Hacienda comenzó a investigar a 200 alcaldes secesionistas

Por Cambio16
13/11/2017

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La Justicia sospecha que las actividades independentistas son financiadas ilegalmente con el dinero de las municipalidades catalanas.

Por ello, Hacienda comenzó a investigar a 200 alcaldes secesionistas para averiguar cómo manejan sus presupuestos públicos y si no los destinan a actividades partidarias

«Hacienda sigue la pista del dinero con el que se están financiando las actividades vinculadas con el desafío secesionista», afirmó El País.

Es que aunque el gobierno de Mariano Rajoy intervino las finanzas de la Generalitat con la aplicación del artículo 155 de la la Constitución, y controla todos los pagos desde octubre, cree que parte del dinero que necesitan los independentistas para su maquinaria publicitaria procede de los 200 Ayuntamientos gobernados por alcaldes independentistas.

El rotativo afirma que el viaje en avión de 200 alcaldes independentistas a un acto en Bruselas el pasado martes fue un indicio más. Los gobernantes aseguraron que se habían pagado de su bolsillo el desplazamiento y que la organización había sido costeada por la Asociación de Municipios Independentistas (AMI).

Sin embargo, Hacienda sospecha que parte del dinero procedía del erario público de estos municipios.

¿De dónde sale?

Es que la Justicia no entiende cómo los independentistas lograron reunir los 3,43 millones de euros empleados por el Govern en «publicidad, difusión y campañas electorales».

De hecho, Hacienda presentó el 20 de octubre una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas en la que reclamaba que identificase los recursos públicos que las organizaciones secesionistas ANC y Òmnium habían invertido en la consulta.

«Debe destacarse el papel principal llevado a cabo en la organización, promoción y presunta financiación de la actuación ilegal del denominado referéndum del 1 de octubre por parte de Òmnium Cultural y ANC, que puede implicar el empleo de fondos públicos, de los cuales se nutren sus presupuestos, para la realización de actividades ilegales o contrarias a las resoluciones de los Tribunales», señalaba Hacienda.

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