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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, inicia este miércoles la primera visita formal a Venezuela para evaluar la situación política y social, en medio de una crisis de garantías fundamentales más severa.
Con 636 procesados más, en forma arbitraria, que hace cuatro meses; 196 presos políticos menos pero más diputados opositores de la Asamblea Nacional perseguidos o exilados; y un reporte alarmante de niños, niñas y adolescentes muertos por “resistirse” a la autoridad, según informes de varias ONG.
A esto se añade el amenazante incremento de la migración forzada de venezolanos, empujado por la crisis económica y social, y que la ONU calculó en 4 millones recientemente.
“Hablar con todos” es el compromiso de Bachelet durante su permanencia en Venezuela.
Los derechos humanos deben ser una realidad para todos, en todas partes. Alzaré la voz. Actuaré. Usaré mis derechos para defender los tuyos.
¡Únete a mí para marcar la diferencia y asume la promesa! 📝#StandUp4HumanRights
👉 https://t.co/igUIZGX5xw pic.twitter.com/yD2peYUe5m— Michelle Bachelet (@mbachelet) May 30, 2019
“Que se reúna con todos, pero lo más importante es que escuche y le dedique tiempo a las víctimas de la cual su Oficina es portavoz”, expresó la abogada Liliana Ortega, directora de Cofavic, una de las ONG más antiguas en la defensa de derechos humanos.
Visita neutral
Durante la visita breve, inusual en la rutina del cargo, la Alta Comisionada cumplirá una agenda de la que su Oficina no informa aún el cronograma.
Contempla reunirse con Nicolás Maduro y representantes de poderes públicos, así como con el presidente encargado de Venezuela reconocido por más de 50 países y titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
También con víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos, y representantes de la sociedad civil, según la nota de prensa de la ONU.
La visita culminará el viernes en la noche con una rueda de prensa.
Indica además que su misión será neutral, ante la profunda crisis de gobernabilidad. Y que no tendrá que ver con ayudas. La Oficina “no podrá solucionar los problemas humanitarios del país (…) para lo que es necesario negociaciones entre las partes”, adelantó la Alta Comisionada en abril pasado, según la nota oficial.
Desde principios de 2019, Bachelet ha centrado su atención a las detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos en Venezuela.
.@mbachelet condena violencia en las fronteras de #Venezuela. "El Gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes” -> https://t.co/reQeRR7vVq pic.twitter.com/xmS7kRmnYP
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 24, 2019
Que escuche a las víctimas
En medio de gran expectación, varias ONG exigen a Bachelet que la agenda sea plural y que dedique la mitad del tiempo a escuchar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sobretodo, que las entrevistas sean confidenciales para evitar futuras represalias.
“Su visita obedece al ejercicio del mandato expreso del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para hacerle seguimiento a la situación en el país”, explica Ortega, aun cuando exista una invitación por parte del Estado.
Hasta este miércoles no hay precisión sobre los temas que Bachelet abordará con las partes.
Se asegura que las violaciones a las libertades y la migración forzada serán prioridad.
Y es que las transgresiones y la emergencia humanitaria compleja se agravaron a partir de marzo pasado.
La situación fue recogida en un grueso informe que Bachelet leyó ante la Asamblea General de la ONU, a principio de mes.
#Venezuela: Estoy muy preocupada por la magnitud y gravedad de la crisis actual y su impacto en los #DerechosHumanos, un factor desestabilizador preocupante en la región. – Jefa de Derechos Humanos de la ONU @mbachelet actualiza al #HRC40.
ℹ️ https://t.co/aX4HLthcWc pic.twitter.com/vLnVvhbgyz
— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 20, 2019
Víctimas en cifras
“Para nosotros es fundamental que la Alta Comisionada Bachelet exija la liberación total de los presos políticos”, dijo Alfredo Romero, directivo de la ONG Foro Penal que registra y asiste las víctimas por motivos políticos.
Hasta el 16 de junio, había 715 presos políticos, 609 de ellos civiles, y más de 95% se encontraban sin juicio, sin derecho a tener abogados, en condiciones insalubres y enfermos en los sitios de reclusión, según los reportes.
Además, 8.680 personas críticas a Maduro permanecían sometidas a procesos penales “arbitrarios” en relativa libertad.
Las cifras de procesados aumentaron: al 10 de marzo pasado, 8.044 personas se mantenían injustamente sometidas a proceso penal con cautelares. Había 911 presos políticos.
“Meter y soltar presos al mismo tiempo es una práctica habitual del poder ante la lupa amenazante de alguna organización internacional”, aseguran representantes de la ONG.
El lunes, en víspera de la llegada de Bachelet, el régimen dejó en libertad a tres diputados. Uno de ellos es Gilberto Caro, quien se incorporó al Parlamento.
En contraste, 22 diputados opositores fueron encarcelados u obligados a la clandestinidad o el exilio en un solo mes, según reportes. Y este martes, un tribunal ordenó enjuiciar a Roberto Marrero y Juan Antonio Planchart, los más cercanos colaboradores del presidente Guaidó.
Récord en DDHH
“La visita de la Alta Comisionada, la figura más importante de derechos humanos del sistema universal, está empujada por la gravedad de la crisis de Venezuela”, reitera Ortega.
Desde febrero, los enfermos siguen esperando la ayuda humanitaria organizada por la oposición, mientras la Cruz Roja reparte algunos medicamentos y generadores eléctricos.
También, los millones de migrantes y refugiados venezolanos están ocasionando complejos problemas en Perú, Colombia y Brasil, los principales países receptores de la región. Misiones de la ONU monitorean la situación, pero la ayuda económica de la Organización, ofrecida en 2018, solo llega al 12%.
En derechos humanos, Venezuela alcanza por primera vez un récord: dos informes de la Oficina de las Naciones Unidas señalan la responsabilidad del poder.
El primero fue elaborado en septiembre de 2018. Sin embargo, ninguna de las observaciones ha sido considerada a pesar de haber transcurrido casi un año.
¿Qué ocurre cuando un Estado incumple la obligación de garantizar los derechos humanos de las libertades y la vida de sus ciudadanos? “Pasa que el sistema de Naciones Unidas pone gradualmente en funcionamiento los procedimientos más importantes que tiene en esta materia”, explica.
Bachelet, que no tenía mandato expreso del Consejo de Derechos Humanos, lo tuvo desde ese mes, ante las graves violaciones. “Ahora Venezuela es de los pocos países que poseen un mandato de derechos humanos y dos informes”, señala Ortega.
Al culminar la visita de seguimiento al país, la Alta Comisionada deberá presentar un tercero y último informe al Consejo de Derechos Humanos, en la primera semana en julio. Y en septiembre, Venezuela volverá a ser tema de discusión ante la ONU y podría tener presencia gradual de la Oficina en forma permanente.
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