La okupación o usurpación de viviendas disfrazada de justicia social
Foto: Pixabay
Para los dueños de viviendas la indefensión es casi absoluta. Sus propiedades corren el riesgo de ser objeto de una okupación. Alguien se vaya a instalar en ellas sin pagar nada a cambio. Las leyes son muy laxas, a veces confusas, con grandes vacíos, y es poco lo que pueden hacer en contra de los okupas. Para colmo, además de ser las víctimas, se les trata como los criminales. O simplemente se les dice que todos son «patrañas, inventos, mentiras o exageraciones». El derecho de propiedad es desplazado por un «derecho de usurpación».
Algunas estimaciones señalan que más de 12.000 propietarios sufren cada año en España la okupación de sus viviendas. De hecho, la cifra anual de okupaciones denunciadas durante el año 2018 ascendió a 12.214, según reportes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El Partido Popular habla de unas 40 usurpaciones diarias. El sector financiero estima que hasta 70.000 de sus viviendas han sido usurpadas. El Instituto Cerdá señala que la cifra total de inmuebles afectados ronda la barrera de los 100.000.
El Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior estimó para 2019 que 14.621 inmuebles estaban ocupados ilegalmente. Y de estos, unos 3.000 eran propiedad de particulares. En todo caso, son cifras alarmantes, por lo que sorprende la poca diligencia mostrada por los sectores políticos para hallar una solución.
El negacionismo de la okupación
Una de las estrategias de la izquierda, ante el fenómeno de la okupación de viviendas, es negar la existencia del problema. Para muestra, un botón. El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo recientemente en el Congreso de los Diputados que «el problema de la vivienda en España no es la okupación; sino el precio de los alquileres, la especulación y que los fondos buitre son el principal casero». Así de simple.
El problema no existe. Después de todo, la mayoría de las viviendas en alquiler están en «manos de los fondos buitres». Los particulares, en cambio, tienen apenas el 85%. Sí, 85%. De hecho, eso fue lo que dijo el Gobierno en marzo de este año, cuando anunció que «se regula la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, algo que sucede en el 85% de los casos».
Entonces, esta cifra del 85% no es caprichosa. Pero sí resulta curioso ver como Iglesias considera que los grandes propietarios, que serían el 15%, constituyan la mayoría. Las matemáticas pueden resultar incomprensibles a la luz de las ideologías.
Solo son exageraciones
Cubrirse los ojos ante el fenómeno de la okupación y sus consecuencias, cuenta también con el apoyo de intelectuales, escritores y medios de comunicación. Quienes se hacen eco de estas teorías, se escudan en el hecho de que no hay estadísticas confiables y que, por tanto, no se puede hablar de un aumento del problema. Apuntan también a que las cifras hablan del delito de allanamiento de morada, lo cual incluye situaciones distintas a la okupación.
Apoyo a la okupación
Pero no solo se niega la existencia del problema. Sino que también se apoya abiertamente a sus principales causantes. El mismo Pablo Iglesias elogió, también en el Congreso de los Diputados, la labor de la filial del Sindicato de Inquilinos en Barcelona, el Sindicat de Llogarters.
El logro de este sindicato, que Iglesias aplaude, es el de que el gobierno local estableciera limitación de los precios de los alquileres en Cataluña. El sector inmobiliario en España ya ha alertado del caos y la pobreza, para los mismos inquilinos, que va generar la intervención en el mercado del alquiler.
El Sindicat de Llogarters se ha hecho famoso por su defensa de la okupación y la petición de la suspensión del pago de los alquileres. Cuentan con el apoyo de Podemos.
Una ley que tarda en llegar
Ponerle un freno a la okupación de viviendas requiere establecer una ley que brinde una mayor protección y tranquilidad a la comunidad en su conjunto, no solo a un sector. Pero no es fácil.
Este miércoles, el Pleno del Congreso rechazó una moción de Vox que reclamaba que se establecieran penas de cárcel para los okupas y se mejorara la protección de los «legítimos titulares de los derechos reales» sobre los inmuebles objeto de okupación.
La propuesta instaba al Gobierno a promover la modificación del Código Penal con el fin de que «todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión».
La Comisión Constitucional también discutió una proposición no de ley del PP para exigir al Gobierno que tome medidas para que las normas de empadronamiento contribuyan a evitar la okupación ilegal. Entre otras cosas, plantea que las personas que okupan locales o viviendas no puedan empadronarse en los mismos ni obtener, por tanto, los derechos que les corresponderían por esta condición.
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