La terrible situación de los 16 niños venezolanos que fueron deportados de Trinidad y Tobago, abandonados a su suerte en altamar, ha generado preocupación y el pronunciamiento de diversos organismos multilaterales, instituciones y autoridades de la región. La ONU, Acnur, la OEA, la Asamblea Nacional de Venezuela y los tribunales de Trinidad y Tobago, han expresado su opinión por la medida tomada contra los menores. Todos, menos el régimen de Nicolás Maduro. Para la dictadura chavista es como si ni siquiera existieran… Hasta ahora
Finalmente, a finales de la tarde del miércoles, el jefe de la diplomacia madurista, Jorge Arreaza, anunció que el régimen se reunirá con las autoridades del país insular, aunque no mencionó directamente el caso de los niños venezolanos deportados.
En un mensaje en Twitter, Arreaza convoca a las autoridades de Trinidad y Tobago, por instruccciones de Maduro, a una reunión de trabajo que adjetiva como necesaria. No dio más detalles mucho menos se refirió a las 29 personas que fueron lanzadas al mar en barcaciones precarias, sin equipos salvavidas, y en medio de una tormenta.
Luego de un silencio total
El escueto mensaje de Arreaza, que ni siquiera hace referencia directa al drama de los 16 niños y las 9 mujeres que huían de la crisis humanitaria que vive Venezuela, es apenas el primer -y hasta ahora único- pronunciamiento de la dictadura chavista, frente a un caso que se inició el domingo pasado, cuando ocurrió la deportación en horas del mediodía.
Los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que preside Juan Guaidó responsabilizaron al Gobierno de Trinidad y Tobago y al régimen de Nicolás Maduro. Alegaron que se trata de emigrantes que huyeron de la extrema pobreza y fueron devueltos pese a una orden judicial que les garantizaba la permanencia.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al país insular vigilar «estrictamente» la protección de los niños migrantes. Exhortó a Puerto España a «garantizar el ingreso» de «personas venezolanas que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes».
Los niños permanecieron en alta mar durante 48 horas luego de haber sido deportados en medio de una tormenta. Sin embargo, el martes en la tarde pudieron regresar a la isla de Trinidad.
El cruel trato de las autoridades de Trinidad y Tobago
Pese a que finalmente volvieron a Trinidad y Tobago, la pesadilla está lejos de terminar para estos niños. Los padres de los menores, al igual que el Parlamento venezolano, han solicitado a las autoridades del país insular investigar lo ocurrido con estos pequeños y que se garantice su protección y seguridad.
Funcionarios de migración detuvieron al grupo de 29 personas. Medios locales informaron que los venezolanos se encuentran en la comisaría de Erin a la espera de la decisión del Tribunal Superior que decidirá sobre su futuro
Julio Henríquez, coordinador legal internacional de la ONG Foro Penal, confirmó que los migrantes, luego de llegar a playa Lucero, al sur de Trinidad, fueron detenidos.
“Desde el Foro Penal estamos intentando una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expresó en un video compartido en Twitter. Alertó que la vida de estos menores refugiados corre peligro.
Igualmente, el periodista Sergio Novelli difundió un audiovisual que muestra las condiciones en que están detenidos estos migrantes venezolanos.
“Estamos todos en una misma celda 24 personas. A una persona le duele la columna, no ha parado de llorar por su dolor. Esta niña siente malestar de estómago. Aquella bebé tiene fiebre, su mamá tiene dolor de vientre”, dice la mujer que habla en el video.
Rowley defiende a Maduro
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien ha sido un aliado de Maduro, aseguró que la crisis humanitaria de Venezuela es culpa de las sanciones impuestas por organismos y gobiernos extranjeros. En una declaración enérgica, dijo que no estaba sorprendido por la situación actual de los venezolanos que huyen de su país. «La OEA, con su equivocado presidente Almagro ha sido casi el único responsable de desencadenar y alimentar la actual situación venezolana», anotó.
Dijo que a Trinidad y Tobago le han declarado la guerra por tener la «temeridad de no haberse unido a Elliot Abrams y al presidente Trump para forzar un violento cambio de régimen en Venezuela».
Denunció a la supuesta utilización para fines políticos de los 16 niños venezolanos. «Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando personas anónimas, sin rostro, armadas con niños inocentes, para tratar de obligarnos a aceptar su comprensión del estatuto de refugiado», indicó el primer ministro.
Puerto España y Caracas tienen una estrecha relación política y comercial. Comparten la explotación de tres yacimientos gasíferos. El campo Loran-Manatee es el principal. Posee 10,25 billones de pies cúbicos de gas. Un 73,75% le corresponderá a Venezuela y 26,25% a Trinidad y Tobago.
El segundo en volumen es el campo Cocuina Manakin, con 0,74 billones de pies cúbicos de gas. El más pequeño es el campo Dorado Kapot, con 0,31 billones. En ambos, la mayor participación corresponde a Trinidad (66% y 84,10%, respectivamente).
Rowley aseguró que no puede pedirse a una pequeña nación de 1,3 millones de habitantes que abra sus fronteras a un vecino de más de 30 millones de personas, y mucho menos durante una pandemia como la de la COVID-19.
La culpa es de Maduro, no de las sanciones
En un comunicado, el embajador de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, Joseph N. Mondello, dijo que la responsabilidad de la crisis humanitaria en Venezuela radica directamente en las políticas fallidas y los abusos del régimen de Nicolás Maduro.
Recordó que, en septiembre, una Misión Independiente de Investigación de la ONU documentó que desde 2014 «mucho antes de que el actual liderazgo de la OEA y Estados Unidos asumiera el cargo, las autoridades venezolanas bajo Maduro cometieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes en violación del derecho internacional, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza».
Subrayó que, «al mismo tiempo, la incompetencia económica del régimen de Maduro ha sumido en la pobreza y la confusión a un país que alguna vez fue próspero y rico en recursos».
«Muchos culpan a las sanciones, pero la economía venezolana estaba en caída libre mucho antes de que Estados Unidos comenzara a imponer sanciones en agosto de 2017 y la Unión Europea en noviembre de 2017. El producto interno bruto de Venezuela se contrajo un 5,7% en 2015 y otro 18,6% en 2016», dijo Mondello.
Recordó la inflación superó el 180% en 2015 y el 800% en 2016. Además, la producción de petróleo, el alma de la economía venezolana, había caído a 2 millones de barriles por día a fines de 2016, un nivel no visto desde 1990.
«Son Maduro y sus patrocinadores, no las sanciones, los culpables de que millones de venezolanos vivan en pésimas condiciones económicas y que hayan huido de sus hogares desde que asumió el poder».
Amenazas de Trinidad y Tobago
Previamente, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, defendió la deportación de migrantes «ilegales» venezolanos. «Yo no puse a ninguna persona en ningún bote (…) no sé si son 10, 12 o 16 niños, no sabemos de qué hablan», dijo.
«Si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona indeseable, y deberá afrontar consecuencias judiciales. A los venezolanos legales en la isla les decimos: si se descubre que están ayudando a sus connacionales sin documentos en Trinidad, su permiso será revocado y también serán deportados», amenazó.
Young recordó además que las fronteras de Trinidad y Tobago están cerradas por la pandemia, desde mediados de marzo.
Una política de Estado
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal advirtió que los 16 niños venezolanos corren el riesgo de ser deportados nuevamente. Resaltó que en Trinidad y Tobago hay un «conflicto entre las autoridades» porque la rama judicial ha querido ceñirse a las leyes y a los tratados internacionales, «pero las fuerzas de seguridad y Ejecutivo no están ganados a respetar esas obligaciones».
Calificó de «delicada» la situación por lo que interpondrán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares de protección para estas personas. Cree que hay una «línea de conexión clara de estos actos de xenofobia». Advirtió que practicar este tipo de acciones contra los venezolanos podría ser parte de una política de Estado. Recordó que en 2018 unas 80 personas fueron deportadas. Actualmente hay otras 300 presas.
La abogada Nafessa Mohammed, que representa a las familias del grupo de migrantes, declaró que estaba «extremadamente decepcionada» por el giro de los acontecimientos. Criticó al Estado por lo que calificó de actitud inhumana hacia los inmigrantes, sobre todo, con la gravedad de que la situación involucra a niños.
Avason Quinlan-Williams, jueza del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago, calificó de preocupante la orden de un juzgado que permitió la deportación. La magistrada había ordenado el domingo al jefe del Estado Mayor de la Defensa que llevara ante su presencia a los 16 niños venezolanos y las 9 mujeres que les acompañaban. A pesar de ello, las personas fueron conducidas en varias embarcaciones fuera de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera.
Ordenan su liberación
Joan Charles, jueza del Tribunal Superior en Trinidad y Tobago, ordenó este miércoles la liberación del grupo, tras alegar que las leyes y políticas de inmigración de ese país no prevén la detención y deportación de niños.
«Culminó la audiencia virtual en Trinidad y Tobago sobre el caso de los 16 niños venezolanos deportados. El tribunal decidió que los 16 niños y sus padres deben permanecer en la isla y no serán devueltos a Venezuela», dijo posteriormente David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.
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