arrimemos todos el hombro en función de nuestras posibilidades, y las de algunos son mayores que las de otros, qué duda cabe.

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