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El juez federal de distrito Richard Seeborg dictó una orden que detiene la política del gobierno de Trump de enviar a algunos solicitantes de asilo de regreso a la frontera sur para esperar en México a que se resuelvan sus casos

Juez ordena detener política de Trump contra solicitantes de asilo

Política de Trump. Mientras por un lado el presidente Donald Trump adelanta acciones para evitar que las caravanas de migrantes centroamericanas lleguen a Estados Unidos, por el otro distintas organizaciones de Derechos Humanos, el Congreso de EEUU y hasta miembros del sistema de justicia buscan obstaculizar ese accionar.

Este lunes, el juez federal de distrito Richard Seeborg, en San Francisco, dictó una orden que detiene la política del gobierno de Trump de enviar a algunos solicitantes de asilo de regreso a la frontera sur para esperar en México a que se resuelvan sus casos.

La decisión entraría en vigencia el viernes y sería de aplicación nacional.

Y es que una de las acciones que ha tomado el gobierno estadounidense es devolver a México a los migrantes para que esperen por las fechas de las audiencias en corte estadounidenses, en una política conocida como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). En el pasado, por las limitaciones que están relacionadas con la custodia a los niños, muchas familias eran liberadas y debían esperar sus audiencias en EEUU. A veces la espera era de años.

La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que planeaba expandir este programa de trasladar a los migrantes a las ciudades fronterizas, en México.

Seeborg dijo que su dictamen giró en torno a la limitada interrogante sobre si el gobierno de Trump había seguido las leyes administrativas al implementar la política.

“La interrogante legal no es si MPP es una política sabia, inteligente o humana. O si es el mejor enfoque para abordar las circunstancias que el poder ejecutivo sostiene que constituyen una crisis”, sostuvo el juez.

Gobierno puede detener a solicitantes de asilo

La política de Protocolos de Protección a Migrantes se basó en una ley de décadas de antigüedad. Esta señala que los migrantes que ingresan desde un país contiguo pueden ser devueltos para esperar su caso de deportación. La disposición nunca se había utilizado en la forma en que Washington la aplicó.

Según grupos de derechos civiles que presentaron una demanda, esta política de Trump violaba las leyes de Estados Unidos y el derecho internacional al regresar a los refugiados a peligrosas ciudades fronterizas donde no podrían obtener asesoría legal o notificaciones de audiencias.

El juez Seeborg afirmó que la administración deberá permitir que los 11 demandantes en el caso ingresen a Estados Unidos a partir del domingo. Aseguró que el Gobierno aún conservaba el derecho a detener a los solicitantes de asilo en espera del resultado de su caso.

Política de Trump en frontera sur

Pese a que continúa con su esfuerzo de separar con un muro a México y Estados Unidos, la pasada semana, el mandatario estadounidense debió dar marcha atrás a otra de sus iniciativas: cerrar la frontera con México. Lo que en un principio dijo que podría ocurrir en los próximos días lo alargó hasta un año.

“Si las drogas no se detienen o no son frenadas en su mayoría, impondremos aranceles a México y a sus productos, en particular a los autos, todo el asunto es sobre los autos. Y si eso no detiene el ingreso de drogas, cerramos la frontera”, agregó

El pasado 29 de marzo, Trump anunció que si el gobierno mexicano no tomaba acciones para detener la inmigración ilegal, cerraría la frontera sur. A partir de ese momento todos sus asesores aconsejaron que no lo hiciera por los severos efectos económicos. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, cerca de 1.700 millones de dólares de bienes y servicios fluyen diariamente por la frontera entre los dos países.

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