La Fiscalía se querella contra la consejera catalana que licitó las urnas

En opinión de la Fiscalía, la licitación «supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista».

Anteriormente el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña recogió el anuncio de la licitación para comprar 8.000 urnas transparentes y 4.000 de cartón por valor de 200.000 euros para «consultas populares y otras formas de participación ciudadana».

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, adelantó hace unas semanas que se produciría esta actuación porque el Tribunal Constitucional reafirmó en un auto del pasado 14 de febrero que impediría cualquier acción destinada a la celebración de un referéndum.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, expresó su rechazo a esta decisión de la Fiscalía a través de un mensaje publicado en Twitter.

«Pondremos las urnas y la gente pondrá en ellas su voto, nada de esto es un delito«, afirmó el presidente catalán, que trasladó sus ánimos a Borrás.

Hi posarem les urnes i la gent hi posarà els vots. Res d'això no és cap delicte! @txellborras @cescesteve https://t.co/RArXpExFqx

— Carles Puigdemont (@KRLS) May 16, 2017

Por su parte, Meritxel Borrás ofreció una rueda de prensa para valorar la decisión de la Fiscalía, que a su modo de ver es «propia de una dictadura» y denota el «miedo» del Estado español a «las urnas» y a «la democracia».

Además, la política catalana opinó la querella en su contra ya que «no tiene razón de ser» porque el procedimiento seguido por el Ejecutivo catalán es «impecable» y se enmarca dentro de las posibilidades de actuación que sus competencias le permite.