La Fiscal General de Venezuela denunció graves excesos en la represión a las protestas

Por Cambio16
24/04/2017

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que durante los 53 días de protestas que iniciaron el pasado 6 de abril de 2017 hasta la fecha, van 55 personas fallecidas, de las cuales 52 han sido civiles y tres funcionarios de seguridad del Estado.

En una conferencia de prensa no televisada por los canales del Gobierno venezolano pero con amplia asistencia de medios nacionales e internacionales, la regente del Ministerio Público venezolano manifestó su «preocupación» por la cantidad de lesionados, 500 en total, debido «al uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado y preocupa como se ha exacerbado la violencia».

En este sentido, hizo un llamado a las autoridades de mando a hacer seguimiento de control de las actuaciones de los funcionarios de seguridad que actúan en las manifestaciones y reiteró que los organismos de investigación ”son los que pueden afirmar con certeza y seriedad como ocurrió un evento”. Tal aseveración la realizó en referencia a la muerte de un joven manifestante de 20, Juan Pablo Pernalete, quien falleció el pasado 26 de abril del presente año producto de una bomba lagrimógena que le impactó en el rostro, hecho desmentido por funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Néstor Reverol, quien comanda a los cuerpos de seguridad que han actuado reprimiendo las protestas.

Sobre ese caso, Ortega Díaz criticó que los cuerpos seguridad que ejercen el orden público tienen prohibido por la Constitución y los estándares internacionales disparar las bombas lacrimógenas a los manifestantes de manera directa.

Asimismo, exhortó a todos los actores políticos en pugna «evitar hipótesis de los móviles de los delitos que están ocurriendo sin que el Ministerio Público o el Cicpc lo hagan oficialmente». dijo Ortega Díaz

Sobre el registro de lesionados que lleva el Ministerio Publico venezolano, puntualizó que llevan en su cuenta «1000 personas lesionadas, 751 son civiles y 229 funcionarios policiales, 346 bienes inmuebles públicos o privados quemados o saqueados”.

La fiscal señaló que hasta la fecha 19 militares han sido imputados por violación de derechos fundamentales, agregó que hay 16 ordenes de capturas por ejecutar.

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