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Por Lydia Cacho
Son cinco los puntos fundamentales para entender si el caso Ayotzinapa se podrá esclarecer algún día. Para explorarlos hace falta comprender los avances del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuya presencia y actividad fue aceptada por el gobierno mexicano. Estos hombres y mujeres con gran experiencia en casos de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y evaluación de riesgos en contextos dictatoriales, ha tenido avances que no podemos soslayar.
Gracias a su claridad sabemos con precisión que la aciaga noche del 26 de septiembre pasado los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el evento de la presidenta del DIF, esposa del alcalde Abarca. Sabemos a ciencia cierta que las autoridades de Guerrero, la policía federal y los miembros del batallón 27 del ejército estaban plenamente informados de que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa estaban boteando y tomando algunos autobuses. En ningún momento, ninguna autoridad pensó que los estudiantes estuvieran armados o haciendo cosa distinta. Los miembros de GIEI han podido hablar con todos los familiares y testigos conocidos del ataque. Es absolutamente indispensable esclarecer si el caso de los 43 es una estrategia de desaparición forzada como práctica formal ante grupos considerados potencialmente desestabilizadores, o una acción criminal de un pequeño grupo dentro del sistema político/militar.
El primer punto, sin duda, será impedir la pulverización del caso, es decir las investigaciones se encuentran divididas en 13 causas penales, en 6 juzgados diferentes, y los detenidos en tres prisiones distintas, lo cuál resulta absolutamente inaceptable. No es la primera vez que en un caso penal la investigación surge desarticulada, fragmentada, esto se debe en gran medida a las malas prácticas burocráticas del sistema de justicia penal, ciertamente, pero también es resultado de decisiones políticas de gobernadores que operan sobre las procuradurías locales y de las decisiones de la PGR con la SEGOB, que al no hacerse plenamente responsable de un caso criminal, permiten que la fragmentación aletargue el procedimiento de la investigación, que a su vez permite la fuga de información y el robo hormiga de evidencias. La atracción del caso en un solo juzgado, sumando las causas y tomando en cuenta todos los delitos es indispensable y factible. Esto no debería depender de la voluntad política, sino de la efectividad de los órganos de administración e impartición de justicia así como de la Secretaría de Gobernación. Negarse a la acumulación procesal significa que desean obstruir el esclarecimiento del caso.
El segundo, sin duda, es que se acuerde con la Secretaría de la Defensa Nacional, el encuentro de miembros de GIEI con los soldados del Batallón 27 para hacer entrevistas directas y buscar cabos sueltos. Hasta ahora SEDENA se ha negado a cooperar en la investigación ¿por qué el ejército niega esta posibilidad si sus soldados, cuyos nombres ya se conocen, no son responsables de limpieza social o desaparición forzada, o connivencia criminal? Ciertamente sólo el presidente Peña, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, puede exigir al ejército que facilite este encuentro. ¿Por qué el presidente prefiere el desgaste que el caso le genera a su gobierno antes que la elucidación? El gobierno federal sabe que el GIEI no opera como un Ministerio Público, su labor fundamental es facilitar la efectividad de las investigaciones y transparentar los procedimientos como coadyuvante.
Tres: México tiene en el espacio los satélites Solidaridad 1 y 2, Satmex 5 y 6, Quetzat 1 y Satex1, gracias a ellos y a la red satelital con que opera en acción conjunta los Estados Unidos y nuestro país, sumadas a la red federal de microondas operada por la Secretaría de comunicaciones y Transportes, a las redes satelitales concesionadas por nuestro gobierno a empresas privadas y la UNAM, tenemos la posibilidad de obtener fotografías satelitales segundo a segundo del basurero de Cocula y los otros nueve escenarios del crimen, lo cuál resulta vital para la investigación. Gobernación y PGR se niegan a pedir formalmente estas fotografías indispensables para el esclarecimiento del caso y su integración en el expediente.
Cuatro: el GIEI no ha podido entrevistar a todos los agentes de la Policía Federal y de la Policía Ministerial que, según los testimonios, estuvieron presentes en las escenas del crimen del día 26 de septiembre. Sus testimonios son indispensables y negarlos resulta por demás sospechoso ¿prefieren desgastar a toda una corporación que investigar a unos cuantos?
Quinto: Resulta ridículo que un juez haya declarado que es mejor acusar a los sospechosos por el delito de secuestro, por tener penas más graves que la tortura y el homicidio. La justicia no debe responder al gusto del consumidor, sino a los hechos constitutivos del delito; en este caso se deben investigar los siguientes crímenes: desaparición forzada, tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de justicia, abuso de autoridad, uno inadecuado de la fuerza, lesiones y amenazas.
Más allá de la imaginación, de los chismes y las sospechas de todo tipo, lo que el GIEI exige es que se haga un análisis del contexto real y del modus operandi de los perpetradores para llevar a cabo la estrategia de búsqueda formal.
Hasta no tener certezas, los 43 jóvenes deben ser buscados por cielo, mar y tierra. Porque un crimen que se da por sentado sin evidencia, es fácilmente reiterado. A todos, al gobierno y a la sociedad, nos conviene esclarecer este caso, debemos tener evidencia absoluta de que el gobierno federal no lleva a cabo prácticas dictatoriales de desaparición forzada, porque de ser así, hemos de hacer todo lo posible para impedir que México caiga en el despeñadero de la limpieza social como práctica política.
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