Más allá de 68 muertes: La agonía de los derechos humanos en Venezuela

Por Cambio16
29/3/2018

El creciente expediente de violaciones a los derechos humanos en Venezuela abona un nuevo capítulo en esta Semana Santa. La muerte de 68 personas tras un motín en Policarabobo (Policía de Carabobo), una comisaría en el centro del país, pone de relieve al país caribeño. Principalmente afectado por una crisis económica abismal que ha disparado el hambre y la desnutrición. Asimismo un colapso del sistema de salud y decenas de sanciones internacionales. Y como colofón una dolorosa diáspora de sus nacionales. Todo impulsado por un régimen autoritario.

El caso del motín en Policarabobo es menos que lamentable. Las familias se congregaron en el lugar para obtener información sobre sus familiares encarcelados. El hecho de que no se obtuviera ninguna información provocó indignación entre los manifestantes. Las familias se enfrentaron con oficiales de policía en el lugar, solo para ser sometidos a gases lacrimógenos más tarde.

Posteriormente, el principal fiscal del país recurrió a una publicación en Twitter para anunciar la muerte de 68 personas en el incidente. “A la luz de los terribles acontecimientos que tuvieron lugar en la sede de la policía estatal de Carabobo, donde 68 personas murieron en un supuesto incendio, hemos nombrado a cuatro fiscales… para aclarar estos dramáticos eventos“, escribió Tarek William Saab.

Resulte en lo que resulte dicha investigación, lo cierto es que detrás de los muertos en Policarabobo hay otro drama humanitario que conjuga la violación de derechos humanos en Venezuela, el irrespeto a la ley por parte del gobierno, una crisis institucional y mucha sangre derramada.

¿Qué hay detrás del motín en Policarabobo?

El caso del motín en Policarabobo tiene unas particularidades. Primeramente, ocurrió en una sede policial y no en un gran reclusorio. En Venezuela, se les denomina Centros de Detención Preventiva. Estos son espacios que existen dentro de las comisarías policiales de todo el país. Fundamentalmente están diseñados para albergar detenidos durante lapsos menores a 48 horas. Ésto, hasta que sean presentados ante un tribunal que decidirá si debe ser trasladado hasta un recinto carcelario o si recibirá el beneficio de la libertad.

La Constitución venezolana en su artículo 44 establece garantías para los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Pero la realidad es distinta. Defensores de derechos humanos en Venezuela han puesto el foco en estos centros. Tan sólo en 2017, 62 presos, dos funcionarios policiales y un familiar fallecieron en 178 centros de detención preventiva civiles y 20 militares en todo el país.

La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL), que monitorea estos espacios, tiene un informe al respecto. Entre enero y diciembre de 2017 se registró un hacinamiento de 250%. 14.525 personas en lugares que tienen capacidad para 5.910. Por consiguiente, implica una sobrepoblación de 8.615 privados de libertad.

Una detención puede ser la muerte

“Diez de ellas perdieron la vida de debido a cuadros de desnutrición o enfermedades infecciosas. Éstas, contraídas en los calabozos en los que estaban recluidos. Los detenidos no recibieron el correspondiente tratamiento médico. Otras 17 fueron víctimas de asesinatos”, indica el informe de UVL. Asimismo, constata las condiciones de estos centros de detención preventiva. Inexistencia de atención médica. Deficiencia de los más elementales recursos tales como agua potable. Y una inexistente clasificación de los detenidos –ni siquiera separados según su género-.

De 48 horas, los lapsos reales en los cuales permanecen las personas detenidas en estos centros de detención preventiva han llegado a ser indefinidos. Algunos detenidos, en contra de todos los preceptos sobre derechos humanos en Venezuela, han llegado a permanecer años en esos espacios.

Hay dos aspectos especialmente relevantes. El Ministerio de Servicios Penitenciarios -encargado de la administración de los grandes centros carcelarios de Venezuela- ha prohibido la entrada de nuevos reclusos a sus recintos. Por ende ha contribuido al colapso de estas comisarías. Lo segundo es la situación de crisis y de asentada corrupción del sistema judicial del país. Muchos detenidos no son trasladados a un tribunal. Ni siquiera reciben atención jurídica. O peor aún, son impedidos de recibirla por parte de las autoridades.

Cabe destacar que, precisamente en esos centros, es donde se albergaron a los detenidos en las protestas antigubernamentales de mediados del año pasado. Muchos de ellos aún permanecen recluidos. Mezclados con detenidos por robo u homicidio. Pasando todos las mismas necesidades.

El motín es contra los derechos humanos en Venezuela

El artículo 46 de la Constitución venezolana establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Prohíbe la tortura y los tratos crueles e inhumanos. Y estipula, en su numeral N° 2, que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Asimismo, el artículo 55 establece que: “Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos en Venezuela”.

Sin embargo, aún están sin resolver casos como el de Franyerson Martínez González, detenido en un centro de detención preventiva el año pasado. Según información policial, un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana manipulaba su arma de reglamento y le hizo un disparo al prisionero. El caso permanece bajo investigación y se hizo eco internacional.

Ahora, de vuelta a la mirada macro sobre los derechos humanos en Venezuela, la crisis económica y la lucha por la supervivencia, lo sucedido tras el motín en Policarabobo podría avivar aún más a los descontentos ciudadanos. El hecho de que las prisiones venezolanas estén superpobladas y llenas de armas y drogas no dejará la memoria pública fácilmente después de las 68 muertes.

Muchas cárceles venezolanas son ilegales. Y lo han sido durante décadas. Los prisioneros a menudo abiertamente empuñan ametralladoras y granadas. Usan drogas y dejan a los guardias sin poder. Todo ampliamente documentado por organizaciones de derechos humanos en Venezuela y en el mundo. Incluso, hay personas que están dentro de esas mazmorras y las autoridades no saben que existen porque no se atreven a entrar.