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Gobierno de Venezuela tortuta
Autoridades venezolanas han sido acusadas reiteradamente por torturar a opositores / REUTERS /Marco Bello

Defensores de derechos humanos aseguran que Gobierno de Venezuela tortura a militares presos y sus familias

Una vez más, el Gobierno de Venezuela es acusado de utilizar la tortura en contra de presos políticos. Las fuerzas de seguridad habrían detenido y vejado a decenas de militares y algunos de sus familiares. Así lo aseguraron dos grupos de derechos humanos en un informe publicado este miércoles.

El documento de 10 páginas fue elaborado por Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, y el Foro Penal de Venezuela. El texto ha sido dado a conocer cuando algunos países presionan a la Corte Penal Internacional para que investigue al gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad.

El informe reporta 32 casos de tortura

El Gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración“. La cita corresponde a José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. El funcionario denunció que no solo están deteniendo a los uniformados. En “algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles“, agregó. Toman estas medidas “cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan”.

El informe cita 32 casos de personas sometidas abusos por parte de las autoridades. Los excesos cometidos incluyen palizas e intentos de asfixia con bolsas de plástico. También cortes con hojas de afeitar en las plantas de los pies y descargas eléctricas. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) llevaron a cabo las detenciones.

El Foro Penal Venezolano había contabilizado, al cierre del año 2018, un total de 278 presos políticos en el país. Así lo informó Gonzalo Himiob, director y fundador de esa ONG.

Gobierno de Venezuela ya ha utilizado tortura

Las autoridades detuvieron a más de 12.800 personas desde 2014 en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno nacional. La información corresponde a los datos que maneja el Foro Penal.

Los cuerpos de seguridad apresaron a manifestantes, transeúntes y personas sacadas de sus hogares sin la correspondiente orden judicial.

Un 15% de los apresados denunciaron haber sufrido torturas o maltratos.

El Foro Penal y HRW han contabilizado, desde 2014, 380 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes contra opositores.

Tanto HRW como Foro Penal han acusado previamente al Gobierno de Venezuela de utilizar la tortura contra sus opositores. Los excesos ocurrieron durante las protestas en 2017, en las que murieron más de 120 personas.

Justificación de las autoridades

Nicolás Maduro desestima las afirmaciones de que el Gobierno de Venezuela tortura a sus opositores. Niega que haya presos políticos. Asegura que los detenidos son “terroristas” o “conspiradores”. Con frecuencia, el mandatario acusa a Estados Unidos y al gobierno de la vecina Colombia de conspirar para derrocarlo.

Altos funcionarios también dicen que los grupos de derechos humanos minimizan los actos violentos de la oposición. Citan como ejemplo una denuncia de incendiar a un hombre en una manifestación y atacar a la policía con explosivos.

Pero el informe del miércoles, sugiere que el gobierno está preocupado por la lealtad de los militares. Esta inquietud se da en medio de un crisis económica que provocó una ola migratoria sin precedentes.

La autoridades habrían detenido a más de 170 efectivos militares a principios de 2018. Les acusan de  traición, rebelión y deserción.

Cerco internacional

En septiembre, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron una carta a la Corte Penal Internacional. En el documento piden al organismo que investigue al Gobierno de Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad.

Maduro asume el jueves un segundo mandato. Repite en el cargo tras unos comicios cuestionados por varios países latinoamericanos, además de Estados Unidos y la Unión Europea.

El Grupo de Lima, con la excepción de México, instó el viernes a Maduro a no asumir su segundo mandato y a transferir el poder al Parlamento, lo que Caracas consideró una incitación a un golpe de Estado.

Para más información visite Cambio16

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