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El calabozo muestra la violencia en la que presos murieron
El calabozo de la policía municipal José Antonio Páez muestra la violencia en la que los presos murieron

Más de 330 presos murieron en Venezuela por violencia en sedes policiales

En 17 meses, más de 330 presos en Venezuela murieron violentamente en calabozos de policías.

En el país no existe pena de muerte, pero esta es una condena a la que 55.000 del total de 110.000 reos, están expuestos.

Deben permanecer en los 500 centros de detención preventiva no más de 48 horas, pero pasan hasta 5 años y hallan la muerte.

El hecho más reciente es el de 29 reclusos masacrados en el centro de coordinación de la Policía Municipal José Antonio Páez, en el estado Portuguesa, en el centroccidente del país.

Un motín culminó en enfrentamiento y muerte con funcionarios policiales.

Se reportaron también heridos otros 7 y 19 uniformados.

Eso es consecuencia de haber convertido a los calabozos policiales o Centros de Detención Preventiva (CDP) en cárceles permanentes”, afirma Carlos Alberto Nieto, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad.

“La muerte de presos puede repetirse en cualquier momento”,  advierte.

Detrás  de los barrotes

Motines, riñas entre reclusos e intentos de fuga son ocasionadas por el hacinamiento reinante.

En un recinto que mide hasta 5×3 metros en algunos cuerpos policiales, puede albergarse hasta 50 detenidos.

Estos hechos así como las muertes por tortura para conseguir confesión, constituyeron 60% de las causas de muertes en los centros  en 2018, según  el estudio realizado por la ONG a 174 de estos recintos, publicado en febrero.

La infraestructura monitoreada era precaria en 88% de tipo civil y en 12% de tipo militar. Es indiferente. “No reúnen las condiciones adecuadas”, señala el informe.

También la tuberculosis, responsable de 117 muertes (38% de las ocurridas en los CDP) es consecuencia del hacinamiento de reclusos.

Más presos murieron

El 28 de marzo de 2018, un incendio ocasionado por un motín en la sede de la Policía del estado Carabobo, dejó un saldo trágico de 69 reclusos fallecidos y más de 100 quemados.

Muchos presentaron heridas de bala.

Los presos prendieron el fuego en el calabozo, que no fue controlado sino 12 horas después. Había una fiesta pero dos policías intentaron impedirla y se originó la protesta.

Dos meses antes, Una Ventana a la Libertad tuvo acceso a una data oficial de la PNB, principal policía de orden público, según la cual en sus calabozos del Distrito Capital había 951 reclusos.

Constató además que lo que pasa en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es igual en todas las policías regionales, municipales, en las sedes de la Guardia Nacional Bolivariana, el Cicpc, el Sebin y en todos los lugares en donde hay personas detenidas. “El hacinamiento continúa y la crisis sigue igualita”.

Las condiciones en las que ocurrieron 305 muertes en 2018, “dejan claro que muchas pudieron evitarse si no existiesen índices tan altos de hacinamiento y niveles de violencia, que no han sido controlados”,  indica.

Intentos sin eco

Desde hace cuatro años, policías municipales lidian con personas de alta o mediana peligrosidad y con la posibilidad de convertirse en bombas de tiempo.

En abril de 2015, la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Valera se negó a recibir en las cárceles bajo su responsabilidad a detenidos que no estuviesen en la fase de juicio.

La decisión obligó a los cuerpos policiales a asumir esa obligación sin tener capacidad. Ni espacial ni presupuestaria.

“Los calabozos no están diseñados para tener gente con larga estancia. Nos estamos convirtiendo en cárceles y tenemos que asignar a funcionarios a labores de custodia, en vez de dar seguridad”, afirma el comisario Javier Gorriño, director de Seguridad de la Alcaldía de El Hatillo.

En septiembre de 2018 la AN sancionó la Ley de Calabozos Policiales para “frenar” el hacinamiento de presos y que los centros preventivos no se conviertan en cárceles paralelas.

“Está absolutamente congelada, el régimen se negó a publicarla, pero  está vigente aunque no se aplica”, asegura la diputada Delsa Solórzano, quien presentó el proyecto cuando presidió la Comisión de Políticas Interior.

Estado responsable

Nieto Palma, que lleva varios años denunciando la violación de derechos humanos de los reclusos, reclama que ninguna autoridad le ponga coto a la situación. Por los presos que murieron el problema tiende a agravarse más, afirma.

Por lo pronto ha solicitado que Varela  le responda al país porque no está cumpliendo con su función de vigilar la situación de los privados de libertad en Venezuela.

El gran responsable de estos graves hechos es el Ministerio para el Servicio Penitenciario a través de sus funcionarios”.

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