Cálculos de Acciona estiman que la Generalitat de Cataluña le adeuda EUR 1.074 millones

Acciona sacó sus cuentas y determinó que la compensación que la Generalitat de Cataluña le adeuda, tras la liquidación de un millonario contrato de gestión de agua en la región, suma aproximadamente 1.074 millones de euros, a su favor.

El Tribunal Supremo confirmó en febrero 2018 la anulación de la adjudicación del contrato para el abastecimiento de agua del Alto Ter-Llobregat, otorgado a Acciona y a un grupo de empresas en 2012; y que luego fue impugnado por Aguas de Barcelona, filial de la francesa Suez.

Acciona dijo temprano esta semana que los informes periciales estiman en 305 millones de euros la liquidación del contrato; y en 769 millones los daños y perjuicios, sin contar unos 38 millones por la deducción de las provisiones por liquidación ordinaria del contrato.

Aigües Ter Llobregat (ATLL), es la compañía que abastece agua a 4,5 millones de habitantes de Cataluña, y que Acciona tiene desde 2012.

La Generalitat de Cataluña entregó la concesión a Acciona

Acciona mantiene la mayor participación en la concesión de ATLL, con un 76,5 por ciento de la sociedad. La firma se hizo de la operación en 2012; y se trata de la mayor privatización nunca hecha por el ejecutivo catalán. El valor de la transacción sumaba 1.000 millones de euros pagaderos a 50 años. La energética desembolsó, para la sazón, 300 millones de euros.

Terminada la licitación, que le dió la buena pro a Acciona, su contendora en la puja, Aigües de Barcelona (Agbar), recurrió la decisión de la Generalitat al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Agbar consideraba que la sociedad liderada por Acciona había conseguido el contrato sin ceñirse a las condiciones de la adjudicación.

«El Alto Tribunal ha rechazado los dos recursos que se habían presentado y ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en 2015 anuló el proceso de adjudicación de ATLL hecho por la Generalitat de Cataluña a Acciona. La justicia ha dado así la razón a Agbar, la empresa que perdió el concurso y que denunció el proceso de adjudicación», reseñó El Plural en febrero pasado.

Detalla además, que la sentencia aclara que la información sobre los plazos de las inversiones introducida en el concurso generó “confusión” y “vicios en la licitación”; afectando el contenido de las ofertas, por lo que hay que anular todo el proceso de adjudicación.

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