La ONU falló a favor de los indígenas que denunciaron la intoxicación de sus tierras con el mortal glifosato, tardó 12 años
Miembros de la comunidad Campo Agua’ẽ, del Pueblo Ava Guaraní, en el distrito de Curuguaty
Las comunidades originarias de la región Curuguaty, al noreste de La Asunción, Paraguay, son guerreras. Luchan sin descanso por el respeto a su hábitat milenario, ahora contaminado. En un fallo, calificado de histórico, el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidió a favor del grupo de indígenas que denunció la intoxicación de sus tierras con glifosato.
El reclamo debió esperar doce años para recibir el favorecedor dictamen que, entre sus líneas, culpa al “Estado de Paraguay de violar el derecho de los pueblos indígenas al no evitar ni controlar la contaminación ambiental tóxica de sus territorios, causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas agrícolas”.
La denuncia fue presentada en 2009 por el líder comunitario y por un maestro de la escuela, en nombre de los 201 integrantes de Campo Agua’ẽ, del Pueblo Ava Guaraní, en el distrito de Curuguaty.
Desde entonces hubo dilaciones y surgieron entorpecimientos a la causa indígena. La pequeña comunidad, vigilante de su entorno, denunció el uso masivo de glifosato en las zonas de agricultura intensiva que rodean sus tierras. La justicia paraguaya constató los daños, pero dejó el caso impune.
Los querellantes no se dieron por vencidos. Con la asesoría de abogados, llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU. La instancia dictaminó a favor de la comunidad luego de 12 años.
Los indígenas argumentaron que después de cada fumigación de herbicidas, los miembros de la comunidad sufren síntomas de intoxicación. Diarrea, vómitos, problemas respiratorios y dolores de cabeza. La afectación incluye a los niños, por darse las fumigaciones cerca de la escuela.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y arbustos, en especial los perennes. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado el glifosato como posible carcinógeno.
La ONU a favor de indígenas del Paraguay
El dictamen del Comité de la ONU es el primero que afirma, en el caso de pueblos indígenas del Paraguay, la noción de “domicilio”. Un término que debe entenderse en el contexto de la relación especial que mantienen estos pobladores con sus territorios. Incluyendo sus animales de cría, cultivos, y su forma de vida relacionada con la caza, recolección y pesca.
“Para los pueblos indígenas, sus tierras representan su hogar, cultura y comunidad. Los graves daños ambientales tienen impactos en la vida familiar, la tradición y la identidad de los pueblos. E incluso conducen a la desaparición de su comunidad. Daña la supervivencia cultural del grupo en su conjunto”, afirmó Hélène Tigroudja, miembro del Comité.
El dictamen responde a la denuncia de la comunidad de Campo Agua’ẽ, que vive en una zona rodeada de grandes empresas agrícolas que fumigan para producir soja genéticamente modificada.
Señala el fallo que “la fumigación, incluido el uso continuado de agroquímicos prohibidos por más de diez años, ha matado los animales de cría de la comunidad, ha afectado sus cultivos de subsistencia y árboles frutales. Ha dañado los recursos de la caza, pesca y recolección. También ha contaminado sus aguas y perjudicado la salud de las personas”.
Además, el Comité subrayó que a más de doce años de presentada la denuncia penal, los demandantes han quedado expuestos todo este tiempo y las investigaciones no han avanzado significativamente, sin que Estado paraguayo haya ofrecido explicación del retraso”.
Asimismo, considera que Paraguay no monitoreó adecuadamente la fumigación ni intentó evitar la contaminación. “La omisión en su deber de proteger permitió que prosiguieran por muchos años las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna. Se destruyeron elementos constitutivos de la vida privada, familiar y domicilio de la comunidad indígena afectada”, añade.
Agroquímicos y degradación ambiental
El Comité de la ONU recomienda al Estado de Paraguay atender el reclamo de los indígenas. Que prosiga con los procesos penales y administrativos en contra de los responsables y repare integralmente a las víctimas el daño sufrido; que tome también todas las medidas que sean necesarias, en estrecha consulta con la comunidad, para revertir la degradación ambiental, y adopte medidas para evitar que se repitan transgresiones semejantes en el futuro.
Hugo Valiente, el abogado de la comunidad Campo Agua’ẽ , opina sobre el fallo: «La comunidad indígena está rodeada de haciendas que alguna vez fueron ganaderas. Pero que hoy, con el auge en los mercados internacionales de la soja, se reconvirtieron en plantaciones extensivas de soja genéticamente modificada. Estas empresas aplicaron todo el paquete tecnológico que viene asociado a los cultivos genéticamente modificados, es decir el empleo masivo de agroquímicos que se utilizan en este tipo de cultivo”.
Los pesticidas que son arrojados y los herbicidas sobre todo arrasan con los cultivos, con las milpas de las comunidades campesinas, de los indígenas. «Matan los animales de cría y contaminan los cursos de agua», detalló.
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