Por Cambio16
15/01/2017
La policía brasileña logró retomar este domingo el control de dos prisiones de la localidad de Natal, en el estado nororiental de Rio Grande do Norte de Brasil, donde las autoridades esperan que el número de muertos tras motines simultáneos en ambos recintos alcancen una cifra de al menos 30 muertos o más.
Los miembros de bandas rivales de narcotraficantes aparentemente comenzaron el choque en la prisión Alcaçuz la noche del sábado, dijo la Secretaría de Seguridad del Estado en un comunicado. La policía rodeó las instalaciones durante la noche, pero esperaron hasta la mañana del domingo para entrar en razón y permitir el ingreso de las autoridades.
La prensa brasileña informó que las autoridades esperan que la cifra se eleve significativamente. Al igual que en anteriores disturbios de este mes, algunos de los internos fueron decapitados, informaron medios brasileños como Folha de Sao Paulo, citando a funcionarios estatales.
El sistema penitenciario del Brasil ha estado sumido en el caos desde el comienzo del año, con más de 116 reclusos muriendo en la guerra de bandas. Detrás del derramamiento de sangre hay una disputa creciente entre algunas de las más poderosas bandas de narcotraficantes de Brasil, que puso fin a dos décadas de una «relación de trabajo» hace unos seis meses.
Los levantamientos de las cárceles más letales de Brasil en las últimas décadas han puesto de manifiesto las crecientes guerras territoriales entre las pandillas de Sao Paulo Primeiro Comando da Capital, PCC, y el Comando Vermelho de Río de Janeiro, con el riesgo de hundir un sistema penitenciario signado desde hace años por la violencia caótica.
De los motines del sábado, aún no está claro qué facción de drogas estaba detrás de los asesinatos en la prisión Alcaçuz, que cuenta con unos 1.150 presos dentro de un espacio con capacidad para 620 detenidos.
Más temprano el domingo, el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes se comprometió a ampliar el apoyo financiero y la seguridad de Rio Grande do Norte para evitar nuevos levantamientos de prisión. Moraes autorizó al Estado a utilizar unos 13 millones de reales ($ 4 millones) para actualizar y adquirir equipos para las prisiones.
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