Informe de la OEA: un esquema tecnológico paralelo sustentó el fraude electoral en Bolivia

En el elemento tecnológico se basó el fraude electoral en Bolivia. En un detallado informe de 94 páginas, la Organización de Estados Americanos dio a conocer las acciones “deliberadas” para “manipular” los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.

El listado de hallazgos enumeró 25 hechos que “definitivamente impactaron en la certeza, la credibilidad y la integridad” de un proceso que condujo a la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Buscaba su cuarta reelección hasta el 2025 sin necesidad de acudir a una segunda vuelta, tal como lo establecen las leyes de ese país suramericano.

En el llamado “Análisis de Integridad Electoral Estado Plurinacional de Bolivia” se hace referencia a “la Paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) al momento en que se llevaban 83.76% de las actas verificadas y divulgadas, de un 89.34% de actas que ya habían sido transmitidas y estaban en el sistema TREP”.

En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ocultó deliberadamente, un 5.58% de actas. Estas ya se encontraban en el Sistema de Transmisión pero no fueron publicadas.

#OEAenBolivia

Informe final de la auditoría de las elecciones en #Bolivia: Hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados

COMUNICADO: https://t.co/PDFMgvFtvK
INFORME: https://t.co/YYobzxXnFo pic.twitter.com/yINOt9aksD

— OEA (@OEA_oficial) December 5, 2019

Gran parte de las acciones llevadas a cabo por Morales y su equipo para cometer el fraude electoral en Bolivia estuvieron soportadas en el aspecto tecnológico. Destaca, por ejemplo, la introducción de servidores no previstos en la infraestructura, a los cuales se desvió “de manera intencional el flujo de información del TREP”.

Llenado de actas en fraude electoral en Bolivia

Uno de los hallazgos del informe es la evasión intencional de “los controles de la empresa auditora”. También la redirección del tráfico “hacia una red que estaba fuera del dominio, administración, control y monitoreo del personal del TSE”.

Hace unos minutos la OEA entregó oficialmente el Informe de Análisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales de Bolivia del 20 de Octubre, en el cual se comprueba las razones por las cuales hemos tenido que dejar sin efecto las mismas, y convocar nuevas elecciones. pic.twitter.com/SkWSMgqdfk

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) December 4, 2019

“El esquema tecnológico paralelo y no controlado que se creó de manera deliberada facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitado por la volatilidad de la evidencia digital”.

Los técnicos y especialistas de la OEA también detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo.

En una revisión de 4.692 actas se identificaron 226 en las  que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona. Con esto se denotó «una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales, transgrediendo las atribuciones de los Jurados de Mesa determinadas por ley. Las actas corresponden a 86 centros de votación de 47 municipios del país. La suma de sus votos válidos es de 38.001, del cual el 91% (34.718) fueron adjudicados al Movimiento al Socialismo (MAS)”.

Asimismo un número incierto de actas fueron quemadas, al igual que más de 13.100 lista de electores habilitados.

Informe final de Análisis de Integridad Electoral en #Bolivia. #OEAenBolivia

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— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 4, 2019

El informe de la OEA fue bien recibido entre los demócratas latinoamericanos. Uno de los primeros en expresar su opinión fue el expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga, quien agradeció a la OEA su profesionalismo.

Tuto Quiroga estima que es devastador el informe de @OEA_oficial sobre el «colosal fraude de @evoespueblo en #Bolivia«. Agradece a @Almagro_OEA2015 y su equipo «por la integridad, capacidad y profesionalismo» https://t.co/Wtk9hFqCAD pic.twitter.com/wWAZS6Ox6S

— Cambio16 (@Cambio16) December 5, 2019

Deseo desmedido de poder

Precisamente fue un informe inicial de la OEA el que recomendó anular la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre. Esto como producto de un acuerdo que firmaron la Secretaría General de la OEA y Bolivia para realizar un análisis de la “integridad electoral” del proceso.

El fraude electoral en Bolivia que propició Evo Morales condujo a airadas protestas de calle que ocasionaron la muerte de más de 30 personas. Su deseo de intentar permanecer en la presidencia del país a toda costa fue un hecho recurrente durante sus 14 años en el poder.

Y es que a pesar de que la Constitución boliviana indica que la elección consecutiva solo se puede realizar una vez, Morales pudo influir en algunas instituciones como el Tribunal Constitucional Plurinacional para legalizar su candidatura tal como ocurrió en el año 2017, cuando el TCP argumentó su derecho humano a repostularse de manera indefinida de acuerdo con una interpretación del Pacto de San José de Costa Rica.

La pasada semana, el Gobierno interino de Jeanine Añez promulgó la nueva ley que fija los primeros pasos hacia un nuevo proceso electoral. La ley fue firmada por el Movimiento al Socialismo, el partido de Morales. Allí se estableció que ningún candidato puede lanzarse a una reelección, excluyendo automáticamente a Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera.

La Ley que hemos promulgado es la Ley que los bolivianos queremos, y que nos permitirá a los bolivianos tener elecciones libres, justas y transparentes en el menor tiempo posible, porque esa la razón y fundamento de mi gobierno. pic.twitter.com/uuulMv0mnD

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) November 24, 2019

En ese escrito está pautada la elección de los seis miembros vocales que compondrán un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE). El ente electoral boliviano deberá, posteriormente, fijar la fecha electoral más allá del 22 de enero del próximo año y con un plazo máximo de 120 días.

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